No hay garantías de seguridad para dar los nombres de sus hostigadores, argumenta Rosalinda Vargas

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Nuevamente, sin garantías de seguridad ante la persecución, amenazas y hostigamiento que ha venido sufriendo ella y su familia, salió ayer de la reunión con el gobernador, Ángel Aguirre Rivero, la profesora Rosalinda Vargas Barrera, e informó que el mandatario sólo se comprometió a gestionar ante el gobierno federal su protección con la Policía Federal debido a su desconfianza a la policía municipal y estatal.
La ex pareja del finado ex secretario de Gobierno y ex procurador de Justicia, Rubén Robles Catalán, quien comenzó a sufrir represalias a partir de que presentó una demanda de pensión alimenticia en 1984 para su hija Jhoana Robles Vargas, se reunió ayer con el gobernador Ángel Aguirre Rivero en Casa Guerrero, acompañada por el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles del Derechos Humanos (Redgro), Manuel Olivares Hernández.
Argumentó que debido a que todavía no tiene garantías de seguridad no le dio a conocer al gobernador los nombres de los miembros del “grupo de poder” que permanece en las estructuras de la actual administración estatal y la ha venido presionando y hostigando desde cuando todavía vivía su difunto esposo.
La reunión estaba programada a las 11:45 de la mañana, sin embargo se aplazó hasta a la una de la tarde debido a que el gobernador primero encabezó una reunión con periodistas, moradores de casas de estudiantes y habitantes de colonias y comunidades; a los primeros les entregó créditos para vivienda, a los segundos mobiliario y material para el mantenimiento de sus casas y a los últimos recursos del programa de Pobreza Alimentaria para la instalación de huertos de traspatio.
Vargas Barrera reconoció que de parte del gobernador “hay disposición de que se resuelvan los puntos que le plantee, vamos a ver en el transcurso del tiempo”, dijo.
Explicó que concretamente le planteó la aplicación de las medidas cautelares, que consisten en el acompañamiento personalizado de la Policía Federal, que se ha venido solicitando hace tres años.
Dijo que el gobernador, a pesar de que no está en sus manos la solución, se comprometió a realizar la gestión junto con el secretario técnico de la Redgroac, Manuel Olivares.
Vargas Barrera insistió que le han ofrecido el acompañamiento de la Policía Municipal y el de la Ministerial pero insistió que no confía en sus elementos, “los primeros porque todo mundo sabemos en qué andan metidos y los segundos porque el mismo gobernador ha reconocido que es un lastre, y en eso estamos de acuerdo”.
Además recordó que en 1989 los ministeriales (entonces todavía agentes judiciales), le fabricaron el delito de posesión de mariguana “y alguno todavía está en la Procuraduría, por eso es que no puedo yo pedir o aceptar que me pongan a este tipo de policías, por eso en cuestiones de seguridad hemos estado solicitando que sea la Policía Federal”, dijo.
Vargas Barrera dijo que puso al tanto al gobernador del hostigamiento que ha venido sufriendo desde que presentó la demanda de pensión alimenticia en 1984 y la fabricación del delito de posesión de mariguana en 1989 por parte de la Policía Judicial, “y todos los hechos de represión y violación sistemática a nuestros derechos humanos; el penúltimo, el secuestro de mi hija Elizabeth Olguín, en el 2009 cuando fue violada, torturada y fracturada de su mandíbula, y el último la búsqueda de hombres armados a mi hijo Alejandro Olguín, el viernes de la semana pasada”.
Agregó todo esto es por gente que todavía está en el gobierno y que “por cuestiones de seguridad” todavía no puede proporcionar sus nombres, “pero si hay la disposición del gobernador y en cuanto yo tenga garantizada la seguridad y la protección podré aportar los elementos, que ya deberían estar en la averiguación previa, pero como la manipularon, tendremos que proporcionarlos nuevamente para que se castigue a los responsables de estos hechos”.
Vargas Barrera agregó que su temor es porque a pesar de que Robles Catalán ya no está, “hay un grupo de poder que todavía está relacionado con su familia, por ejemplo el doctor Salvador Robles Chávez con América Beatriz Román Inturbide me fabricaron el delito por lesiones, afortunadamente ya lo tenemos ganado, pero como ellos se sienten poderosos o protegidos, puede que el caso siga”.
Agregó que al respecto el gobernador le prometió que él no va a protegerlos y que no va a seguir fomentando la impunidad, “esperemos que en los hechos cumpla y que los puntos que le tratamos realmente se materialicen”, concluyó.