No se tienen confianza Ejército y PGR y menos la sociedad civil, reconoce mando de la Sedena

Daniel Velázquez

El jefe de la Unidad de Vinculación Ciudadana de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general de brigada Raymundo Balboa Aguirre dijo que la falta de confianza entre las autoridades es lo que está desgranando al país.
“No nos tenemos la confianza los unos a los otros, el Ejército a la policía federal, la policía federal al Ejército, la PGR no nos tiene confianza, pues mucho menos nos tenemos confianza entre la sociedad civil y el Ejército”, dijo.
Agregó que el objetivo de la reunión entre mandos militares y representantes de la sociedad civil es recuperar esa confianza con los ciudadanos.
Convocó a los ciudadanos hacer las denuncias y a cerrar filas contra la delincuencia, “juntarnos los patriotas, sumar esfuerzos para que esto pueda mejorar”.
En la reunión de mandos castrenses con representantes de la sociedad civil que se llevó a cabo en un salón del hotel Camino Real se habló de las manifestaciones contra el Ejército y la policía federal que organizan grupos de la delincuencia organizada y de que los caciques ahora son los jefes de plaza en los pueblos, de acusaciones contra el Ejército y voces a favor de la militarización en el estado por la desconfianza a las policías locales.
La coordinadora ejecutiva de la Unidad de Vinculación Ciudadana de la Sedena, Aída Marina Arvizu Rivas consideró que la estrategia de combate al narcotráfico debe replantearse por la próxima administración del gobierno federal porque el actual trabajo que realizan parece que es para cuidar la frontera de Estados Unidos que es el mayor consumidor de drogas.
Dijo que es necesario un mayor presupuesto para el Ejército porque su presupuesto anual es de apenas el .49 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) mientras que en otros países como Colombia es el equivalente al 8 por ciento del PIB.
Señaló que la salida del Ejército a las calles a realizar labores de policía se debe a que “alguien no hizo bien su trabajo” y estarían dispuestos a regresar a sus cuarteles a hacer su trabajo, sin riesgo de que los coloquen como violadores de derechos humanos.

Las movilizaciones contra el Ejército

El comandante de la 27 zona militar Benito Medina Herrera indicó que el caciquismo cambió y ahora son jefes de plaza del narcotráfico, quien tiene el control de las áreas y atemorizados a los ciudadanos.
Recordó que el 12 de septiembre en San Luis La Loma ciudadanos bloquearon la carretera en protesta contra el Ejército al que acusaron de allanar domicilios, violar mujeres y asesinar indiscriminadamente.
Dijo que para resolver esa protesta ordenó a los militares abandonar ese poblado y ahora están acompañados por Derechos Humanos para explicarles a los vecinos lo que sucede.
Aseguró que quienes organizaron el bloqueo son los jefes de plaza de esa zona, que ordenaron gente de la sierra bajar para realizar su protesta.
Luego uno de los asistentes se refirió al tema de las movilizaciones ciudadanas contra las autoridades de seguridad pública como la marcha del 16 de octubre en Acapulco contra la policía federal, dijo que los casos de Acapulco, San Luis La Loma y Arcelia son ejemplo de que las bandas organizadas mueven sus recursos para simular que es la población la que pide la salida del Ejército.
Se mencionó el caso de Arcelia donde la Marina asumió el control del municipio pero los ciudadanos se movilizaron y tuvieron contacto con el entonces diputado federal Armando Ríos Piter, quien pidió en tribuna que la Marina saliera de Arcelia, al cumplirse “regresó la delincuencia”.
En Acapulco, dijo, en la marcha contra la policía federal hubo personas “claramente identificadas con el crimen organizado como organizadores de la marcha”, y corresponde a las autoridades y ciudadanos identificar que esas protestas sean auténticas.
Benito Medina agregó que uno de los problemas a solucionar es la desconfianza de los ciudadanos en la policía local, que es un tema que se presenta siempre en cualquier reunión sobre seguridad con los ciudadanos.
Urgió a las diputados a aprobar la reforma a la ley de seguridad nacional, porque definirá en que situaciones podrán actuar.

Las carreteras

El coordinador de los Diálogos por la Paz con Justicia y Dignidad, Javier Morlet Macho cuestionó por qué el Ejército no ha tenido la capacidad de controlar las rutas que están identificadas con más problemas de narcotráfico y se les han dejado libres a los delincuentes como las vías de acceso a la sierra de Petatlán, San Luis San Pedro-Zihuatanejo, Chilapa-Tlapa, Teloloapan-Altamirano y Altamirano-Zirándaro “¿por qué no establecen filtros permanentes?, ¿cuáles son los impedimentos técnicos, logísticos para impedir que esta situación continúe igual?”.
El presidente de la Asociación Civil Acapulco, conocida como Grupo Aca, José Luis Gallegos Peralta respaldo el cuestionamiento planteado por Javier Morlett, dijo que no atender esas zonas identificadas se debe a falta de voluntad.
El presbítero Salvador Cisneros comentó que valora la presencia del Ejército en el estado en la lucha contra la delincuencia organizada y añadió que se siente seguro en la carretera cuando están los militares, “no importa que sea una molestia bajarnos del carro, revisarlo, lo que sea” y también tiene temor cuando no los ve.
Agregó que la delincuencia común se ha aprovechado de la desatención de las autoridades, que a todo le llaman delincuencia organizada, y los ciudadanos quedan a la merced de los bandoleros.

Un mosaico de problemas

El general de brigada Juan Manuel Rico Gámez, comandante 35 Zona Militar, indicó que hay vigilancia en distintos puntos de la carretera Altamirano-Zirandaro-Huetamo.
Reconoció que hay problemas en Apaxtla, Teloloapan, Ajuchitlán, Tlalchapa, Cuetzala, Taxco, Iguala, Tepecoacuilco y Huitzuco. “Tenemos muchos problemas pero nuestra cobija no alcanza a cubrir todo, sí queremos la información que nos pueda ayudar a encauzar todo”.
“Guerrero es un mosaico de problemas, quisiéramos tener toda fuerza para atender en tiempo de forma oportuna y adecuada todas las circunstancias”, agregó.
Dijo que el Ejército tuvo que adecuar sus acciones para enfrentar a la delincuencia organizada que tiene el poder de poner y someter a presidentes municipales y decidir sobre la vida y acción de los pueblos.
Señaló que junto al problema de la delincuencia organizada encontraron falta de control de áreas, alcaldes amenazados, policías que no atienden los llamados, ciudadanos atemorizados que no apoyan las labores de la seguridad y eso es lo que les da fuerza a los delincuentes.

No se sabe quién está en la delincuencia organizada: CRAC

De la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Pablo Guzmán Hernández planteó que aunque esas reuniones sean para dialogar no hay confianza porque no se sabe quiénes están en las estructuras de la delincuencia organizada.
Consideró que el Ejército debe permanecer en las calles porque los ciudadanos piden paz, “aunque no es lo ideal” y planteó que se reconsidere la estrategia de seguridad y miren a los ciudadanos, puso el ejemplo de la Policía Comunitaria que trabaja con ciudadanos sin presupuesto ni armamento adecuado “la delincuencia común está reducida al mínimo” pero hay preocupación de la delincuencia organizada porque no se les permite armarse.
Expuso que las armas de la policía comunitaria son rifles calibre 22, escopetas de un tiro, “algunos M-1” lo que los coloca en desventaja y pidió que se consideré un presupuesto digno para armar a la policía comunitaria.
Dijo que las acusaciones contra la Policía Comunitaria de que es un grupo que quiere sublevarse, que forma parte de la guerrilla, de que están asociados al narcotráfico no es un capítulo cerrado, persisten esos señalamientos de personas a las que suponen les estorba la CRAC.
Pidió a los asistentes que les ayuden a consolidar esa iniciativa popular y al Ejército le pidió consideraciones y apoyo más que persecución.
Denunció que hay una “nueva modalidad de invasión” y el ejército ha descuidado defender la soberanía y se han concesionado las minas a causa de malos gobiernos. Fue interrumpido porque ya había concluido el plazo de cinco minutos que se les dio a los participantes.
El coordinador del Taller de Desarrollo Comunitario, Javier Monroy deseó que la reunión no sea un diálogo simulado y señaló que parece una política de estado la protección a los intereses del narcotráfico.
Expuso que la percepción del Ejército es de aversión de quienes se pasean por los pueblos y ciudadanos encubiertos, amenazándonos con sus armas, mientras los delincuentes extorsionan impunemente, se confrontan hasta despedazarse, inundan pueblos, barrios y colonias de droga, temor a los carros de soldados que provocan fuegos cruzados y mueren muchos inocentes, violan a nuestras mujeres, protegen a narcocaciques, preparan y protegen a paramilitares, persiguen a campesinos ecologistas y protegen a talamontes, mientras pueblos enteros se desplazan y abandonan sus tierras y patrimonio sin ninguna protección.
Abundó que el gobierno mexicano debe fortalecer su perspectiva sobre derechos humanos y cultura de paz pero primero debe obedecer al pueblo que reclama “pan, trabajo, justicia, libertad” y atender la raíz del problema de la inseguridad que es la pobreza, la desigualdad y el rezago social.
Dijo que Tadeco no tiene propuestas de acciones conjuntas con el Ejército porque primero se debe enseñar la historia de México desde el origen, que no se distorsionen ni escondan las conquistas de nuestros pueblos, que se diga la verdad de lo que pasó en Guerrero durante el movimiento de 1960, con los copreros en 1966, con la Guerra Sucia, con Rosendo Radilla, con la masacre de Aguas Blancas, El Charco, con Inés Fernández y Valentina Rosendo, con los muertos y desaparecidos.
Agregó que están en espera de un plan de búsqueda para encontrar a los desaparecidos y a los responsables de los asesinatos pero no quieren comisiones de la verdad, foros, fiscalías y procuradurías que solo sirven para exonerar a los responsables de esos delitos.
En su intervención, el rector de la Universidad Americana de Acapulco Mario Mendoza Castañeda dijo que las estadísticas no demuestran que la inseguridad y la violencia disminuyan pero que a “todos los mexicanos” les da gusto que el Ejército coadyuve en el combate a la inseguridad y pidió mayor participación de los militares en Guerrero.
La secretaria de la Mujer Rosario Herrera Ascencio planteó al Ejército que establezcan condiciones para el respeto pleno de los Derechos Humanos de las mujeres, prevenir el hostigamiento y acoso sexual, además de folletos que promuevan el respeto de los derechos de las mujeres para evitar que experiencias del pasado se repitan.
El coordinador regional de Comisión Estatal de Derechos Humanos Ramón Navarrete Magdaleno expuso que el fundamento de los gobiernos democráticos es el respeto a los derechos humanos y agradeció que se haya invitado a las organizaciones que se quejan de que no son escuchadas.