Figueroa Figueroa y sus amenazas a Buendía, en el libro póstumo de Granados Chapa

Aurelio Peláez

Una de las ¡276! líneas de investigación que siguieron la Procuraduría de Justicia del DF, primero, y luego la Fiscalía especial creada para el asesinato del periodista Manuel Buendía, ocurrido la noche del 30 de mayo de 1984, fueron las amenazas que dirigió en su contra el ex gobernador de Guerrero Rubén Figueroa Figueroa.
Y es que el prestigiado autor de la columna Red Privada, que se publicaba en Excélsior y en varios periódicos del país, abordó allí las revelaciones sobre la contaminación de las playas de Acapulco, y después, la irregular entrega de placas a los taxistas en el estado. El periodista trataría después el asunto del desalojo –“reubicación”, intentaría aclarar Figueroa– de miles de colonos que habitaban en la parte alta del anfiteatro hacia un nuevo asentamiento bautizado como Ciudad Renacimiento, en 1980.
El tema es parte de uno de los capítulos del libro Buendía, el primer asesinato de la narcopolítica en México, libro póstumo del periodista Miguel Ángel Granados Chapa, fallecido hace un año, el 16 de octubre, y que fue presentado este martes en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica, por los periodistas Carmen Aristegui, José Reveles y el subdirector editorial de El  Sur, Tomás Tenorio Galindo.
En la presentación, Ariel Rosales, ejecutivo de la editorial Random House Mondadori, Tomás Granados, también editor e hijo de Granados Chapa, así como Aristégui y Reveles, destacaron la labor de Tomás Tenorio, quien a lo largo de varios meses coadyuvó con el periodista en la preparación de este libro, que quedó inconcluso con la muerte del autor de las columnas Plaza Pública, del periódico Reforma y decenas más del país incluido nuestro diario, e Interés Público, de la revista Proceso.
No obstante que el mismo Granados Chapa, ya muy enfermo advirtió a su familia que el libro no estaba terminado y por lo tanto no era publicable, pues faltaban los capítulos finales, tras su muerte la familia decidió hacerlo. Para ello, relató Tomás Granados en la conferencia, contaron con el apoyo “y un trabajo discretísimo, ubicando fuentes bibliográficas”, de Tomás Tenorio, quien además, investiga y redacta el capítulo que cierra el libro, y agrega algunos apéndices para dar contexto a la historia.

Un cacique digno de temor

Con el subtítulo, Un cacique digno de temor, Granados Chapa aborda el caso Figueroa, uno de los tantos sospechosos del crimen, como lo fueron la organización derechista Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, el ex director de Pemex, Jorge Díaz Serrano, la CIA, y hasta un veterano fotógrafo, todas las hipótesis sobre las que trabajó el Ministerio Público para evadir investigar al entonces titular de la temible Dirección Federal de Seguridad, José Antonio Zorrilla Pérez, quien a la postre, tras cinco años de protección e impunidad, sería procesado y sentenciado a 30 años de cárcel como autor intelectual del crimen.
En el asunto de Figueroa, Granados Chapa relata que a mediados de julio de 1979 Buendía denunció la contaminación de las playas de Acapulco, tras asistir a un encuentro de comunicadores en el puerto. Así, dio seguimiento también a la protesta de taxistas que denunciaron corrupción en la entrega de placas. La respuesta del gobierno del estado fue descalificarlo a través de sus voceros, con textos encargados a un fiel servidor del régimen, quien había sido jefe de prensa de los presidentes Díaz Ordaz y José López Portillo, Francisco Galindo Ochoa, famoso por ser el intermediario para controlar a la prensa a través de la corrupción y apodado por ello por Buendía como FAGO (Favores Garantizados a la Orden). En diversas respuestas a través de planas compradas en la prensa, se acusó a Buendía de seminarista, se le recordó su pasado en el PAN, se le dijo entre otras “antiguo reportero policiaco convertido por quién sabe qué raras artes en columnista de primera plana”, y de servir a algunos intereses para atacar a Acapulco.
Después, en una reunión con periodistas en Los Pinos, Figueroa Figueroa dijo a voz abierta que en cuanto dejara el gobierno del estado “ejercitará venganza” y quitaría la vida a una persona, que los asistentes entendieron era una amenaza a Buendía. El columnista respondió: “Hecho público el amago, cualquier cosa que ocurra al señalado debe ser atribuida a quien hizo la declaración original”. Días más tarde, hubo una comida de solidaridad a Buendía, promovida entre otros por el prestigiado maestro de periodismo Francisco Martínez de la Vega, Carlos Monsiváis y Granados Chapa.
Antes, en respuesta a los ataques en desplegados en su contra, Buendía se había referido así al llamado Tigre de Huitzuco, prototipo de los políticos autoritarios del régimen ídem del PRI : “A Figueroa se le ha comparado con ediciones recortadas de (los dictadores) Bokassa o Idi Amín o Somoza; también con un Papa Doc con todo y sus tontons-macoutes. Pero extravagancia aparte –que pudieran resultar ofensivas para los modelos originales– lo cierto es que Rubén Figueroa va camino a ser juzgado como uno de los caciques más sangrientos del país. Su mera cercanía física resulta contaminante para quienes desde el gobierno deseen transitar sin mancha de hemoglobina humana y vaho de cavernas el presente sexenio”.

La protección del Estado a Zorrilla

El auditorio de la librería Rosario Castellanos estuvo repleto la noche del martes. Y es que, de alguna manera, era una ceremonia a la vez de homenaje a los dos columnistas del país más reputados de las últimas cuatro o cinco décadas. Con el libro Granados Chapa “cumplió con el maestro y amigo” Manuel Buendía, dijo Tomás Tenorio, pero a la vez, fue un homenaje de los asistentes al maestro y amigo Granados Chapa.
José Reveles, el veterano periodista especializado en temas del narcotráfico y la narcopolítica, refirió que muchos de los personajes implicados o cercanos a la trama de ese crimen siguen vigentes, entre ellos el entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, hoy senador por el PT y cercano al movimiento de Andrés Manuel López Obrador, y el coordinador de los diputados del  PRI, Manlio Fabio Beltrones, quien fue colaborador cercano de Zorrilla Pérez en la policía política del régimen, la DFS. Fue, dijo, el inicio de la simbiosis entre el crimen organizado y la política, que tenía a Zorrilla Pérez como uno de sus primeros adelantados y por eso fue protegido durante cinco años tras el crimen. El libro, sostuvo, “tiene una factura impecable”.
Carmen Aristegui, la más aplaudida durante la conferencia, aunque a leguas se evidenció que no leyó el libro, o apenas lo consultó, se explayó en ponderar la figura de Granados Chapa, “el columnista más respetado de la prensa mexicana”. Dijo que el texto revela el principio de la penetración del crimen organizado en la política, o al revés, y que da pistas y huellas de lo que ahora sucede. “¿Qué nos quiso decir Miguel Ángel al publicar el libro… nos quiere recordar la historia de lo que hoy vivimos?”, y contó que desde entonces, muchos comunicadores han sido asesinados por motivos parecidos.
No obstante, un agregado al libro lo dio el propio Tomás Tenorio: “Tuve la oportunidad de acompañar al maestro… en la documentación de algunos pasajes de este libro. Para ello me hundí en la Hemeroteca Nacional y emprendí un peregrinaje en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal para conseguir una parte del expediente del caso Buendía, lo que se resolvió favorablemente a mediados de 2011 después de una resolución del instituto capitalino de acceso a la información.
“A principio del 2010, la obtención del expediente le había resultado imposible a Granados Chapa. Sin ningún resultado se lo había solicitado a individuos prominentes que estaban en condiciones de facilitarle una copia, incluido el actual jefe de Gobierno de la ciudad de México. Esas negativas se produjeron después de que Zorrilla fuera liberado en condiciones ilegales en febrero de 2009, hecho que desató una serie de críticas generalizadas al gobierno de Marcelo Ebrard. Granados Chapa fue particularmente incisivo y transparentó en la Plaza Pública la arbitrariedad de esa decisión del gobierno capitalino, lo que parece haber dado lugar a esa reacción del jefe de Gobierno.
“Por las negativas a Granados Chapa y el ambiente que percibí más tarde, pudimos confirmar que en torno al caso Buendía y el proceso al que fue sometido José Antonio Zorrilla todavía se mantenía vigente una especie de silencio cómplice, una actitud de encubrimiento apenas oculta detrás de las reservas de ley en materia de expedientes judiciales.
“Por ese secretismo, que privatiza información de interés público, veintiocho años después –apenas el pasado domingo– supimos que a media tarde de aquel 30 de mayo de 1984 en que cayó abatido a balazos, Buendía había buscado con urgencia una reunión con el presidente Miguel de la Madrid. Me refiero al artículo Ultimas llamadas de Manuel Buendía, publicado en el suplemento Enfoque del diario Reforma con la firma de Salvador del Río. (14 de octubre de 2012).
“No nos queda sino conjeturar que Buendía deseaba poner al presidente al tanto de sus hallazgos sobre funcionarios del gobierno vinculados al narcotráfico y que probablemente tenía el propósito de exhibir a Zorrilla. Más vale tarde que nunca, dice el dicho, pero es una verdadera lástima que este valioso dato haya permanecido atesorado y que Granados Chapa no haya tenido acceso a él para incorporarlo a su libro, pues cobra relevancia e introduce un elemento nuevo en la historia de aquel mayo viscoso”.
Y es que, previamente Buendía había escrito dos columnas aludiendo a la implicación de funcionarios con el narcotráfico, había revelado a algunos amigos que investigaba el tema, visitó al secretario de la Defensa, el general Juan Arévalo Gardoqui, y finalmente, tuvo un altercado vía telefónica con José Antonio Zorrilla, “probablemente el día 14 y del que su esposa, la señora Dolores Ávalos, informó en su momento al Ministerio Público. Tras este altercado, Buendía confió a su esposa que Zorrilla tenía nexos con el narcotráfico y que ese había sido el origen de la confrontación entre ambos”.
Y en el fondo, el libro deja abierta la sospecha de porqué la Fiscalía que investigó el caso detuvo su investigación en Zorrilla Pérez y sus subordinados, y no siguió más adelante, con sus jefes. “Yo no me mando sólo”, decía el ex jefe policiaco. Y arriba de él estaban Manuel Bartlett y el ex presidente Miguel de la Madrid –ya fallecido–, que protegieron o encubrieron hasta el final a Zorrilla y sobre los que permanente se sospecha de que fueron los reales autores intelectuales del crimen.
“Dadas las incoherencias del gobierno de De la Madrid respecto al homicidio de Buendía, y la benevolencia con que fue juzgado durante el mandato de Salinas de Gortari, es evidente que el Estado mantuvo invariable su proyección a Zorrilla e hizo suyo el crimen”, concluye Tomás Tenorio.