Juicio político contra consejeros y magistrados electorales, demandan ante el Congreso

De la corresponsalía

Chilpancingo

Cinco ex trabajadores del Instituto Electoral del Estado de Guerrero (IEEG) iniciaron un juicio político ante el Congreso local, en contra de consejeros de ese órgano y de magistrados del Tribunal Electoral del Estado (TEE), por el quebranto al patrimonio público y por su parcialidad en la toma de decisiones, respectivamente.

El jueves, el abogado de los trabajadores, Gabriel Alonso Márquez, entregó a la oficialía mayor del Congreso local un escrito en el que promueven la acción de juicio político en contra de consejeros y magistrados, la cual fue ratificada el viernes.

El juicio político es contra César Gustavo Ramos, Rosa Inés de la O García, Jesús Hernández Cabrera, Arturo Pacheco Bedolla, J. Inés Betancourt Salgado, Jorge Alberto Sánchez Ortega y Raúl Calvo Barrera, todos consejeros del IEEG, y el primero presidente y aspirante a magistrado del TEE.

Otro de los señalados es el consejero electoral electo Ramón Ramos Piedra, quien aún trabaja en el IEEG como director jurídico.

Los magistrados para quienes solicitaron juicio político son Jesús Villanueva Vega, Isaías Sánchez Nájera y Alma Delia Eugenio Alcaraz; el  primero es también consejero electoral electo, aunque su designación está impugnada.

Los demandantes son Julia García Lara, Víctor Aguilar García, Verónica Pérez Santos, Rubén Maurilio Vázquez Pineda y Juan Carlos Flores Calvo.

En el escrito entregado al Congreso local explican que decenas de trabajadores fueron presionados en 2006 para “firmar convenios individuales de terminación de la relación laboral” con el entonces Consejo Estatal Electoral, cuando era presidente del órgano Emiliano Lozano Cruz, bajo la amenaza de que de no hacerlo les inventarían delitos en su contra.

Después del despido los trabajadores acudieron a la Junta de Conciliación y Arbitraje (JCyA), la cual se declaró incompetente y declinó su capacidad al TEE.

En el documento se explican diversas irregularidades al proceso legal que se resumen en ocho amparos ganados por los demandantes ante los fallos indebidos del tribunal local.

Los trabajadores acudieron al Segundo Tribunal Colegiado en materia civil y de trabajo del 21 circuito, que ordenó al TEE analizar los convenios de separación y recibos de finiquitos, fijar de manera correcta el punto a resolver y repartir las cargas probatorias, por la confusión de su fallo.

Se explica en el escrito que el TEE ignoró en repetidas ocasiones las observaciones, lo que propició igual número de amparos de los quejosos, ante los cuales el tribunal federal falló a favor de los demandantes.

La finalidad, explicó el abogado, es retardar el pago a los trabajadores, y heredar el problema a los próximos consejeros sin importar que el adeudo se vaya incrementando de manera exorbitante.

Dijo que sólo en salarios caídos mensualmente se van abonando al adeudo 150 mil pesos que se vienen arrastrando desde 2006.

Después de que el tribunal federal desechó siete fallos del TEE y le envió recomendaciones de revisar nuevamente el caso, el 26 de septiembre de este año el órgano local dictó otra sentencia definitiva a favor de las prestaciones reclamadas por los trabajadores, pero el presidente del TEE, Jesús Villanueva, deliberadamente no pidió la ejecución de la sentencia, dijo Gabriel Alonso, por lo que los trabajadores no han sido reincorporados ni indemnizados.

Las razones que los solicitantes del juicio político mencionan son por el perjuicio del patrimonio del IEEG, ya que los consejeros tenían conocimiento de que no podrían revertir la reinstalación y el pago de los salarios caídos, y sin embargo continuaron retardando los pagos.

Con lo anterior argumentaron que los consejeros y el director jurídico del IEEG no cumplieron con la responsabilidad de cuidar el patrimonio del IEEG, por lo que deben ser destituidos e inhabilitados para desempeñarse como servidores públicos, solicitan en el escrito.

Apuntan que se cometieron “violaciones graves y sistemáticas a los planes, programas y presupuestos de la administración pública”.

Argumentan que el tribunal federal revisó y modificó las diversas resoluciones que emitieron y se consigna que “reflejan con su actuar su notoria deficiencia en el desempeño de sus funciones, así como su desmedida parcialidad a favor del IEEG”.

El juicio político solicitado se suma a los señalamientos que realizaron partidos políticos y del propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) en contra de los órganos electorales locales, a los que calificaron de parciales por otorgar cinco diputaciones plurinominales en el Congreso local al PRD, a pesar de que ese partido ganó 20 de los 28 distritos locales.

El Trife revocó la resolución del TEE y calificó a los órganos locales como retrógrados y parciales.