No quedaría en manos de los dueños de la tierra la Reserva de la Biosfera, establece el proyecto

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El área donde el gobierno pretende establecer la Reserva de la Biosfera en la región de La Montaña, no quedaría en manos de los comuneros o ejidatarios que actualmente son los dueños de la tierra, como lo declaró el 8 de octubre el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semaren) del gobierno del estado, Carlos Toledo Manzur.
De acuerdo con el proyecto denominado Estudio Previo Justificativo para el Establecimiento del Área Natural Protegida, el área y su operación quedarán a cargo del gobierno federal a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
En el proyecto se menciona, también, que para su operación, se nombrará a un director, “quien será responsable de coordinar e integrar todas las actividades, recursos humanos y financieros, para alcanzar los objetivos de conservación y estará apoyado por una plantilla técnica básica”.
En el documento se hace referencia, además, que en la zona existe un potencial minero con posibilidades de ser explotado, aunque no se precisan detalles al respecto.
En una entrevista con El Sur el 8 de febrero pasado, Toledo Manzur rechazó que las 157 mil hectáreas que comprende el proyecto y que se encuentran asentadas en cinco municipios de La Montaña y uno de la Costa Chica, donde hay 250 localidades, vayan a ser expropiadas, pero que, además, el tipo de proyecto que se pretende permitirá que la reserva esté en manos de las comunidades “y, entre otras acciones, van a tomar la decisión de aprobar el plan de manejo de la reserva, y en ese plan se va a establecer con precisión qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer dentro del territorio de la reserva”, dijo en esa ocasión el funcionario.
Pero en el proyecto se establece que para cumplir con los objetivos de la conservación, operación y manejo del Área Natural Protegida en La Montaña de Guerrero, “es necesario contar con una estructura organizacional, personal e infraestructura, además de contar con estrategias de financiamiento”.
El estudio fue elaborado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la dirección de la Región Centro y Eje Neovolcánico. Asimismo, fue dictaminado y complementado por la dirección de Representatividad de Nuevas Áreas Naturales  Protegidas.
El proyecto precisa que la estructura administrativa del Área Natural Protegida y su operación se establecerán conforme a lo establecido por la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento en materia de Área Natural Protegida, es decir: “el área quedará a cargo del gobierno federal a través de la Semarnat por conducto de la CONANP en la dirección Regional Centro y Eje Neovolcánico”.
Menciona además que “con fundamento en el artículo 8 del reglamento de la LGEEPA (Ley General de Equilibrio Eclógico y Protección al Ambiente) en materia de ANP (Áreas Nacionales Protegidas), se nombrará un director para el área, quien será responsable de coordinar e integrar todas las actividades, recursos humanos y financieros, para alcanzar los objetivos de conservación en las dos áreas, y estará apoyado por una plantilla técnica básica”.
El proyecto dice que la estrategia final de administración del área se formulará cuando se realice el Programa de Manejo del área nacional protegida, una vez decretada como tal. Y agrega: “la administración permitirá que los objetivos de creación del Área Natural Protegida se logren”.
Y aunque se establece que en la realización del Programa de Manejo participarán los actores, usuarios y habitantes del área así como el equipo técnico, se detalla que una vez realizada la declaratoria de Área Nacional Protegida de acuerdo con los artículos 17 y 18 del reglamento de la LGEEPA en materia de áreas Naturales Protegidas, “podrá constituirse un consejo asesor”.
Además se precisa que dentro del marco jurídico propio de las áreas naturales protegidas, se considera la participación y coordinación de los diferentes niveles de gobierno, de los sectores productivos con actividad en la región, las instituciones académicas y las organizaciones no gubernamentales.
Aún más, en cuanto a la operación, se subraya que esta “quedará a cargo de una dirección del área, responsable de coordinar e integrar todas las actividades y recursos humanos y financieros para alcanzar los objetivos de conservación del sitio, la cual estará apoyada por una plantilla técnica básica, en la que participará un director, un subdirector, un jefe de proyecto y un técnico operativo”.
También de destaca que será la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) la encargada de formular y conducir las políticas de inspección, vigilancia y verificación del cumplimiento de las disposiciones jurídicas y programas ambientales en las áreas naturales protegidas terrestres y marinas, vida silvestre, recursos genéticos, bioseguridad de los organismos genéticamente modificados, mamíferos y tortugas marinas, zona federal marítimo terrestre e impacto ambiental”.
Además, se mencionan las sanciones a que se harán acreedores quienes violen las disposiciones legales que sustentarán dicha reserva. Ya que una vez que La Montaña de Guerrero sea declarada como Reserva de la Biosfera, el esquema de las sanciones por ilícitos ambientales y faltas administrativas será el establecido y descrito en la LGEEPA, la Ley General de Vida Silvestre, el Reglamento de la LGEEPA en materia de áreas naturales protegidas, el Código Penal de la Federación y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
El proyecto indica que se establecerán mecanismos que permitan la participación de todos los sectores sociales de la región en el análisis de la problemática del área, la propuesta y diseño de acciones y la implementación de las mismas, pero que éstas serán coordinadas por la dirección del Áreas Nacionales Protegidas, “quienes fomentarán las acciones de investigación que lleven a cabo instituciones académicas y organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como extranjeras”.
En cuanto al financiamiento se expresa que se diseñarán mecanismos “para obtener fuentes potenciales de financiamiento para los gastos de operación del área natural protegida, tal como en el diseño de estrategias e instrumentos para asegurar la sustentabilidad económica del ANP y la identificación y gestión de fuentes alternativas de recursos económicos para estos fines.
Y como posibles fuentes de financiamiento destacan recursos fiscales aportados por el gobierno federal a través de la Conanp subsidios gubernamentales de los programas de Alianza y Procampo y de la Sagarpa; aportaciones de organismos financieros internacionales, donaciones privadas y de fundaciones nacionales e internacionales a través de asociaciones civiles.
También se menciona la creación de fideicomisos locales y regionales para apoyo a las Áreas Naturales Protegidas; aportaciones en especie por parte de fundaciones, instituciones académicas, y/o personas físicas; cobro de derechos por el uso y disfrute del Área Natural Protegida; generación de recursos económicos a través del desarrollo de mecanismos de pago por servicios ambientales proporcionados por el área y la recaudación y administración de fondos adicionales a los recursos fiscales con que contará el área protegida. Independientemente de que se buscará el “involucramiento” del gobierno del estado gobiernos municipales.

El territorio, zona minera

El proyecto menciona que la creación de la Reserva de la Biosfera “es una oportunidad para impulsar y generar proyectos a cargo de “empresas comunitarias”, que sean compatibles con la conservación de los recursos naturales como el ecoturismo, Unidades de Manejo Ambiental (UMA), la elaboración de productos y subproductos regionales que favorezcan elevar la calidad de vida de la población”.
El proyecto abunda que “las ANP proporcionan oportunidades de negocio para las comunidades que ahí se asientan, por su gran riqueza escénica y espacios de esparcimiento potenciales para su aprovechamiento sustentable”.
Pero a pesar de que en declaraciones periodísticas, los interesados en el proyecto, aseguran que nada tiene que ver el proyecto con las minas que se encuentran en el área, en el proyecto se hace alusión al potencial minero y con posibilidades a explotar.
El documento reconoce que el área propuesta como Reserva de la Biosfera es asiento de dos culturas originarias, la me’phaa y la ñuu savi, y agrega: “el estado de Guerrero, desde tiempos de la conquista ha sido importante en su producción de minerales metálicos; se han explotado importantes yacimientos los cuales han contribuido a mantener una posición en la producción nacional lo que representa un valor que contribuye a la economía de la entidad”.
Añade que en la última década se ha incrementado sustancialmente la exploración en el estado dando como resultado el descubrimiento de nuevos cuerpos mineralizados, “es evidente que el potencial geológico-minero sigue y es amplio, considerando que el territorio guerrerense no ha sido suficientemente explorado y cuenta con grandes posibilidades para la localización de nuevos yacimientos de interés económico”.
Y precisa que la propuesta de ANP “se ubica en la región minera número 12 de La Montaña, en la que se encuentran las zonas mineras de Olinalá, Zapotitlán e lliatenco”. Agrega que de acuerdo con la información proporcionada por la Dirección General de Minas, actualmente se encuentran vigentes 8 concesiones mineras ubicadas dentro del polígono de la ANP”.