Descarta la procuradora que al testigo protegido lo hayan matado por acusar a policías federales

Rosendo Betancourt Radilla

Chilpancingo

Para la procuradora Marta Elva Garzón Bernal, el móvil del asesinato del testigo protegido Jaime Galván Rodríguez, El Diablo, es su entorno familiar, ya que su concubina lo mandó a asesinar porque la golpeaba.
La procuradora desestimó, tajante, que el asesinato tenga que ver con la declaración ministerial de Galván Rodríguez, de que quienes asesinaron a los dos estudiantes de Ayotzinapa, Gabriel Echeverría de Jesús y Alexis Herrera Pino, el 12 de diciembre de 2011 fueron policías federales y no ministeriales del estado, como lo determinó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
La procuradora dijo que la concubina de Galván Rodríguez, Margarita Arcos Nava, declaró que mantenía una mala relación con el testigo protegido, pues la celaba y la golpeaba de manera constante, lo que la puso “en una situación de desesperación” y por eso pagó 30 mil pesos como adelanto de un total de 100 mil pesos que pagaría, para que lo asesinaran.
Dijo que los tres detenidos acusados del homicidio, entre ellos la señora Arcos Nava, están bajo arraigo.
Se le preguntó si el crimen tiene que ver con que el asesinado era testigo protegido por la Procuraduría del estado, porque declaró que fueron policías federales quienes asesinaron a los estudiantes de Ayotzinapa.
Contestó que “eso está totalmente descartado, hasta el momento no ha habido ninguna situación de eso, sólo la relación con su concubina”.
Se le planteó que la historia resulta inverosímil, por la situación económica de la señora y porque era el único que contradijo a la Procuraduría del estado y a la Policía Federal respecto de los responsables de los asesinatos de los estudiantes.
Se le recordó también que en los últimos meses se supo que la PGJE ya le había quitado la protección, y dijo que “no, no, no, no, nunca se le retiró la protección, y que quede bien claro, nunca se le retiró la protección”.
De eso dijo que hay testigos y uno de ellos sería la misma Margarita Arcos, “ella ha declarado y es a quien le consta que en ningún momento se le retiró la protección. Declaró que la última vez que estuvieron los compañeros (sus escoltas) le dijeron que si se le ofrecía algo y él les dijo que se retiraran, siempre les decía que se retiraran, pero ellos se quedaban al pendiente”.
Ante la pregunta, recordó que Jaime Galván señalaba a elementos de la Policía Federal de que fueron quienes asesinaron a los estudiantes de Ayotzinapa y sin pregunta de por medio expresó: “pero en ningún momento en esta investigación, hemos encontrado alguna línea que diga que tenemos que irnos por ese lado”.
“Porque ya hay un reconocimiento de causa, del por qué lo mandó a matar, a quiénes les dio los 30 mil pesos para que lo mataran, de 100 mil que le iban a cobrar. No hay para irse por otra línea de investigación, porque hay reconocimiento de los autores materiales, así es que no hagamos otras conjeturas”, agregó.
En cuanto a quién se podría ver beneficiado por el asesinato, concretamente por el caso de los estudiantes ultimados a balazos, expresó que “a nadie le beneficia ni le perjudica, porque sus declaraciones ya están en el expediente”.
En ese sentido, dijo que declaró en la Procuraduría General de la República (PGR), en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) y ante la PGJE.
Informó que se están realizando los trabajos de antropología y genética forense para determinar qué cuerpo es el de Galván Rodríguez, “nos han dicho ‘tal persona es El Diablo’, luego nos dijeron que lo aventaron del puente y encontramos restos, por eso estamos tratando de llevar a cabo un estudio de criminalística, tomando en cuenta el tiempo, circunstancia y lugar”.
Los restos con que cuentan no serán fácilmente identificados, por lo que la dependencia está en busca de un hijo del asesinado “y estamos revisando su casa, si encontramos cabello de él nos va a servir, un cepillo de dientes y dicen que hay una camiseta con sangre porque la esposa le pegó, ya tenían desavenencias muy fuertes”.

Reinstalados siete elementos cesados por el caso Ayotzinapa

A la procuradora se le preguntó si ya habían sido reinstalados los siete funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado que fueron cesados de sus cargos por su presunta responsabilidad administrativa en el desalojo de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa.
Confirmó que los siete fueron reinstalados debido a una orden del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo (TCA), pero no dio más información, acerca de que uno de los reinstalados es el coordinador regional de la zona centro del estado, David de Jesús Urquiza Molina.
Este funcionario fue señalado por los estudiantes de la normal de Ayotzinapa como el autor de las torturas en contra de los detenidos para que declararan que ellos dispararon contra las fuerzas federales y estatales que desalojaron a balazos a los jóvenes que protestaban en la Autopista del Sol por mejoras educativas.
De acuerdo con el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el ex fiscal especializado para la investigación de delitos graves, Esteban Maldonado, y David Urquiza Molina, torturaron al estudiante Gerardo Torres Pérez y le sembraron un arma AK-47, por lo que ambos fueron cesados de sus cargos.
Por esos hechos, también fue cesado el fiscal antisecuestros Pablo Jasso.
Ayer se le preguntó a la procuradora quiénes habían sido reinstalados y dijo que no sabía los nombres, pero que eran siete funcionarios, y sólo confirmó, ante la pregunta, la reinstalación de Urquiza Molina.
En comunicación social de la PGJE informaron que el personal se reintegró a la dependencia desde hace tres semanas y que son cuatro policías ministeriales, dos ministerios públicos y un fiscal, pero igual evitaron dar los nombres.
El informe de la CNDH detalla que el día del desalojo perpetrado por policías del estado, federales y ministeriales del estado acudieron 61 efectivos de la Policía Federal, 73 de la Policía Ministerial, 19 de la Policía Estatal y 12 policías preventivos municipales, de los cuales al menos 67 portaban armas de alto poder.