Eduardo Pérez Haro

Política económica y política para el campo

Para Carmen Malfavón

En 40 años casi hemos duplicado la población y nuestra economía ha crecido casi al doble en su valor nominal o sea no hemos avanzado. Pero, más aún, el crecimiento poblacional es más dinámico en el segmento poblacional de más bajos ingresos mientras que la economía se reparte al revés, crece entre el segmento de población que se reproduce menos y decrece entre el segmento de población que crece más y más rápido. Es decir, cuando la producción crece a la par de la necesidad no hay crecimiento real, pero cuando se acompaña de una distribución inequitativa la resultante es de desequilibrio y desigualdad.
Nuestra agricultura ha crecido de manera semejante al comportamiento de la economía nacional pero en forma más acentuada en sus asimetrías, es decir, crece de manera insuficiente ahondando sus desequilibrios. Compramos más de lo que vendemos, en materia de alimentos y en términos poblacionales es escenario de mayor y más aguda pobreza. En 40 años hemos sido dependientes de las importaciones para sufragar nuestras necesidades alimenticias. Podríamos seguir haciéndolo. Pero cada vez será más difícil. Los altos precios provenientes de una disminución relativa de la oferta mundial será una situación que se prolongará por las varias décadas que llevará la superación de la crisis financiera y fiscal de los países desarrollados, que por lo demás no necesariamente significa que regresarán a ser lo que fueron. Ya está en curso la restructuración y reordenamiento de la geoeconomía mundial.
No obstante, los altos precios para el sector productor, paradójicamente, son una oportunidad, un factor de rentabilidad. Y podemos producirlos o, como ya decíamos, comprarlos. Comprarlos en el exterior será muy caro y no parece la mejor idea para un país que tendrá desaceleración en su crecimiento económico. Producirlos es la alternativa pero no con las fórmulas que hemos usado en 40 años, sencillamente porque lo que se diseñó en materia de política para el campo, fue para otra situación del entorno, y por ende, la política sectorial del campo venía desconectada de la política económica para el crecimiento.
Desde mediados de los años 60 en que internacionalmente se estableció la tendencia a la baja de los precios agrícolas en paralelo a la desregulación del comercio mundial. La política económica en México desenganchó el furgón del sector agropecuario del tren del crecimiento económico y le suplió primero por el petróleo y al fallar éste por el del sector exportador de manufacturas. Desde entonces el sector agropecuario no hace parte del engranaje económico para el crecimiento. Entonces se optó por hacer descansar la actividad agrícola en el segmento de productores medios y grandes, de buen temporal y riego. El resultado no podía haber sido más malo. Una balanza comercial negativa, una concentración regional de la producción en el bajío y el noroeste, una polarización social y una formación bruta de capital fijo del 1% respecto del total nacional.
Ahora el mundo es otro y los precios agroalimentarios estarán a la alza. En adelante, tendremos que tomar debidamente en cuenta los territorios y su gente, nuestra gente, los dueños de la tierra, los campesinos mexicanos. Pero eso implica una decisión de ellos, habrá que hablar de esto con ellos y generar acuerdos. Cuando haya acuerdos legislar alrededor de esos acuerdos y diseñar políticas públicas alrededor de esos acuerdos. Este es el andamiaje de la nueva institucionalidad, no es un ejercicio de planeación. Es de política-política, política legislativa y política económica. Es a esto a lo que llamamos nueva institucionalidad y a ninguna otra cosa.
La oportunidad no es de la agricultura, o dicho de otra manera, la oportunidad de rentabilidad de la agricultura por los altos precios, es una oportunidad de la economía y la sociedad nacionales, es una oportunidad para el país, para México.
Podríamos crear políticas públicas con esquemas progresivos de apoyo a la producción que evitaran la concentración territorial. Esto significa desplazar subsidios que se les dieron a los grandes productores comerciales en época de bajos precios para desplazarlos gradualmente al mejoramiento tecno-productivo de los pequeños productores, dejando que los altos precios del mercado le den mantenimiento y utilidades a la gran producción de alto rendimiento en lo que se procesa un ajuste del desequilibrio productivo regional y social de la plataforma nacional de producción y comercialización.
Hagámoslo como dice Rafael Zavala con nuevos desarrollos territoriales. Construyamos economías de escala, formas asociativas empresariales basadas en la compactación de tierras incorporando en la gestión productiva y de mercados a los hijos de los productores. Procesemos un relevo generacional y hagámoslo con equidad de género sin concesiones, con deliberación absoluta. Atendamos la observación de José Antonio Romero, cuando destaca la importancia del apoyo financiero al sector productor, pero hagámoslo en esta dirección de política pública dentro de un marco de política económica para el crecimiento con equidad, es decir para el desarrollo, como lo anota el Dr. Manuel Garrido.
Una política económica que reconozca el marco de la crisis internacional como un ámbito de dificultades ante las que no hay que confiarse, y eso significa no conformarse con la estabilidad macroeconómica sino comprometerse con una estrategia de fomento productivo como principal vehículo del desarrollo.
Una política económica que evite la inflación de precios alimentarios con el crecimiento de la oferta y no con la restricción monetaria y del crédito. Una política económica que coloque al sistema financiero en su naturaleza verdadera como auxiliar de la producción. Una política económica que reconozca al sector agropecuario en su nueva oportunidad ante los altos precios, disminuyendo su costo fiscal relativo y llevándolo a la posibilidad de generar divisas para el financiamiento del desarrollo industrial.
Una política económica que asuma el crecimiento económico con los cambios estructurales y de operación de los instrumentos de política pública desde la perspectiva de una reconversión industrial acorde a la era digital y en ese marco, por un lado, una política sectorial para auxiliar el desdoblamiento de los grandes productores con la transferencia de tecnologías a otras zonas y a la integración de las cadenas productivas, y por el otro lado, para el adecuado aprovechamiento de las regiones con menor desarrollo relativo con el acompañamiento subsidiario de la compactación de áreas con el correspondiente sustento tecnoproductivo y la creación de empresas de producción y comercialización de los pequeños productores.

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