La tortura es el principal método para conseguir declaraciones; urge tipificarla: Salazar Marchán

El presidente de la comisión de Derechos Humanos del Congreso local, Jorge Salazar Marchán dijo que la tortura es el principal método que las autoridades utilizan para obtener declaraciones y coincidió con el presidente de la comisión de Justicia, Jorge Camacho Peñaloza, en que esa práctica es un problema generalizado en la justicia mexicana.
Entrevistados por separado vía telefónica, debido a que los legisladores están fuera del estado porque fueron parte de los 25 de 46 diputados locales que acudieron a la Conferencia Permanente de Congresos Locales (Copecol) en Veracruz, reconocieron la necesidad de tipificar la tortura como delito para poder proceder legalmente en contra de quienes la practican.
Lo anterior en respuesta al informe que el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, envió a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el que advierten que Guerrero es uno de los estados en los que más se practica la tortura, sumado a la pobreza en la aplicación de los derechos humanos. En el informe se destaca la necesidad de tipificar a la tortura como un delito para que al estar establecido en el Código Penal estatal sea perseguida de oficio.
Salazar Marchán dijo que es innegable la práctica de la tortura en el estado y en el país principalmente porque es ejercida por autoridades investigadoras, que en el caso de Guerrero recae en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), una de las instituciones más señaladas por la violación a los derechos humanos y que en la última administración estatal y la actual de Ángel Aguirre Rivero se ha pretendido dar un vuelco a su imagen, sin obtener éxito.
En ese sentido el diputado aseguró que la tortura es el principal método para obtener declaraciones, en Guerrero y en el país, sin que hasta la fecha exista un legislación que la sancione.
Dijo que tras leer en este medio de comunicación, la información que Tlachinollan envió a la ONU, de inmediato se comunicó con el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Abel Barrera Hernández para solicitarle una reunión para tratar el tema y trabajar sobre la reforma al sistema de justicia penal.
Consideró que la participación del Tlachinollan en los trabajos legislativos de la comisión de Derechos Humanos del Congreso local será de mucha utilidad porque el organismo tiene documentados muchos hechos de violaciones a los derechos humanos y de tortura en el estado.
El encuentro entre la comisión y Abel Barrera será en cuanto el segundo confirme la fecha, porque comentó el legislador que el defensor de derechos humanos le planteó que tiene muchas actividades agendadas, tentativamente dijo que el jueves se reunirían en el Congreso local para iniciar a trabajar en las propuestas que se presentaran al pleno.
Explicó que planteó dos opciones al director de Tlachinollan, la primera es que trabajen de manera particular leyes de protección a los derechos humanos y que se tipifique la tortura, modificando el Código Penal estatal.
Y la segunda opción es que en el proceso de revisión y modificación de la iniciativa de la nueva Constitución del Estado que el gobernador envió al Legislativo se tipifique como delito, en este caso dijo que primero tendrían que constatar la flexibilidad de modificación de la propuesta que envió el Ejecutivo.
Lo que si reconoció es que la tortura es practicada y la única manera de ir menguándola es suscribiéndola como un delito y que en la legislación local y nacional se contemplen sanciones para quienes la ejerzan.
Por su parte el presidente de la comisión de Justicia, Jorge Camacho, consideró que en Guerrero no hay una situación especial con respecto a la violación de derechos humanos y tortura, y dijo que este es un problema nacional que se ha arrastrado desde hace varios años por lo que coincidió en que urge que se legisle en la materia.
Aseguró que el asunto de la tortura ya venía incluido en su agenda legislativa, aunque en la instalación de su comisión en el Congreso local no se mencionó nada del tema.
Negó también que en la entidad la ciudadanía esté en condiciones de vulnerabilidad por las violaciones a los derechos humanos y la ejecución de actos de tortura principalmente por autoridades y guardó sus comentarios apuntando que no tenía mucha información sobre el asunto por lo que prefería reservarse su opinión.
Lo que si dijo es que buscará trabajar de manera coordinada con la comisión de Derechos Humanos para impulsar las reformas al Código Penal  estatal que se requieran para contribuir a la erradicación de la tortura. (De la Corresponsalía / Chilpancingo).