Urgen a tipificar delito de tortura en Guerrero

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan envió a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), un informe sobre la práctica de la tortura en Guerrero, en el que destaca que Guerrero es una de las entidades más rezagadas en materia de derechos humanos, por la falta de tipificación del delito (de tortura) en el Código Penal estatal; las deficiencias en la investigación de este delito, incluyendo lo relativo a la nula aplicación del Protocolo de Estambul; el rezago en la reforma del sistema de justicia penal; y la subsistencia del fuero militar.
Asimismo, el organismo civil envió información sobre el caso Ayotzinapa, “emblemático de las consecuencias en el plano estatal y federal de estas falencias que existen en la documentación e investigación de la tortura”.
El informe de Tlachinollan fue enviado porque este 31 de octubre y 1º de noviembre en la ONU, en su sede de Ginebra, Suiza, se realizará la revisión de los informes periódicos Quinto y Sexto del Estado mexicano, ante el Comité Contra la Tortura (CAT por sus siglas en inglés), informó el organismo guerrerense mediante un comunicado ayer.
Además del informe sobre la práctica de la tortura, Tlachinollan envió información sobre la falta de investigación y persecución penal de la tortura por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), misma que fue obtenida por Tlachinollan mediante solicitudes presentadas al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).
El organismo dio a conocer ayer que en su informe incorpora las cuestiones más “acuciantes” respecto de la situación de la tortura en Guerrero, pues ésta es “una de las entidades federativas más rezagadas en materia de derechos humanos, entre las que destacan: la falta de tipificación del delito en el Código Penal estatal; las deficiencias en la investigación de este delito incluyendo lo relativo a la nula aplicación del Protocolo de Estambul; el rezago en la reforma del sistema de justicia penal; y la subsistencia del fuero militar”.
Tlachinollan recordó que una de las reiteradas preocupaciones advertidas por el CAT en sus revisiones sobre México ha sido la falta de tipificación del delito de tortura en el estado de Guerrero y que a pesar de ello el informe presentado por el Estado mexicano no hace alusión alguna al respecto.
“Ante esta situación, el informe elaborado (por Tlachinollan) destaca que la tortura continúa sin tipificarse en el estado de Guerrero y adelanta que la sociedad civil guerrerense demandará en breve al Congreso estatal la aprobación de reformas legislativas armónicas con los tratados internacionales”.
En cuanto a la investigación de la tortura en Guerrero, Tlachinollan denunció que “es prácticamente inexistente, pues a la ausencia de un marco jurídico adecuado, se suma la falta de capacidades forenses mínimas del Ministerio Público, incluyendo a peritos y policías”.
Resaltó que en Guerrero no se han adoptado las directrices del Protocolo de Estambul mediante una reforma legislativa ni de un acuerdo del procurador general de Justicia del estado.
Asimismo, incluyó en su informe que en estados como Guerrero, donde algunas de las autoridades a cargo de la investigación de los delitos pueden estar involucradas en actividades ilícitas, “la falta de garantías de seguridad para las víctimas de actos de tortura inhibe la presentación de denuncias, como ha sido constatado en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa”.
Y reporta en su informe que este caso es “emblemático de las consecuencias en el plano estatal y federal de estas falencias que existen en la documentación e investigación de la tortura”.
Asimismo, denunció deficiencias en la reforma al sistema de justicia penal, pues presenta un rezago considerable, “sin que haya señales de que en el proceso se estén incorporando las específicas necesidades de las personas indígenas frente al sistema de justicia”.
El reporte menciona, por otra parte, que la implementación de dicha reforma se ha centrado hasta ahora en los aspectos procesales dejando de lado la revisión del catálogo de delitos vigente en el estado, “lo que permitiría avanzar en la tipificación del delito de tortura”.
En cuanto al fuero militar, el informe establece que a pesar de las diversas recomendaciones emitidas por mecanismos de derechos humanos, a la fecha no se han llevado a cabo las reformas legales necesarias para acotarlo y que a la fecha el Congreso federal no ha dado muestras para impulsarlo, y detalla que “los abusos cometidos por los militares, incluyendo la práctica de tortura, continúan en aumento”.
Agrega que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha recibido 415 quejas y sólo cinco han concluido en recomendaciones.
Tlachinollan también denunció la falta de cifras oficiales por parte de la PGR sobre la aplicación del dictamen especializado para casos de tortura diseñado por la institución, con base en el Protocolo de Estambul, publicitado en su momento “como la herramienta pericial que daría efectividad a la investigación de este grave crimen”.
Reportó a la ONU que de acuerdo con la información que obtuvo a través del IFAI, la PGR reconoció que si bien sus peritos han aplicado en 302 ocasiones el dictamen médico/sicológico, especializado para casos de posible tortura y/o maltrato, encontrando en 128 casos lesiones posiblemente derivadas de tortura, “también ha informado (la PGR) que no existe una  sola sentencia condenatoria en contra de algún funcionario por el delito de tortura. Es decir, las cifras de la Procuraduría muestran el fracaso de esta herramienta y evidencian la inefectividad de las investigaciones”.
De la información obtenida en la Sedena, mediante el IFAI, el organismo incluyó en su informe que “los órganos militares, del 2002 a la fecha, iniciaron 142 averiguaciones previas por el delito de violencia contra las personas causando tortura” y 821 averiguaciones previas por el delito de violencia contra las personas causando lesiones”.
A pesar del alto número de averiguaciones previas iniciadas, sólo seis expedientes fueron consignados ante los juzgados penales por el delito de tortura, y en ninguno de éstos casos hubo sanción penal para los responsables.
En su comunicado enviado ayer, Tlachinollan informó que el documento será entregado por una representación del organismo, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, quienes se reunirán directamente con los miembros del Comité para presentar sus “máximas preocupaciones por el rezago de la situación de la abolición de la tortura en México, el próximo martes 30 de octubre en Ginebra, Suiza”.