Ha reunido 253 testimonios sobre las víctimas de la guerra sucia

Hugo Pacheco León

Chilpancingo

Los responsables directos de los abusos y crímenes cometidos contra civiles participantes o no en la lucha armada en el periodo de 1969-1979, así como contra sus familiares, conocidos o desconocidos civiles, pertenecieron al Ejército Mexicano, la Policía Judicial Federal, la del estado, las policías municipales, la Brigada Blanca y los gobiernos estatal y federal de aquella época.
Lo anterior es el resultado de los primeros seis meses de trabajo de  la Comisión de la Verdad  para la Investigación de las Viola-ciones a los Derechos Humanos durante la Guerra sucia de los Años 60 y 70, que dieron a conocer ayer en la sala José Francisco Ruiz Massieu del Congreso local.
Al acto asistieron dos diputados, y uno de ellos, el presidente de la Comisión de Gobierno y coordinador del PRD, Bernardo Ortega Jiménez, abandonó la sala antes de que terminara. Solo se quedó el diputado del PT y presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Jorge Salazar Marchán.
Así que ante luchadores sociales de los años 60 y 70, familiares de desaparecidos y sobrevivientes del poblado de El Quemado y de Atoyac, estudiantes y medios de comunicación, los comisionados encabezados por el ex rector de la UAG, José Enrique González Ruiz, dieron el informe que entregaron por escrito.
Al final del acto, todos rindieron un minuto de aplausos en honor del impulsor del proyecto y recién fallecido Octaviano Santiago Dionicio, él mismo víctima de la guerra sucia de aquellos años.
En el informe se indica que por los datos recabados han encontrado los primeros escollos de aquellos que no quieren que se sepa la verdad, aunque no dieron nombres.
Destacaron el valor, la confianza y en algunos casos la persistencia de muchos miembros de la sociedad civil, que mantienen viva la memoria de las víctimas y que seguirán reclamando que se conozca su paradero, se haga justicia y se repare el daño.
En su informe precisaron que mantienen en absoluta secrecía los datos recabados de los declarantes y sus familiares.
Enumeraron que los primeros meses fueron para la estructuración de la Comisión; luego trabajaron en el Archivo General de la Nación, la Biblioteca-Hemeroteca Histórica de las Fuerzas Armadas, la Biblioteca-Hemeroteca Nacio-nal y la Biblioteca de la UNAM en Ciudad Universitaria; también dijeron que cuentan con parte de los documentos que fueron trabajados por la FEMOSP y que se encuentran en la Nacional Securi-ty Archive de la Universidad de Washington.
Cuentan con 134 casos que trabajó la FEMOSP, que junto con los 119 testimonios obtenidos por la misma Comisión en el estado a septiembre tienen 253.
También comenzaron la elaboración de la cronología general de los movimientos sociales y políticos del estado, con el fin de tener un primer acercamiento que les permita contextualizar los fenómenos sociales que se produjeron.
Lo anterior les permitirá elaborar la parte histórica y crítica de los participantes durante los años 1967 a 1979, dijeron.
Igual trabajan en la elaboración de una lista que identifique todos los probables casos de personas que fueron violentadas en sus derechos humanos en la etapa encomendada.
Y en el informe financiero que entregaron por escrito, dan a conocer que hasta el 11 de octubre han ejercido en nómina un millón 844 mil 366.93 pesos, en gastos generales 826 mil 540.33 pesos, en activo fijo 627 mil 318.56 pesos y en saldos en banco tienen un millón 310 mil 888.88 pesos, lo que suma un total de 4 millones 988 mil 88 pesos.
En su intervención, el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Huma-nos (Codehum), Juan Alarcón Hernández, recordó que la Co-misión de la Verdad ha sufrido dos atentados en sus oficinas de Acapulco y Chilpancingo, felicitó a sus integrantes y les ofreció su respaldo facilitando todo lo que requieran para su tarea.