Intereses del PRD buscan impedir el juicio político a López Rosas y Almonte, advierte Tlachinollan

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, deudos del estudiante Gabriel Echeverría de Jesús, la Red Guerrerense de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, expresaron ante diputados de la Comisión Instructora del Congreso local su preocupación de que el proceso de juicio político a ex funcionarios perredistas del gobierno del estado se realice bajo criterios políticos.
Después de una reunión de 40 minutos, y luego de esperarlos más de tres horas, los diputados Luisa Ayala Mondragón, Omar Jalil Flores Majul y Emilio Ortega Antonio, les informaron que presentarían el primer dictamen de la comisión el 6 de noviembre, informó el dirigente normalista Diego Castro Domínguez.
Hace dos días, los diputados de esa comisión solicitaron una prórroga de 10 días para analizar el caso,  que vence el 31 de octubre, pero ayer ofrecieron a los agraviados y a sus abogados avances en un plazo más amplio, una semana después.
Antes de la reunión, el abogado de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, informó que la solicitud de audiencia en el Congreso se debe al retraso en los procesos de juicio político del ex procurador Alberto López Rosas y del ex secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja.
Insistió que el punto de los vista de los defensores es que el juicio político contra los ex funcionarios sí procede, y los argumentos constan en las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que se derivaron de una investigación especial a las violaciones graves contra los normalistas, el 12 de diciembre de 2011, por el desalojo a balazos de la Autopista del Sol.
El abogado dijo que observan en los medios de comunicación que en el Congreso no hay intención clara de iniciar un proceso contra los ex funcionarios del PRD, por el contrario, prevalecen los intereses partidistas y de grupo antes que la justicia.
Declaró que se teme que no se abra juicio contra Almonte y López Rosas porque militan en el partido mayoritario en el Congreso y en el gobierno, y exigió que se inicien los procedimientos que señaló la CNDH, “y los señores se defiendan si tienen elementos de prueba”.
Sobre el constante señalamiento de López Rosas de que se omite la responsabilidad de la Policía Federal en el desalojo policiaco, donde fueron asesinados dos estudiantes, Rosales Sierra aclaró que también están empujando en esa dirección, pero es otro procedimiento.
Recordó que hay un apartado específico de la recomendación de la CNDH para el Congreso local, para abrir un juicio político a los mandos policiacos que participaron en la represión estudiantil, “ellos no puede ser sujetos a procedimiento ordinario, porque fueron nombrados en el Congreso, entonces de alguna manera los diputados debe establecer un juicio para deslindar responsabilidades penales”.
Por la noche, vía telefónica, Castro Domínguez informó que en la reunión, Gabriel Echeverría y María de Jesús exigieron a los diputados el esclarecimiento de la muerte de su hijo, porque a casi un año de los hechos violentos, no saben quiénes mataron a Gabriel.
También demandaron que acaten la recomendación de la CNDH y comiencen el procedimiento contra los ex funcionarios públicos, porque parece que las investigaciones van encaminadas a desaparecer las evidencias de cargo, por ejemplo, la muerte del testigo protegido que señaló la responsabilidad de los policías  federales en la muerte de los estudiantes el 12 de diciembre.
Los abogados también tomaron la palabra y al final, los diputados señalaron que es preocupante lo que ocurre en el estado, y recordaron los homicidios de los diputados Armando Chavarría Barrera y Jorge Bajos Valverde, para los que también, dijeron, buscarían que se esclarezcan sus casos.
También dijeron que esta comisión tiene una responsabilidad muy fuerte, y pidieron 10 días más para que puedan analizar a profundidad el expediente; su primer dictamen se presentará 6 de noviembre, informaron.
Después, Castro Domínguez informó que se comprometieron a mantener comunicación, incluso “nos dijeron que no habían recibido en audiencia a los funcionarios implicados en el caso Ayotzinapa, porque precisamente querían conocer a profundidad el expediente, antes de reunirse con las partes”.a