Torturaron ministeriales a la mujer acusada del asesinato del testigo del caso Ayotzinapa

Margarita Nava Arcos, la mujer arraigada por la Procuraduría General de Justicia del Estado, acusada del asesinato del testigo contra la Policía Federal en el caso Ayotzinapa, Jaime Garván Rodríguez, El Diablo, fue detenida y torturada por efectivos de la Policía Ministerial del Estado, para obligarla a firmar una declaración prefabricada en la que confiesa que cometió el crimen, según una queja presentada en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
La detención y arraigo de Margarita Arcos Nava tuvo difusión en los medios porque el caso se relaciona con la desaparición del testigo protegido por la Procuraduría de Guerrero, único que declaró que vio que fueron policías federales quienes dispararon contra los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa el 12 de diciembre de 2011, y que mataron a los alumnos Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.
Ese testimonio favorece a la Policía Ministerial del Estado y apoya la posición que ha sostenido el ex procurador Alberto López Rosas, que señala a los federales como responsables del homicidio de los estudiantes, y no los dos efectivos de la Ministerial de Guerrero que están en prisión: Ismael Matadama Salinas y Rey David Cortés Flores.
Margarita Nava Arcos, maestra jubilada, de 50 años, era pareja o concubina del testigo. Es profesora de educación preescolar, muy conocida entre sus compañeros de gremio en Chilpancingo, y hasta antes de su jubilación el año pasado trabajaba en oficinas de la Secretaría de Educación Guerrero.
Fue señalada mediante un boletín de prensa de la Procuraduría del 15 de octubre como autora del asesinato de Galván Rodríguez y se encuentra recluida en la casa de arraigo de la Procuraduría General de Justica del Estado en esta capital, lo mismo que dos jóvenes señalados como sus presuntos cómplices, José Alfredo Bello Martínez y Noel Salgado Valerio. El boletín dice que la detenida confesó que a ellos les pagó 30 mil pesos para matar a Galván, porque la golpeaba, y que arrojaron el cuerpo desde el puente Mezcala de la Autopista del Sol.
Según el mismo boletín oficial, el testigo está desaparecido desde el 1 de septiembre, y el 10 de septiembre, Margarita Arcos Nava presentó en esa dependencia la denuncia de la desaparición. La Procuraduría dice que encontró inconsistencias en las declaraciones de la denunciante, y por eso fue “peresentada” a declarar nuevamente, “donde finalmente aceptó que pagó para que privaran de la vida a su concubino, proporcionando los nombres de los autores materiales”.
De acuerdo con la información presentada en la queja ante la CNDH el 18 de octubre de 2012, esta declaración fue arrancada mediante torturas, y es falsa.
Según información de testigos, Margarita Nava no tuvo alguna orden de presentación. El 12 de octubre, a las 3 de la tarde, fue detenida con violencia por policías ministeriales de Guerrero, afuera de las oficinas del banco Sinvacrem, de la avenida Vicente Guerrero del centro de Chilpancingo, cerca de la Alameda, donde se encontraba realizando trámites y salió después de que recibió una llamada a su teléfono celular.
Unos 30 policías ministeriales, vestidos de negro y encapuchados, se bajaron de tres camionetas blancas, dos tipo Suburban y una pickup,y un coche Tsuru, y la rodearon, con sus armas en posición de disparar. Le taparon la cara con una bolsa negra y un pasamontañas, y la subieron a una de las camionetas.
Los clientes que se encontraban en el banco, alarmados, vieron a través de los ventanales la movilización de policías, y vieron cuando subieron a la mujer y se la llevaban también encapuchada.
Los familiares de Margarita Nava no supieron de ella durante ese día, hasta que apareció en los separos de la Policía Ministeial, el 13 de octubre.
Entre su detención en una calle céntrica de Chilpancingo, y su aparición en los separos policiacos, Margarita Arcos fue llevada a un lugar desconocido o no identificado, donde la sometieron a torturas mediante golpes y amenazas.
Se supo que la tenían esposada, probablemente colgada de los brazos siempre con los ojos vendados y la golpeaban en el cuerpo. Además de ese dolor físico le decían que tenían a su hija en un cuarto al lado, que la iban a violar y a cortar en pedazos con una sierra, y prendían el motor de una sierra eléctrica para que la amenaza fuera más cruel.
La tortura cesaba por momentos, y seguían interrogatorios sobre su responsabilidad en el asesinato de Galván Rodíguez, en los que la obligaban a responder la historia en la que aparece como culpable; después más torturas y nuevamente el interrogatorio para que repitiera varias veces la respuesta fabricada por los mismos torturadores, que finalmente firmó.
El 13 de octubre fue trasladada a los separos de la Procuraduría, donde después de muchos trámites y de pedir la intervención de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum), la pudieron ver familiares.
Cuando sus familiares la vieron tenía lesiones en todo el cuerpo, moretores en las piernas, en el tórax y en los brazos, se movía con mucha dificultad y no podía sentarse por el dolor provocado por los golpes.
El 14 fue trasladada a la casa de arraigo, donde permanece supuestamente mientras se investigan los hechos y se reúnen pruebas para consignarla como responsable del asesinato de Galván Rodríguez.
El testigo, que presuntamente vio la represión a los manifestantes del 12 de diciembre desde un taller mecánico donde trabajaba, tuvo protección de la Policía Ministerial, desde que, según denunció, fue amenazado por policías federales para que cambiara su testimonio, el 26 de diciembre. Nunca se le retiró la protección policiaca, según declaraciones de la procuradora de Justicia, Martha Elva Garzón Bernal, en una conferencia de prensa el 16 de octubre, en la que habló del asesinato del testigo y de la identificación de los responsables, pero no aclaró cómo desapareció el testigo aun con la protección policiaca, supuestamente burlada por su concubina que lo mandó matar.
En la misma conferencia la procuradora negó que el asesinato del testigo esté relacionado con el caso Ayotzinapa, y planteó que el caso se podría dar por cerrado en cuanto se determine que unos restos que se encontraron el sábado 13 de octubre bajo el puente Mezcala de la Autopista del Sol son los de Jaime Galván, pues los asesinos que arrojaron ahí el cadáver, lo confesaron.
Sin embargo, al día siguiente de la conferencia de la procuradora, el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Juan Alarcón Hernández, reveló en entrevista con reporteros que familiares de Margarita Arcos pusieron una queja, porque habría sido golpeada por policías ministeriales para que confesara que ella mandó a asesinar a su pareja sentimental.
El ombudsman dijo que cuando médicos de la Codehum revisaron a la arraigada, observaron que tenía huellas de golpes y lesiones y se abrió un expediente al respecto. (Redacción / Chilpancingo).