Responden demandantes que el hombre con secuelas de infarto sí cometió despojo

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

En respuesta a la denuncia de familiares de Antonio Rivera Sonora, contra quien el Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Penal de esta capital liberó una orden de aprehensión por el presunto delito de despojo en agravio de Luz Nahiely Anaya Calva, “siendo un senil vulnerable y con secuelas de un infarto cerebral trombótico”, (como lo definieron sus propios familiares), parientes de la presunta agraviada del despojo, aseguraron que sí cometió el delito y que la determinación del juez en su contra está apegada a derecho.
El 10 de octubre, en conferencia de prensa, los familiares de Rivera Sonora denunciaron diversas irregularidades en las que presuntamente incurrió el juez, Leoncio Molina Mercado durante su actuación en el caso y que derivó en el auto de formal prisión contra Rivera Sonora y la consecuente orden de aprehensión en su contra.
Al respecto, ayer, en una respuesta por escrito, familiares de la presunta despojada por Rivera Sonora defendieron la actuación del juzgador, de quien dijeron que está ajustada a derecho, puesto que existen las pruebas de que el procesado cometió el delito de despojo y que no ha podido acreditar la propiedad del predio ubicado en el encauzamiento Alejandro Cervantes Delgado, en la colonia Universal.
Aseguran que la información que ha proporcionado la familia de Rivera Sonora a los medios de comunicación “reviste de un gran cúmulo de inconsistencias, sólo desinforman y sin duda, afectan el honor y decoro del servidor público, quien seguramente, de considerarlo prudente, demandará la reparación del daño moral por el menoscabo a su imagen y cargo público”, expresan en referencia al juez Molina Mercado.
Explican que en el expediente número 446/97-II, relativo al juicio reivindicatorio, que se llevó en el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Bravo, “culminó ese litigio en sus tres instancias”, y que Antonio Rivera Sonora, Bernardo Varela Martínez y otros, “fueron condenados mediante sentencia definitiva a hacer entrega material y jurídica de los bienes inmuebles que se cuestionan”.
Manifiestan que, incluso, al llevarse a cabo la ejecución de la sentencia, uno de los demandados, Bernardo Varela Martínez, entregó voluntariamente el inmueble, “y afirmó a la actuaria en ese momento que no contaba con documento alguno que justificara su posesión, lo cual obra en expediente a cargo del juez Leoncio Molina Mercado, indebidamente acusado por estas personas”.
Agregan que Rivera compareció promoviendo el amparo indirecto, radicado bajo el número 391/2002-III, del Juzgado Primero de Distrito, exhibiendo documentos con las cuales pretendió hacer valer su derecho.
Indican que el juez federal resolvió que “con sus documentos derivados de una concesión y diligencias de apeo y deslinde, no acreditaba en absoluto la posesión alegada, ni mucho menos la propiedad, por tanto, al no haber acreditado su interés jurídico en dicho amparo indirecto, el juzgador federal resolvió sobreseyendo el amparo promovido, lo cual se confirmó por el Tribunal Colegiado en el recurso de revisión interpuesto”.
Denuncian que después de este juicio, “con amenazas y ante la tolerancia de no desalojarlos de la casa construida, mientras el resto prevalecía baldío, se volvieron a meter a dicho inmueble, ahora usufructuándolo, por lo que el juzgador, Molina Mercado, procedió en consecuencia”.
Exponen que Antonio Rivera Sonora y Bernardo Varela Martínez, quienes se presentan como víctimas, “han formado un grupo de choque que amenaza e intimida a quien pretenda entrar al predio, han puesto vigilante, e introducido carros para que no se pueda penetrar, y no se cumpla la resolución del juez”.
Incluso, denuncian que en septiembre los dueños (Luz Nahiely Anaya Calva), y sus abogados quisieron entrar a los predios, “y más de 15 personas se presentaron, entre ellas mujeres, amenazando a tales abogados, de donde resultó que uno de ellos fue amenazado que sería levantado y recibió una patada en la espalda por parte de Silvestre Rivera”.
Recuerdan que “se llamó a la policía y a riesgo de que pasara una desgracia, el entonces regidor del Ayuntamiento del partido de Nueva Alianza, José Luis García Ramírez, con total acto de influyentismo y abuso del ejercicio de poder, les indicó a los elementos de la policía preventiva que se retiraran, e igual a la policía de tránsito que se presentó a mover los vehículos que obstaculizaban la entrada”.
En el escrito manifiestan que ni Rivera Sonora ni Varela Martínez son los dueños como aseguran, prueba de ello es que no han podido registrar el terreno, “y no lo podrán hacer porque el predio se encuentra en el Registro Público de la Propiedad desde 1940, con límite oriental el río Huacapa; y Obras Públicas del gobierno del estado autorizó la lotificación en 1995, por lo cual los agresores, con sus documentos desestimados ya por juzgados federales, incluso, suponen erróneamente que eso les da la legalidad requerida”.
Hicieron responsable “de cualquier incidencia o daño tanto en la persona como en el patrimonio de la única dueña de dichos lotes, así como en sus familiares y abogados, a la familia Rivera Dionisio y Bernardo Varela Martínez”.