Moisés Alcaraz Jiménez *

Otra vez contra el Estado laico

La pretendida reforma al artículo 24 constitucional que establece la libertad religiosa en México es una raya más al tigre en ese camino hacia el retroceso en materia religiosa dentro de la incesante beligerancia de la jerarquía católica contra el estado laico mexicano.
No es extraño el avance del clero católico en un país gobernado por una derecha clerical que no sólo no oculta sus preferencias religiosas, sino que utiliza también el poder político bajo su hegemonía para beneficiar a la fe que profesa, regresándole fueros y privilegios antes cancelados en detrimento de la libertad de cultos que es base fundamental para la paz social, la democracia y la estabilidad política.
En realidad este nuevo intento de la derecha confesional en México es intrascendente al lado de la verdadera contrarreforma en esta materia que encabezó Carlos Salinas de Gortari en 1992, que constituyó el inicio de un verdadero desmantelamiento del Estado laico mexicano.
La derecha católica en México no sólo está representada por el PAN, partido emblemático de esa corriente político religiosa que es una reminiscencia de las fuerzas cristeras de El Bajío de la década de los veinte del siglo pasado, también esa corriente ha tenido una fuerte presencia en el PRI, principalmente durante el sexenio salinista y el que le siguió.
La historia de México está repleta de graves crisis políticas producto de la beligerancia del clero católico contra el Estado constitucional de derecho, y en el mundo sobran los ejemplos de sociedades inestables y en permanente conflicto cuando el poder político es arrodillado por el poder espiritual.
Preservar el laicismo, que significa respeto a la libertad de culto sin privilegiar ni proscribir a ninguna religión y que es garantía de la separación del Estado con relación a las iglesias, es responsabilidad de toda sociedad moderna y de gobiernos democráticos.
Frente a la permanente ofensiva del oscurantismo contra el laicismo, es obligación de todos conservar permanentemente vigente un marco legal que regule la libertad de creencias y mantenga los asuntos religiosos apartados de los asuntos del Estado, que impida retrocesos y amenazas de resurgimientos de intolerancias que conducen a severas turbulencias sociales que ponen en riesgo la integridad de los estados.
Todo gobierno democrático debe evitar que los asuntos celestiales sean un factor de división y desintegración del tejido social.
El miércoles, iglesias de diferentes denominaciones realizaron actos de protesta en 18 ciudades de 16 estados de la República contra la reforma al artículo 24 constitucional aprobada en la Cámara de Diputados en diciembre pasado, a la que consideran violatoria de sus derechos y que otorga beneficios a la jerarquía católica.
Afirman los manifestantes que de aprobarse esa reforma seguirían después enmiendas a los artículos tercero, quinto, 27 y 130 para conceder más privilegios a la Iglesia católica. En realidad no hay certeza, al menos en el corto plazo, de tal pretensión, además de que los mayores beneficios ya los obtuvo ese credo desde hace 20 años, con los que se introdujeron más desigualdades entre catolicismo y otras denominaciones religiosas.
Al día siguiente de esa protesta, dicha enmienda fue frenada por el PRD, PT y PRI en el Senado, en un acto trascendental para la libertad de cultos, el laicismo y la democracia en México.
La labor legislativa debe encaminarse ahora a reformar el artículo 40 constitucional que reafirma al Estado laico mexicano. Esta iniciativa tiene más tiempo en espera y permanece en la congeladora legislativa sin discusión alguna.

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* El autor es director estatal de Gobernación