No se han cumplido las recomendaciones de la CNDH en el caso Ayotzinapa, señala Tlachinollan

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

A diez meses del desalojo violento de los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, y a siete de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió 30 recomendaciones al secretario de Seguridad Pública Federal Genaro García Luna y al gobernador Ángel Aguirre Rivero, así como al presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, lo sustancial de ellas no se ha cumplido, dijo el director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
El 28 de marzo, la CNDH emitió la recomendación 1 VG/2012 en virtud de las “graves violaciones” a los derechos humanos cometidas el 12 de diciembre del 2011 en esta capital, contra estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero.
En ella, la CNDH resolvió que 168 servidores públicos del gobierno del estado de Guerrero intervinieron en la represión en contra de los estudiantes de esa Normal.
El director del Tlachinollan, organismo que ha brindado asesoría a los estudiantes y ha dado seguimiento al caso del desalojo violento del 12 de diciembre en la Autopista del Sol, en la salida sur de la ciudad, en donde las fuerzas federales y estatales acribillaron a dos estudiantes, Alexis Ayala Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, dijo que en el caso hace falta lo mas importante, esclarecimiento y resultado de las investigaciones, que se haga justicia y el castigo a los responsables.
“Las recomendaciones más importantes que realizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la impartición de justicia en el caso Ayotzinapa, no se han cumplido”, dijo Barrera Hernández.
Dijo que de las 30 encomiendas que realizó la CNDH a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, al gobierno de Guerrero y al Congreso local sobre el caso Ayotzinapa, donde fueron asesinados dos normalistas el 12 de diciembre de 2011, sigue pendiente lo mas importante, que se haga justicia a las víctimas y a sus familiares.
“En el núcleo central del caso Ayotzinapa no hay investigaciones serias, no hay castigo a los responsables, no hay sentencias, están muy endebles las investigaciones. Ha quedado claro que los únicos que están siendo procesados (dos ministeriales Rey David Cortés e Ismael Matadamas) pueden salir de la cárcel y tampoco hay investigaciones sobre el tema de la tortura”, dijo el director de Tlachinollan.
Agregó que está pendiente que se haga justicia en el caso de los estudiantes asesinados Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, puesto que, según los resultados, no hay sentencias firmes contra los policías ministeriales que son los responsables señalados de los delitos.
“No hay nada. Por el contrario hay riesgo, por lo que vemos, de que estas personas procesadas (los ministeriales) puedan salir de la cárcel”, dijo.
Agregó que en el tema de la investigación y el castigo a los responsables, “las autoridades que han procurado justicia no han hecho su trabajo bien en un caso tan grave como el de los dos estudiantes asesinados el 12 de diciembre”, delató.
Barrera Hernández añadió que las recomendaciones que emitió la CNDH se clasifican en varios bloques y por ello es difícil delimitar cuántas se han cumplido, porque dentro de los puntos hay indicaciones al estado y a la federación que abarcan muchos temas.
Sin embargo admitió que lo más claro del cumplimiento de la recomendación es que a las familias de los estudiantes ya se les indemnizó, “de lo demás no hay nada concreto”.
Y luego, ante la posibilidad de que el gobierno federal realice un acto de reconocimiento público y pida disculpas a los familiares de las víctimas, Barrera Hernández dijo que esto “no tiene ningún sentido, si antes no hay justicia e investigación”.
Insistió que el tema central es la “justicia, investigaciones, castigo a los responsables y sobre todo garantías de no repetición de estos actos, además de protección a las víctimas, y un reconocimiento público sí, pero después de haber cumplido con todo lo anterior”, manifestó el director de Tlachinollan.
De las 30 recomendaciones de la CNDH, 13 de ellas fueron para el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna y el gobernador; sólo cuatro para el secretario de Seguridad Pública estatal, 11 para el gobernador Ángel Aguirre Rivero y dos para el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local.