Alarmante, el asesinato de dos funcionarios de Catastro, advierten inmobiliarios

Staff / Agencia Reforma

Corredores inmobiliarios del puerto calificaron ayer como alarmante que presuntos integrantes del crimen organizado intenten obtener información clasificada de la Dirección de Catastro municipal para cometer algún delito.
En entrevistas por separado, los empresarios coincidieron en que pese al reforzamiento de la seguridad en la ciudad, persisten los hechos de violencia, los cuales han repercutido en la economía de Acapulco.
Las declaraciones de los corredores inmobiliarios se dan luego del asesinato de dos funcionarios de Catastro municipal en menos de un mes. El viernes pasado, asesinaron fuera de su casa a Simón Sohen Casis, quien fungía como jefe de Sistemas y Bases de Datos de esa dependencia. Antes, el 2 de octubre, Luz María Ortega Baltazar fue también asesinada al salir de las oficinas de esa dependencia.
Allegados a Sohen Casis aseguraron que el crimen organizado le había pedido las bases de datos de todas las personas, tanto físicas como morales, que poseen inmuebles en Acapulco con el fin de utilizar la información en el cobro de derecho de piso, a lo que se habría negado el funcionario.
Para el presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en Acapulco, Jesús Carmona, la violencia los ha orillado, en algunos casos, a cerrar los negocios.
“Todos estamos hablando con un poco de temor y a los inmobiliarios nos indigna. Nos entristece que un funcionario por no dar información como debe de ser pues esté muerto”, lamentó el dirigente de AMPI.
En menos de un mes, dos trabajadores de la Dirección de Catastro municipal han sido ejecutados al negarse a proporcionar información a presuntos integrantes de la delincuencia organizada para ubicar propiedades y propietarios.
“Es preocupante, pero las autoridades deben realizar las investigaciones porque es una situación complicada para todos en Acapulco”, planteó un corredor inmobiliario de la zona Dorada, quien pidió omitir su nombre por temor a represalias.
Inmobiliarios reconocieron que las ventas han caído, como en la zona Diamante, donde han puesto a remate terrenos, condominios y casas en esa demarcación de alta plusvalía.
“Están rematando al 50 por ciento todo, condominios que normalmente te costaban 8 millones o 9 millones de pesos los estás encontrando hasta en 5 millones de pesos. El problema es que no hay compradores”, dijo otro corredor inmobiliario de Diamante, quien también pidió el anonimato.
En Acapulco operan tres agrupaciones inmobiliarias como AMPI, que son Diplomados de Bienes Raíces y Grupo Mexicano de Profesio-nales Inmobiliarios de Acapulco (GMPI), cuyos directivos reconocieron tener problemas financieros.
Al menos 60 por ciento de las membresías de las asociaciones, refirieron fuentes consultadas, han salido por la falta de liquidez y ventas.
Incluso, algunos han dejado de pagar las cuotas por meses pues los socios no tenían dinero para cubrirlas, comentaron.
“Nos estamos juntando. Se cierra una compañía y se absorbe entre dos tratando de recortar costos para seguir funcionado mientras no haya clientes”, dijo un trabajador inmobiliario quien tiene 10 años en este ramo.
Asimismo, criticaron también la actitud del nuevo alcalde Luis Walton Aburto por no reactivar la economía.
Señalaron que la principal vía turística, la avenida Costera, está abandonada y muestra negocios cerrados.
“Todo mundo va a salir por piernas de aquí, quién va a querer que te hablen a tu casa para extorsionarte, es verdaderamente peligrosísimo”, lamentó un integrante del GMPI.
Grupo Reforma publicó el año pasado que las extorsiones, secuestros, levantones y cierres de oficinas también han impactado al sector inmobiliario y ha registrado la baja de un 90 por ciento en las operaciones de ese ramo lo cual continúa hasta la fecha.