El gobierno estatal dejó de buscar a Eva Alarcón y Marcial Bautista, denuncia Coral Rojas

Rosendo Betancourt Radilla

Chilpancingo

Desde finales del año pasado el gobierno del estado incumplió su responsabilidad de buscar a los dirigentes ecologistas Eva Alarcón Ortiz y Marcial Bautista Valle, y se ha negado a brindar protección a las familias de ambos, sobre todo a sus hijas Coral Rojas Alarcón y Victoria Bautista Bueno, denunció la primera.
En entrevista telefónica, Coral Rojas dio a conocer que recibieron con alegría la invitación que les hizo a través de los medios de comunicación el coordinador de los Diálogos por la Convivencia y la Paz, Javier Morlett Macho.
Se le preguntó su opinión respecto al exhorto que giró el Congreso de la Unión, el 2 de febrero, al gobierno de Ángel Aguirre Rivero para que a través de la Procuraduría, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semaren), “emprenda las acciones necesarias que permitan localizar a estos defensores de derechos humanos y detengan a los responsables de este artero delito y los sometan a proceso”.
Indicó que cualquier muestra de apoyo las alienta a continuar la lucha.
Las jóvenes activistas por los derechos humanos y la ecología fueron amenazadas por teléfono y son hostigadas por exigir la presentación inmediata de sus padres, quienes fueron secuestrados el 7 de diciembre pasado por hombres armados escoltados por una patrulla de la Policía del Estado, como denunciaron entonces testigos de los hechos.
Aun así, denunció Coral Rojas, cuando la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo el caso y tuvo en su poder al comandante de la Policía Ministerial del estado, Cesáreo Espinosa Palma, alias El Ganso, el gobierno del estado se desentendió de las investigaciones y de su seguridad.
El comandante Espinosa Palma, que estaba adscrito a Tecpan de Galeana, donde fueron interceptados y detenidos los ecologistas, encabezó a los hombres armados que bajaron del autobús a Eva Alarcón y Marcial Bautista.
La Procuraduría del Estado lo entregó a la PGR el 28 de diciembre, pero ninguna de las dos corporaciones ha dado información respecto de lo que ha declarado ni sobre su situación legal.
“Incluso desde el año pasado, ya ni recuerdo la fecha, suspendieron las reuniones en las que nos daban información y el secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, cortó toda comunicación con nosotras”, dijo Coral Rojas ante la pregunta.
“Se están haciendo los occisos, están dejando de lado su responsabilidad de presentar a nuestros padres, solitos se están atando de manos, no quieren realizar las investigaciones”, agregó.
Por eso, exigió que el gobierno del estado retome el caso y presente con vida de manera inmediata a los dirigentes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESPyCC).

Necesarios, los diálogos por la paz

A Rojas Alarcón se le preguntó si ella o Victoria Bautista habían platicado con Javier Morlet, pues ayer se publicó que se realizará un foro de los Diálogos por la Paz en Zihuatanejo el próximo 3 de marzo y quiere que ellas asistan.
Contestó que aún no se han puesto en contacto pero que se enteraron al leer el periódico, y adelantó que “nos enteramos y aceptamos con mucho gusto la invitación, sólo esperamos que se contacte con nosotros”.
Recordó que ya han trabajado en conjunto con Morlet, pues también forma parte del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza el poeta Javier Sicilia.
También consideró “muy necesario” que se realicen encuentros entre la población civil, porque hay cada vez más víctimas de la violencia, ya sea del narcotráfico o del propio Estado, “y tenemos que reunirnos para sensibilizar a la gente, siempre que podamos colaborar, lo vamos a hacer”.

Llamado del Congreso

Luego se le recordó que el 2 de febrero la Cámara de Diputados abordó el caso de Eva Alarcón y Marcial Bautista y planteó “emprender las acciones legislativas necesarias para garantizar los derechos humanos, la protección de los defensores y la adopción de normas específicas en la atención a las víctimas de la violencia”.
También manifestó su “preocupación por la situación de hostilidad y riesgo en la que llevan a cabo su labor las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos y se pronuncia por el cese inmediato de las agresiones y el hostigamiento a las víctimas, deudos y defensores”.
Y exhortó al gobierno federal “a que aplique, de manera urgente en acuerdo con la sociedad civil, medidas cautelares de protección permanente, responsable y oportuna a los ciudadanos que realizan este tipo de labor social que están sujetos a condiciones de riesgo o sean amenazados”.
“Se exhorta al Ejecutivo Federal para que instruya a las instituciones de seguridad pública, inteligencia, justicia y protección al medio ambiente para que conjunten esfuerzos e intensifiquen las labores de búsqueda e investigación para presentar con vida a Eva Alarcón Ortiz y Marcial Bautista Valle, así como detener a los responsables directos y a los implicados”, indica el documento aprobado en aquella fecha por los legisladores federales.
Y solicita al Ejecutivo dicte las medidas cautelares de protección específicas hacia los miembros de la OCESP, a fin de salvaguardar su integridad y la viabilidad de sus acciones.
Y al gobierno de Guerrero le instruye que, a través de las instituciones de seguridad pública, justicia y protección al medio ambiente, emprenda las acciones necesarias que permitan localizar a estos defensores de derechos humanos y detengan a los responsables de este artero delito y los sometan a proceso.
Al respecto, Coral Rojas consideró que el respaldo del Congreso es importante, pues es necesario que las autoridades se interesen en las desapariciones forzadas en contra de activistas sociales, “es una muestra de apoyo y nos da fuerzas para continuar con la lucha”.