Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAIS

* Narcopolítica en Guerrero

Los límites entre la política y la delincuencia organizada se han desvanecido en algunas regiones de Guerrero. Con todo lo espectacular que parece, el caso del alcalde perredista de Teloloapan, Ignacio Valladares, exhibido ante el país mediante un video haciendo compromisos bajo amenaza con el grupo de La Familia Michoacana, es apenas un indicio de la podredumbre que invade a partidos y políticos, y por consecuencia áreas de gobierno y del Poder Legislativo. No se trata solamente de las presiones y amenazas con las que los criminales consiguen su objetivo de controlar territorios y estructuras policiales. Se trata también, y sobre todo, de la complicidad desarrollada por políticos con grupos delictivos con tal de satisfacer sus intereses.
El dirigente del PAN en el estado, Andrés Bahena, planteó ese tema hace algunos días desde la perspectiva electoral y dijo que si hoy los alcaldes reciben presiones de los delincuentes para obtener beneficios, es porque seguramente recibieron dinero de esos grupos para financiar sus campañas. Se ignora si Ignacio Valladares se encuentra en esa hipótesis, pero lo cierto es que en el video no parecía tener otra opción más que cumplir los deseos del grupo que lo amenazó.
Pero se ignora cuántos casos más se han presentado de presidentes municipales acosados por la delincuencia, y en cuántos de esos casos no conocidos han prosperado las pretensiones de los criminales. Para despejar esta duda, el testimonio del ex diputado priísta y ex alcalde de Arcelia, Ernesto González Hernández, ofrece una prueba irrefutable. Ernesto González dijo en junio pasado a la revista Proceso que en Guerrero los narcos son los que mandan, y que para realizar actividad política es preciso solicitar permiso a las bandas delictivas. “Es de todos sabido que hay que pedir permiso (al narco) para hacer política”, declaró. Como ejemplo de ese acoso recordó su propio caso y dijo que tuvo que abandonar la región de Tierra Caliente y sus negocios para proteger su vida y la de su familia. Recordó también el caso del entonces candidato y hoy diputado federal del PRD, Catalino Duarte, quien como diputado local no regresó a su distrito electoral con base en Zirándaro durante el tiempo de su gestión debido a presuntas amenazas. Pero “ahora sí está allá”, dijo Ernesto González en referencia a la campaña que realizaba el candidato perredista. Atribuyó el regreso de Duarte a su distrito a que “tuvo que entrar y llegar a los arreglos, a los convenios con la gente que esté en esos menesteres, en esas cuestiones”. (Proceso, No. 1859, 17 de junio de 2012).
Alarmado o arrepentido por el impacto de sus declaraciones, Ernesto González trató de desdecirse y mandó una carta a la revista, publicada tres números más tarde, el 8 de julio, en la que se dijo tergiversado y quiso retirar sus palabras. Pero es imposible no considerar su testimonio como una prueba viva del peligroso juego de la política y la delincuencia en el estado, como lo confirma el video de Ignacio Valladares, y como lo estuvo advirtiendo el dirigente estatal del PRI, Cuauhtémoc Salgado, quien fue el primero en abrir el tema de las presiones hacia los alcaldes para ceder posiciones municipales a representantes del narcotráfico. La postura del líder del PAN parece fundada, y más que rebatirla con otras declaraciones debiera ser tomada con seriedad y realizar una investigación sobre lo que sucedió durante el gobierno de Zeferino Torreblanca, que es cuando se dio la pérdida del control gubernamental del territorio y los municipios fueron presa de la delincuencia sin que las autoridades se sintieran ni se hicieran responsables.
En ese contexto, dos casos extremos son los del diputado perredista Bernardo Ortega Jiménez, coordinador de la fracción del PRD y presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del estado, y el del nuevo alcalde también perredista del municipio de Canuto A. Neri, Eleuterio Aranda Salgado.
La familia directa de Bernardo Ortega está acusada de haber formado un grupo delictivo asentado en su comunidad natal, Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango, al que se atribuyen secuestros, asesinatos y despojos. Su padre, Celso Ortega Rosas, alias La Ardilla, fue detenido por la Policía Federal a finales de 2008, luego liberado en una fecha desconocida y en circunstancias que no fueron informadas, y finalmente asesinado a balazos el 26 de enero de 2011. Un comunicado oficial de la Secretaría de Seguridad Pública federal fechado el 23 de diciembre de 2008 establece que Celso Ortega Rosas fue capturado por haber participado en el secuestro y homicidio de dos agentes de la entonces Agencia Federal de Investigación, ocurrido en agosto de 2007, cuyos cuerpos fueron encontrados posteriormente en Mochitlán. Un silencio gubernamental y partidista rodea este capítulo en el currículum de Bernardo Ortega, quien pese a esos antecedentes documentados oficialmente ha sido ya alcalde de Quechultenango, dos veces diputado local y presidente del Consejo Estatal del PRD, y ahora encabeza el Poder Legislativo del estado.
El perfil de Aranda Salgado, cantante de narcocorridos y quien se hace llamar El Solitario del Sur, está descrito en la revista Proceso de esta semana. Fue director de la policía municipal de Canuto Neri, cargo del que pasó a ser candidato del PRD a presidente municipal. Su gusto por los narcocorridos y la cultura del narcotráfico está generosamente expuesta en las portadas de los discos que Aranda Salgado ha grabado, en los que aparece posando con rifles AR-15 y pistolas tipo escuadra, “enormes cadenas de oro sobre el pecho”, botas de piel de avestruz y sombreros tejanos. Ni la vestimenta ni las armas lo convierten por simple mecánica en un delincuente, pero casualmente el municipio que gobierna se encuentra en un corredor apetecido y disputado por los grupos del narcotráfico, franja en la que se encuentra también Teloloapan. (Ezequiel Flores Contreras, “Guerrero: contagio narco de autoridades”, Proceso, No. 1877, 21 de octubre de 2012)
Si frente a hechos como los anteriores en su momento Zeferino Torreblanca optó por no hacer nada –o peor, pues recuérdese que solía defender públicamente al narcotraficante Rogaciano Alba–, el gobernador Ángel Aguirre Rivero sigue esos mismos pasos y tampoco hace nada. El hecho de que Teloloapan viva de facto un toque de queda y de que en sus calles hayan aparecido tres narcomantas la noche misma en que el gobernador Ángel Aguirre y los comandantes militares estuvieron en esa población, refleja la perturbadora dimensión que ha adquirido el fenómeno del narcotráfico y la seducción o sometimiento que ejerce sobre los políticos. La afirmación hecha el viernes pasado por Aguirre Rivero, en la que afirma que se investigan las denuncias planteadas en aquellas narcomantas contra funcionarios públicos por colusión con uno de los grupos delincuenciales, parece una simple salida declarativa.
La divulgación del video de Ignacio Valladares fue una acción estratégica del cártel de La Familia Michoacana, con el evidente propósito de infundir temor entre los demás presidentes municipales. Si ese grupo se propuso aterrorizar a los alcaldes de la Tierra Caliente, acabó por crear un estado de pánico que trasciende los límites de Teloloapan, Tierra Caliente y el estado, pues no hay en el país alcalde que no se haya sentido tocado por la imagen terrible de una autoridad inerme frente al poderío de la delincuencia. Los que mandan en Guerrero, pues, son los narcos y los políticos que se “arreglan” con ellos. No se sabe quiénes son ni dónde están. Bueno, algunos sí, y tienen fuero.

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