Desvió Zeferino recursos para construir un helipuerto en Casa Guerrero, acusa la ASF

Rosendo Betancourt Radilla

Chilpancingo

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene observaciones al área de finanzas del gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo por el mal uso de más de 28 millones de pesos, porque mandó a hacer un helipuerto en Casa Guerrero.
Asimismo, no comprobó el gasto en municiones y material táctico para las fuerzas policiales estatales.
Mediante el oficio AEGF/128/2011 que envió al gobernador Ángel Aguirre Rivero, la ASF ordenó que se aplicara la auditoría número 300, sobre el dinero que tendría que haberse usado en materia de seguridad pública pero no se hizo así.
Los recursos mencionados son del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (Fasp).
El Pliego de Observaciones R649/2012 señala que en una revisión que se realizó el 30 de noviembre del 2011 al presupuesto ejercido en el 2010, se identificaron pagos por 9 millones 300 mil 640 pesos.
Además de 6 millones de pesos en la compra de equipo y accesorios para asalto y reacción, pero el gobierno de Torreblanca Galindo no pudo acreditar con solicitudes de pago, pólizas, transferencias, facturas o contratos, los gastos mencionados.
En ese sentido, señala que el dinero tiene que ser regresado a la federación junto con los intereses generados que correspondan, desde su disposición hasta el reintegro a la cuenta del fondo.
De dicha irregularidad señala a quien fuera la subsecretaria de egresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del estado (Sefina), Ana Elena Aponte Gómez, porque “como apoderada de la cuenta bancaria y de acuerdo a sus funciones, efectuó indebidamente la liberación de recursos” del Fasp.
Esos recursos estaban en la cuenta 65502597488 del banco Santander y fueron liberados el 14 de mayo y el 1 de junio del 2010, “sin contar con la documentación justificativa y comprobatoria del gasto, por lo que dejó de cumplir con las disposiciones legales que regulan que la contabilización de las operaciones deberán respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros”.
El plazo de atención señalado es de 30 días a partir de que se ordenó la auditoría, tiempo que ya feneció, ante lo que advierte que si no se recuperó el dinero, la ASF “procederá a fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que procedan”.
El pliego de observaciones R211/2012 señala irregularidades por 12 millones 900 mil 587 pesos al Fondo de Aportaciones para las Entidades Federativas y señala directamente al que fuera titular de la Sefina, Ricardo Ernesto Cabrera Morín.
De acuerdo al documento, el funcionario liberó los recursos mencionados para comprar un terreno que se le quedó al Ayuntamiento de Zihuatanejo, en donde se construirían mil 502 viviendas, pero no se cumple con los requisitos requeridos por el fondo.
De la irregularidad también se señala al que fuera coordinador general adjunto del Comité de Planeación para el Estado de Guerrero, Alfonso Becerril Zarco, porque autorizó la salida de dichos recursos financieros.
El Pliego de Observaciones R197/2012 de la Auditoría Superior de la Federación da cuenta de un daño a la Hacienda Pública Federal por 496 mil 652.28 pesos.
Y señala a los dos funcionarios de la Sefina antes mencionados, de ser responsables de la irregularidad, pues ambos autorizaron “la afectación presupuestaria de recursos federales para financiar los trabajos de la obra pública número 15588”.
Esta obra sería la construcción de un helipuerto en la residencia oficial Casa Guerrero, pero el concepto no cumple con los fines del fondo.
El ex gobernador Zeferino Torreblanca compró un helicóptero con recursos federales de la Secretaría de Salud, que tendría que utilizarse para el traslado de mujeres indígenas embarazadas a centros de salud adecuados para evitar muertes maternas.
Sin embargo, el helicóptero fue utilizado para el traslado de Torreblanca Galindo, que se habría mandado a hacer un helipuerto en la residencia oficial del gobierno del estado, según la documentación.
Los tres documentos, de los que se tiene copia, los firma el auditor especial del gasto federalizado, David Colmenares Páramo.