Retiene el gobierno estatal un laudo a dos ex trabajadores de Seguridad Pública, denuncian

Rosendo Betancourt Radilla

Chilpancingo

Los ex trabajadores del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Pablo de Jesús Cué Varela y Gonzalo Muñiz Rodríguez informaron que ganaron un laudo en el 2010 y que a la fecha no se les ha pagado a pesar de que hay una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Ambos trabajadores presentaron una demanda laboral ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje el 17 de noviembre del año 2005 porque fueron despedidos de manera injustificada del Consejo Estatal de Seguridad Pública del gobierno del estado, cuando operaban en el Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando.
Cué Varela dijo que no le explicaron el motivo de su despido tras cinco años de trabajo como personal de confianza, aunque considera que fue por el cambio de gobierno que entonces quedó a cargo de Zeferino Torreblanca Galindo.
Dijo que estuvo de acuerdo a dejar su cargo y que pidió es que lo liquidaran de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo “pero nos contestaron que no teníamos derecho a nada y por eso recurrimos a un abogado y entablamos el juicio”.
En noviembre del 2010 se resolvió el caso y salió un laudo a su favor y de su compañero. A partir de esa fecha ambos han intentado cobrar el dinero, pero el secretario ejecutivo del Consejo Estatal, Luis Patiño Soberanis no ha liberado el dinero, que ahora asciende a un millón 650 mil pesos.
Debido a la falta de pago presentaron el 16 de abril una queja ante la Comisión Estatal de Defensa de Derechos Humanos (Codehum) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
La CNDH envió la recomendación 087/2012 el 10 de septiembre en donde le pide al secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública de Guerrero que adopte las medidas necesarias para que se cumpla el laudo.
En respuesta a la CNDH, el funcionario estatal dijo que la recomendación no se aceptaba porque una vez que “se realizó el estudio de análisis de la recomendación, se niega la razón a todas las consideraciones jurídicas que el organismo resolvió”.
Pablo de Jesús Cué recordó que con una sentencia es absurdo que el gobierno del estado tome esa postura pues es un asunto juzgado, “el laudo es una sentencia que tiene que cumplir”.
En un apartado del documento, la dependencia estatal dice a la CNDH que aunque no se acepta la recomendación “no se evade la responsabilidad de dar cumplimiento al laudo sino por el contrario se realizan los trámites correspondientes para que se solicite la intervención de la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado.
El afectado consideró que es una contradicción además de que “no pueden haber tardado dos años en resolverlo”. Además en el papel dice que anexa copia del trámite, pero en el sello de la CNDH señala que el documento se recibió sin anexos.
El hombre se dijo desesperado “porque ya tengo 60 años de edad y no tengo trabajo porque no encuentro, tengo problemas de salud y nadie me quiere contratar por la diabetes e hipertensión de la que sufro”.
Por ello, pidió la intervención del gobernador Ángel Aguirre Rivero para que se pague el laudo “y es un pago que tienen que hacer tarde o temprano mientras me están afectando en la salud, en la moral”.
El abogado de los dos trabajadores, Adahir Hernández Martínez recordó que ante la falta de pago, el 2 de septiembre del 2010 se embargó una cuenta del Consejo de Seguridad Pública “en ese momento el actuario del tribunal notifica que la cuenta está congelada pero el 5 de septiembre vaciaron la cuenta que tenía 80 millones de pesos”.
En ese sentido, explicó que el banco en contubernio con las autoridades estatales incurrieron en un delito “porque están desacatando una orden jurisdiccional del Tribunal de Conciliación y Arbitraje”.