Silvestre Pacheco León

La urgencia del cambio de políticas públicas para el campo

En el foro Crisis Alimentaria y Soberanía, organizado por el Programa de Intercambio,  Diálogo y Asesoría en Agricultura Sostenible y Seguridad Alimentaria realizado el pasado 12 de octubre en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Agustín Prodh, el dirigente de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de granos, Víctor Suárez Carrera, hizo una amplia exposición ante representantes de organizaciones de una decena de estados, sobre la situación internacional del mercado de los granos para ubicar la situación nacional.
En el contexto internacional Víctor Suárez, quien representa a una de las organizaciones de productores de maíz con mayor desarrollo en términos de la experiencia para comercializar a partir de compactar su oferta y conectarse directamente con los consumidores, expuso  que en materia de granos y oleaginosas hemos entrado a un nuevo ciclo que se caracteriza por la volatilidad en el alto precio de esos productos por la financiarización y energetización de la agricultura como nuevo paradigma en los mercados agrícolas internacionales, que dicha situación no cambiará en las próximas tres décadas a menos que se modifique de manera relevante el uso creciente del maíz para la producción de biocombustible. El 40 por ciento del maíz se utiliza ya para la producción de etanol.
Víctor Suárez sostuvo que el nuevo ciclo de precios altos, sobre todo en los granos y oleaginosas, no fue previsto por los políticos neoliberales que diseñaron el modelo importador porque en aquellos años los precios de esos productos eran estables y se mantenían a la baja.
Ahora la situación para nuestro país es de emergencia con una crisis que viven con mayor dramatismo las familias pobres de las ciudades que enfrentan el aumento en el precio de la masa y la tortilla.
Sostiene el especialista que con el precio internacional que ahora es de 400 dólares la tonelada de maíz, agudizado por la sequía que afectó amplias regiones maiceras de nuestro país, se requerirán más recursos destinados a la importación de mayores volúmenes de granos.
La situación actual ha favorecido a las empresas trasnacionales que promueven en nuestro país la siembra de semillas transgénicas bajo el supuesto de que con ello se incrementará notablemente el rendimiento en sus cultivos, sin reparar en los efectos nocivos que eso tendría para la salud de los consumidores, la soberanía alimentaria y para la conservación de las variedades de maíz criollo que siguen siendo la base de la alimentación para las familias indígenas y campesinas, ahora en riesgo de contaminarse si la autorización de la siembra de transgénicos se hace realidad.
Ayuda a los argumentos de esas empresas el hecho de que la producción de granos per cápita en nuestro país ha descendido en la última década de 330 a 280 kilogramos de acuerdo con los datos de la Sagarpa.
El dirigente de la ANEC explicó que la alteración que viven los precios de granos y oleaginosas se debe también al efecto del cambio climático que se vivió sobre todo en los Estados Unidos, país donde a pesar de las cosechas récord que se han observado, las tendencias dicen que el aumento de sus precios va al alza ante la pero sequí que ha sufrido en los últimos 50 años.
El otro elemento que agrega al análisis de esa nueva realidad que nos afecta, dice Víctor Suárez que es la financieralización de la agricultura en la que grandes masas del capital financiero se movieron a las bolsas de granos porque encontraron que ahora resulta más rentable comprar y vender granos a futuro que invertir en las otras ramas de la economía.
En el nivel mundial también ha ocurrido que muchos países que han continuado su lucha contra la dependencia del petróleo ahora están invirtiendo en granos para la producción de combustible, reforzada esa política con el argumento de que dicho combustible es amable con el ambiente.
En éste nuevo ciclo en el aumento de precios en granos y oleaginosas destacan los casos de China e India donde sus gobierno están promoviendo la baja en los precios de los productos básicos en la alimentación de sus pueblos.
En nuestro país, en cambio, se ha producido un aumento importante en el precio de la tortilla y en los agroquímicos (estos últimos han aumentado sus precios por arriba de productos como el arroz, maíz y trigo) y sólo las empresas monopólicas “van bien” frente a los contribuyentes que ahora  pagarán más por los crecientes volúmenes de granos que se habrán de importar.
Con datos de la Sagarpa y del Banco de México se sabe que en el periodo que va de 1988 a 2011, señaladamente de gobiernos neoliberales en nuestro país el volumen de importación de granos y oleaginosas creció el 40 por ciento.
Frente a esas dos visiones de la realidad que vivimos, la verdad generalizada es que las familias pobres de nuestro país no pueden estar felices, sobre todo ante el aumento del 20 por ciento de pobres en las últimas dos décadas de combate a la pobreza.
Para el dirigente de la ANEC es importante que en México podamos reconocer las políticas que nos convienen, empezando por el diseño de políticas de largo plazo frente a la realidad mundial. Dice que debemos promover el reconocimiento de los derechos individuales y colectivos de los campesinos y de los pueblos indios, los cuales frente a países como China se encuentran en mejor situación respecto a la extensión de sus dotaciones de tierra, pues en el país asiático el promedio de superficie por campesino es de media hectárea.
Por eso debemos cambiar las políticas contra la pobreza que han fracasado rotundamente con el aumento del número de pobres. En cambio debemos luchar por unas políticas que reconozcan a los campesinos como productores dignos, con capacidad para alcanzar la seguridad y soberanía alimentarias si cuentan con los apoyos requeridos. Por eso la importancia de revalorizar la agricultura campesina e indígena cuya práctica ha permitido la sobrevivencia de millones de mexicanos en las condiciones más críticas de la historia.
Para Víctor Suárez hoy en México se debe luchar por reconocer el derecho de los pueblos a diseñar su propia política de autodeterminación que implica la seguridad y la soberanía alimentaria.
Considera que es imprescindible una política de largo plazo que contenga la producción de alimentos baratos, sanos y nutritivos para la población acorde a la diversidad de condiciones agroecológicas, étnicas, sociales y culturales de México.
Esa política dice que debe pasar por reconocer los derechos individuales y colectivos de los pueblos indios y su papel central en la producción de alimentos que no sólo son para su autosostenimiento, sino para el abasto de los mercados locales y regionales, así como su derecho a tener el control y la gestión comunitaria de su territorio y recursos naturales.