Cancelan otra vez audiencia con Aguirre a Rosalinda Vargas; la citan hoy y con maña también en la Procuraduría, señala

Daniel Velázquez

De nuevo fue suspendida de última hora la audiencia que la profesora Rosalinda Vargas Barrera tenía programada con el gobernador Ángel Aguirre Rivero solicitada sin éxito desde el 19 de septiembre.
Ayer en conferencia de prensa en un restaurante de Acapulco Rosalinda Vargas acompañada de su hija Elizabeth Olguín Vargas denunció que luego de un año de no tener comunicación oficial entre el gobierno del estado y ella, ayer “mañosamente” fue citada por el gobernador y la Procuraduría de Justicia para el mismo día, sólo con una hora de diferencia.
El pasado miércoles Vargas Barrera dijo que el gobernador ofreció que la atendería ayer pero el domingo le llamaron de la secretaría particular del gobernador para informarle que la audiencia programada para ayer se posponía para hoy a las 11:45 de la mañana y ayer por la mañana hasta su centro de trabajo en la secundaria técnica 92 de Costa Azul llegó la agente del Ministerio Público Maribel Martínez Meza a entregarle una notificación de la Procuraduría para que acuda hoy a la 1 de la tarde.
Rosalinda Vargas dijo que estas acciones son deliberadas para confundirla pero ella tiene claro que no se reunirá con ningún funcionario sino que primero hablará con el gobernador para informarle de manera personal del caso y esperará a que la Procuraduría vuelva a notificarle.
Dijo que no sólo espera que le den protección por lo sucedido con su hija en 2009 sino que quiere que se le dé seguimiento a las denuncias contra los responsables del secuestro y maltrato que sufrió su hija por presuntos policías ministeriales.
“Quiero conocer su postura, si él todavía va a seguir encubriendo o protegiendo a una bola de gente que no debe estar ahí como funcionarios en la Procuraduría y en el Tribunal Superior de Justicia”, quienes tienen responsabilidad por acción u omisión, expresó.
“Quiero decirle al gobernador ¿Cómo va estar una procuradora que va a defender a sus muchachitos delincuentes?, ¿Cómo va estar un (Jesús Martínez) Garnelo con todos esos antecedentes de sacar a secuestradores? No pueden estar personas que se prestan a estar protegiendo delincuentes”, dijo.
El documento que le entregaron dice: “con la finalidad de dar continuidad a las denuncias cometidas en su agravio y de la C. Elizabeth Olguín Vargas le notifico que deberá comparecer a las 13 horas del día martes 30 de octubre en el segundo piso del edificio nuevo de la Procuraduría del estado”.
Rosalinda Vargas contó que ella le dijo a la agente del Ministerio Público que no podía acudir a la reunión porque ya tenía programada una audiencia con el gobernador hoy, fue cuando la agente del Ministerio Público le pidió que la reunión se hiciera ayer pero ella se rehusó porque dijo que primero debía avisar a su familia de sus movimientos como una estrategia de seguridad e incluso la agente del Ministerio Público ofreció llevarla a Chilpancingo.
“Deliberadamente o mañosamente la procuradora quiere entrevistarse conmigo antes de entrevistarme con el gobernador, ¿Por qué empatan la hora en que me está citando la procuradora?”, cuestionó.
Recordó que desde 1995 la procuradora Martha Elva Garzón Bernal conoce su caso porque en ese entonces era visitadora de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos y que desde el 12 de diciembre del año pasado cuando fungía como subsecretaria de Derechos Humanos del gobierno del estado fue que se reunió con ella para plantearle el incumplimiento de las medidas cautelares que la determinó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el caso del secuestro de su hija y desde esa fecha no se había interesado en el caso.
Agregó que el hostigamiento a su hijo Alejandro Olguín ocurrido el pasado viernes y los constantes cambios en la hora de la audiencia programada refuerzan sus “dudas” de que pueda acceder a la justicia en condiciones seguras porque ese hecho demuestra que “hay temor entre algunos servidores públicos que sus actuaciones se ventilen públicamente”.
El caso de Rosalinda Vargas se remonta a 1984 cuando presentó una demanda de pensión alimenticia a favor de su hija Johana Robles Vargas contra el padre de la niña, Rubén Robles Catalán, después en 1989 presentó una queja por la desaparición del acta de nacimiento de su hija.
En 1989 fue acusada de posesión de mariguana y quienes le “fabricaron” el delito, fueron los agentes ministeriales Gaspar Miranda Altamirano y César Augusto Espinoza, demostró su inocencia pero no procedieron contra los policías.
Después en enero de 1995 presentó una denuncia por intento de homicidio, luego de otra denuncia por un asalto y golpes que no prosperó y fue “borrada del libro de gobierno”.
En ese mismo año en mayo asesinaron a su abogado Norberto Flores Baños y en el homicidio, dijo donde estuvieron involucrados agentes ministeriales Gaspar Miranda Altamirano y César Augusto Espinoza
En 2001 fue acusada del robo de una computadora lo cual considera que fue una acusación ilógica porque es profesora de computación y demostró que se trató de un delito fabricado.
En 2006 denunció al entonces subprocurador Jesús Alemán del Carmen de haber participado en actos de tortura en su contra.
En abril de 2009 fue denunciada por lesiones por la agente del Ministerio Público América Beatriz Román Iturbide y también demostraron que fue la agente quien la golpeó pero el proceso demoró tres años.
En ese mismo año en junio fue secuestrada su hija durante diez días por presuntos policías ministeriales.
También recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que desde marzo de 2010 solicitó al gobierno de México medidas cautelares para ella y para su hija Elizabeth Olguín.
En todo ese proceso están involucrados diversos funcionarios que actualmente ocupan cargos dentro de la procuración y administración de justicia como el actual director de peritos del Tribunal Superior de Justicia Arquimides Meza García quien en 1984 fungía como juez, quien debió haber notificado a Rubén Robles Catalán por la demanda de pensión alimenticia pero no lo hizo.
Otra de las beneficiadas es América Beatriz Román Iturbide quien de ser agente del ministerio público en delitos sexuales y violencia intrafamiliar fue premiada con un cargo en la Secretaría General de Gobierno, refiere.
“Hay una serie de irregularidades que pasan en la Procuraduría, hacen lo que quieren y no fincan responsabilidad”.
Agregó que los cargos que tienen los funcionarios han sido premios otorgados por el poder gubernamental en recompensa por haberle fabricado delitos porque es una estrategia para desgastarlos física, emocional y económicamente.
Del hostigamiento que sufrió su hijo Alejandro, este viernes, Rosalinda Vargas dijo que será él quien determine si presenta una denuncia contra quien resulte responsable por los hombres armados que fueron a buscarlo hasta su centro de trabajo.