Busca Peña Nieto regular la seguridad privada y prevenir colusión con el crimen

Antonio Baranda / Agencia Reforma

Ciudad de México

El gobierno que encabezará el priista Enrique Peña Nieto buscará ordenar la industria de la seguridad privada en el país a través de una nueva regulación que revierta la informalidad, mejore las condiciones laborales de sus empleados y prevenga su colusión con grupos criminales.
De acuerdo con un documento de trabajo del equipo de transición del presidente electo, se calcula la existencia de 8 mil empresas de seguridad privada, de las cuales sólo 659, que equivalen al 8.2 por ciento, están registradas ante la Secretaría de Seguridad Pública federal.
El negocio de la seguridad privada, señala, no sólo ha crecido periódicamente en los últimos años, sino que actualmente equivale a 28 mil millones de pesos al año, es decir, el uno por ciento del Producto Interno Bruto.
“El incremento de la sensación de inseguridad de los mexicanos, así como la generalizada percepción de ineficacia por parte de las instituciones encargadas del control y la prevención de los delitos, ha generado una explosiva demanda de seguridad privada.
“Es así como la industria de la seguridad presenta niveles de crecimiento alto y sostenido en la última década (El) crecimiento no ha ido de la mano de una regulación eficiente por parte del Estado”, refiere el diagnóstico.
Para el equipo de transición, la regulación es necesaria por dos razones: hoy en día no hay condiciones laborales óptimas para los empleados de las empresas, pues no perciben salarios dignos, difícilmente tienen seguridad social y “muchas veces” arriesgan sus vidas.
Y además porque, al no ser custodiadas por la ciudadanía y las autoridades, existen “grandes” posibilidades de que tanto las empresas como su personal cometan abusos, violen derechos humanos e incluso se involucren en redes de narcotráfico.
“La informalidad en esta industria es también preocupante, ya que se calcula que la mitad de su personal no se encuentra trabajando con la protección social que reconoce la ley, perciben salarios mínimos, nula protección personal o coberturas de salud”, menciona.
A la fecha, el 60 por ciento del negocio regulado lo tienen las policías bancarias y auxiliares, a las cuales, crítica el documento, las Cámaras de Diputados y Senadores no piden cuentas, por lo que frecuentemente se les denomina “cajas chicas” de los estados.

Prevención

El diagnóstico precisa que la seguridad privada -a diferencia de la pública- tiene un componente meramente preventivo y situacional, o sea, que apunta a las causas más próximas del delito, se preocupa en controlar eventos específicos y busca disminuir los riesgos sufridos.
“La idea de seguridad aparece inseparablemente ligada al concepto de prevención, dado que las empresas y personal que componen la seguridad privada ejecutan servicios preventivos a través de la utilización de una serie de medios o medidas de seguridad.
“Para evitar que se materialice un riesgo que afecta al espacio privado protegido contratante, o bien evitar que el daño que pueda causarle tras acceso a estos espacios privados protegidos sea el menor posible”, puntualiza.
Según el documento, los factores por los que ha crecido la industria causan posturas encontradas: un segmento de la población la ve como un servicio necesario surgido de la ineptitud del Estado por proporcionar seguridad pública.
Sin embargo, otros consideran que la demanda de estos servicios tienen relación directa con el desarrollo económico y el desenvolvimiento en una sociedad globalizada en la que, si bien aumentan las oportunidades, también se incrementan los riesgos.
“La seguridad privada, como cualquier otro servicio, aumentará en su demanda sin que ello sea óbice (impedimento) para que el Estado proporcione seguridad pública”, añade.