La escena del crimen de los dos estudiantes de Ayotzinapa fue alterada, adelanta la CNDH

Margarita Vega / Agencia Reforma

Ciudad de México

Alteraciones del lugar donde murieron los dos normalistas de Ayotzinapa, necropsias deficientes, falta de preparación por parte de las corporaciones participantes, e incluso la presencia de elementos armados, son algunas de las irregularidades que ha detectado la CNDH al investigar la muerte de dos normalistas guerrerenses, ocurrida el pasado 12 de diciembre.
Tras reunirse con estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, el ombudsman Raúl Plascencia Villanueva sostuvo que la forma de enfrentar la manifestación de los estudiantes por parte de las policías de los tres niveles de gobierno violó todos los protocolos en la materia, principalmente al enviar agentes armados.
“No se respetó ningún tipo de protocolo para poder responder, para enfrentar una manifestación como la del 12 de diciembre (…) es evidente que no hubo una capacitación adecuada y el equipo que traían (los policías) no correspondía a contener una manifestación pública”, dijo en conferencia de prensa.
“Un criterio universal en materia de manifestaciones públicas es que no existan armas y que existan personas con equipo especial para contener este tipo de manifestaciones”, señaló.
Aunque será la próxima semana cuando la CNDH presente un informe preliminar de sus investigaciones sobre los hechos, Plascencia Villanueva adelantó que hasta el momento se ha detectado que el lugar donde ocurrieron los hechos fue alterado, que las evidencias se recolectaron de manera indebida, como los casquillos, y que no tuvieron un manejo adecuado.
Además, señaló, los peritos encargados de realizar las necropsias a las dos víctimas no fueron “los más adecuados”.
Al ser cuestionado sobre la instancia de gobierno responsable de la muerte de los dos estudiantes, el ombudsman subrayó: “Los indicios que tenemos es que fue un operativo donde participaron policías de los tres ámbitos de gobierno. Cada uno es responsable en la medida de la intervención que tuvieron”.
Plascencia Villanueva reiteró que la Secretaría de Seguridad Pública federal se ha negado a brindar información sobre el caso a la CNDH, argumentando que debido a que ya la había transferido a la PGR, estaba clasificada.
“No nos parece jurídicamente válido (el argumento), porque nada tiene que ver con las facultades de la Secretaría de Seguridad Pública”, consideró.
Indicó que será después de la entrega del informe preliminar cuando se determine a qué otros servidores públicos citará para ampliar las investigaciones, e incluso consideró entre ellos al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Pablo Juárez, representante del grupo de 15 estudiantes que acudió ayer a la CNDH, exigió que aquellas instancias que han negado información a la CNDH, la presenten, y que sean citados todos los servidores públicos involucrados.
Acusó al gobernador Ángel Aguirre de utilizar la muerte del empleado de la gasolinera, Gonzalo Rivas, para desprestigiar a los normalistas, y atribuyó el deceso a la acción de provocadores.
Anunció que hoy marcharán a las dos de la tarde del Metro Xola a la Cámara de Diputados, en protesta por la muerte de sus dos compañeros.
En la reunión estuvieron también presentes el primer visitador de la CNDH, Luis García, y el oficial mayor, Jesús Uriástegui.
Hasta el momento, por la muerte de los normalistas se encuentran arraigados sólo 12 policías estatales y ministeriales, pero ningún elemento federal.