“Esclarecimiento cabal”, demandan ONG internacionales; piden a la CNDH firmeza ante los abusos de poder

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Más de cien organismos internacionales y nacionales de derechos humanos entregaron la tarde de ayer una carta al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, en la que le piden el “esclarecimiento cabal” del desalojo de estudiantes de la normal de Ayotzinapa el 12 de diciembre, que dejó dos estudiantes muertos a balazos y posteriormente, el deceso de un trabajador de la gasolinera Eva II.
Piden sanción para los responsables, reparación del daño y medidas de satisfacción y garantías de no repetición.
La citada carta fue entregada a las cinco de la tarde de ayer en una reunión con el presidente del organismo nacional.
Los organismos también demandan una “amplia participación de las víctimas y sus representantes en las investigaciones y masiva difusión de los resultados y seguimiento puntual a las recomendaciones”.
Entre los organismos internacionales que firman el documento está el Centro por la Justicia y los Derechos Humanos Robert F. Kennedy (Estados Unidos); la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Estados Unidos), y la Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia (Alemania).
En tanto, entre los organismos nacionales firman la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, conformada por el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan; el Centro Regional de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”; el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, y el Instituto Guerrerense de Derechos Humanos.
Pero también firman la carta Asociadas por lo Justo; la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Litiga OLE; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas, conformada por 75 organizaciones en 22 estados de la República;?Agenda LGBT (Distrito Federal) y Asistencia Legal por los Derechos Humanos, AC (Distrito Federal).
En la carta se expone: “en virtud de ser un caso de gran relevancia para el interés público y su trascendencia en materia de derechos humanos, consideramos indispensable señalar que confiamos que la facultad recientemente conferida a la institución que usted encabeza será ejercida a cabalidad”.
Argumentan que como resultado de la reforma del artículo 1 constitucional, en vigor desde el 10 de junio de 2011, “se abre la puerta para que el carácter especial de las investigaciones que realice la CNDH se sustenten en los más altos estándares de protección a la persona que se desprenden del derecho internacional de los derechos humanos”.
En función de ello piden el esclarecimiento cabal de los hechos, pues “la determinación de la verdad en una grave violación de derechos humanos se encuentra directamente vinculada con el carácter reparatorio que debe tener la investigación estatal de los hechos”.
Asimismo, piden la sanción a los responsables, “porque si bien es cierto que en el ordenamiento jurídico mexicano compete al ministerio público investigar las conductas delictivas y al Poder Judicial sancionar a quienes resultan responsables, investigando a fondo los hechos la CNDH puede contribuir a que éstos no queden en la impunidad, pues sin duda sus conclusiones impactarán las indagatorias iniciadas en el ámbito penal”.
En cuanto a la reparación del daño, los organismos expresan que la Corte Interamericana ha establecido que la reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución y determinar una serie de medidas para, además de garantizar los derechos conculcados, reparar las consecuencias que las infracciones produjeron, así como establecer el pago de una indemnización como compensación por los daños ocasionados”.
Señalan que también es necesario el establecimiento de medidas de satisfacción y garantías de no repetición  y contribuir a que “hechos como los acaecidos el 12 de diciembre de 2011 en Chilpancingo, Guerrero, no se repitan”.
Agregan que al respecto la Corte Interamericana ha reconocido que en casos de violaciones graves a derechos humanos las medidas de satisfacción tienen el objeto de reparar integralmente a las víctimas.
Igualmente solicitan que en las investigaciones haya una amplia participación de las víctimas y que el Estado asegure que los familiares tengan “pleno acceso y capacidad de actuar en todas las etapas e instancias de dichas investigaciones y procesos, de acuerdo con la ley interna y las normas de la Convención Americana”.
Finalmente solicitan la “masiva difusión de los resultados y seguimiento puntual a las recomendaciones a través de mecanismos extraordinarios de conformidad con el carácter especial de la investigación”.
Demandan que la CNDH cree un mecanismo especial para dar seguimiento a sus recomendaciones y garantizar su cumplimiento.
“De incorporarse estos estándares en la investigación que conduce el organismo público autónomo a su cargo, quedará demostrada en los hechos la pertinencia de haber conferido a la CNDH la facultad que antes detentaba la SCJN”, dice el escrito.
Y agregan que, de lo contrario, “la labor que este organismo realiza en el caso de marras no se diferenciará del trabajo que realiza ante las quejas ordinarias y la reforma mostrará ser errónea”.
Los organismos concluyen que la investigación iniciada por la CNDH “ante las graves violaciones a derechos humanos verificadas el 12 de diciembre de 2011 en Chilpancingo constituye una oportunidad inédita para que el Ombudsman Nacional incorpore en su labor los más altos estándares internacionales en la materia para mostrarse cercano a las víctimas y firme ante los abusos de poder”.