Urge Tlachinollan ante la ONU a modificar el Código Penal del estado para tipificar la tortura

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan urgió ayer ante el Comité contra la Tortura (CAT) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tipificar el delito de tortura en el Código Penal del estado de Guerrero, pues argumentó que esta entidad es la única en la que esa práctica violatoria de los derechos humanos solamente se contempla en la ley secundaria.
El organismo planteó ayer su petición durante su participación en un encuentro privado con el CAT de la ONU.
Allí expuso que a pesar que el Estado mexicano incluyó en sus informes anteriores que la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura y el acuerdo A/057/2003, a través del cual adecuó el Protocolo de Estambul para convertirlo en un dictamen médico psicológico especializado para casos de posible tortura y/o maltrato, afirmando que con ello erradicaría la tortura, en la realidad esto no ha ocurrido así.
Tlachinollan informó ayer que durante la sesión privada con el CAT expuso que de acuerdo con la información oficial obtenida a través del Instituto Federal de Acceso a la Información, la propia Procuraduría General de la República (PGR) ha aceptado que el mencionado dictamen especializado se ha aplicado en más de 300 ocasiones desde 2003, confirmándose tortura en más de 120 casos, sin que esto se haya traducido en igual número de sentencias condenatorias, “es decir, el acuerdo 57/2003 no ha servido para reducir la impunidad”.
El organismo informó que en esa reunión aludió principalmente la práctica de la tortura en Guerrero, y puso énfasis en la preocupación de que la tortura “ni siquiera se encuentra tipificada como delito en el Código Penal, lo que se traduce en impunidad y que además, en la entidad se desconocen por completo en la práctica las directrices del Protocolo de Estambul”.
Agregó que citó como ejemplo los hechos ocurridos el 12 de diciembre de 2011, cuando después de una violenta represión policial en la que fueron ejecutados dos jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) torturaron a uno de los estudiantes detenidos y le hicieron disparar un arma de alto poder mediante golpes y amenazas para que se autoincriminara.
En el encuentro expusieron que sobre estos hechos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), tras una investigación y practicar evaluaciones basadas en el Protocolo de Estambul, concluyó que dicho estudiante fue víctima de tortura a manos de los elementos de la Policía Ministerial.
Pero que no obstante, “como en México no se reconoce valor probatorio pleno a las actuaciones del sistema ombudsman en los procedimientos criminales, a la fecha ningún funcionario ha sido sancionado por estos hechos”.
También denunciaron en ese encuentro que las investigaciones no se iniciaron por el delito de tortura al no estar éste tipificado, “lo que comprueba que en el estado se tortura con impunidad por lo que urge reformar el Código Penal del Estado de Guerrero para tipificar ese grave crimen”.
Tlachinollan recordó que la reunión se realizó en el contexto de la revisión de los informes periódicos Quinto y Sexto del Estado mexicano ante el CAT, que se llevará a cabo mañana 31 de octubre y el 1 de noviembre.