La reforma laboral no es para un presidente, responde Gobernación

Luego que el PRI quitó el carácter de preferente a la iniciativa de reforma laboral de Felipe Calderón, lo que abre la posibilidad de que sea aprobada hasta la gestión de Enrique Peña Nieto, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, sostuvo que la propuesta no es para un presidente u otro.
“¿Para quiénes son las reformas? No es para un presidente o para otro, no es para un partido… es para los jóvenes que hoy necesitan trabajo y que con esta reforma lo van a poder conseguir de una manera más veloz”, afirmó el funcionario en conferencia de prensa.
“Porque nos va a permitir un mercado laboral más flexible, más moderno, con mayor capacidad de generación de empleos. Más que el carácter técnico de si es preferente o no, creo que lo que hay que subrayar es que es una reforma urgente”.
Poiré aseguró que seguirán siendo respetuosos de los tiempos, decisiones y procesos que tome el Congreso, aunque destacó la importancia de que ambas Cámaras ya votaron a favor de 342 modificaciones a la ley laboral.
“Hoy existen 342 artículos aprobados por una mayoría de diputados y por una mayoría de senadores y 8 más que están en discusión·, expuso.
“Lo que hay que subrayar es que es una reforma urgente para los jóvenes que están buscando trabajo y que gracias a esta reforma podrán encontrar mayores oportunidades de trabajo en cuanto se empiece a implementar”.
Difiere con el diagnóstico sobre la tortura

En otro tema, el secretario difirió con el diagnóstico de un grupo de organizaciones civiles en el sentido de que México cuenta con un marco normativo de derechos humanos de primer nivel pero que solo sirve para ocultar que la tortura es utilizada sistemáticamente como método de investigación.
“Creo que no es preciso un señalamiento de un fenómeno generalizado. Lo que sí es muy puntual son dos elementos que quisiera destacar: primero, cuando existen casos de abuso de autoridad, existen casos de posible aplicación de la tortura, se están investigando cada una de las denuncias y se están llevando a cabo las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades”, aseguró el titular de la Segob.
“Pero además de que se investigan los casos y además de que se sancionan los casos cuando se presentan las evidencias, se han tomado medidas adicionales preventivas, precisamente para evitar que estos fenómenos se den en un momento dado”.
El funcionario recordó que del universo de quejas que se han presentado contra elementos de las fuerzas federales, el 87 por ciento ha sido resuelto por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y solo 2 por ciento ha resultado en recomendaciones.

Poiré a Moreira: el gobierno ya sabía de narcominas en coahuila

Según el gobierno federal, la revelación que hizo el ex mandatario priista, Humberto Moreira, en el sentido de que el crimen organizado tiene presencia en la actividad minera de Coahuila, no fue una sorpresa.
Por el contrario, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, aseguró que incluso ya investigaban esa situación desde hace algunos meses en coordinación con la administración del actual gobernador, Rubén Moreira.
“Ya veníamos actuando desde antes y se sigue actuando, pero también lo señalé: hay averiguaciones y hay investigaciones que se están realizando de manera conjunta con el gobierno del estado y por el gobierno federal en la materia, precisamente para verificar si estas hipótesis de participación de otros agentes se validan o no, y por supuesto que se tendrán que deslindar responsabilidades.
“Sí existen las investigaciones, independientemente de que he tenido comunicación con el señor Moreira respecto de estos casos de manera muy particular”, admitió el titular de la Segob en rueda de prensa.
También dijo que se investigaba el caso junto con el gobierno de Rubén Moreira, en el marco de la lucha contra el crimen organizado, “precisamente porque teníamos la preocupación de esa vinculación en algunos de los sectores de la economía de manera específica y estamos combatiéndolo de manera directa y de manera conjunta con las autoridades correspondientes”.
En ese sentido, comentó que se atiende la información “que tanto el señor Humberto Moreira como otros pudieran dar al respecto”. De hecho, indicó que después de los dichos del también exlíder nacional del PRI sobre el involucramiento de la delincuencia en la industria minera, estableció comunicación con el ex gobernador de Coahuila.
Poiré hizo énfasis en que si alguien ha combatido al crimen organizado en Coahuila y otras entidades, ha sido el gobierno del presidente Felipe Calderón.

Confirma la PGJE que se indaga a empresas mineras

El procurador de Coahuila, Ho-mero Ramos, confirmó ayer que la dependencia que encabeza y la PGR investigan a tres empresas mineras que podrían tener relación o son explotadas por la delincuencia organizada.
El funcionario estatal detalló que ambas instituciones han celebrado tres reuniones, de las que dos se realizaron en la Ciudad de México y una más en la Región Carbonífera de Coahuila, donde se ha tenido la presencia de personal de las secretarías de Trabajo y Previsión Social, Segob y Medio Ambiente.
Ramos Gloria aclaró que la jurisdicción de las minas es de orden federal, tanto la explotación, comercialización y la expedición de permisos, por lo que la PGJE coadyuva en las investigaciones y peticiones que se han hecho por parte de la PGR.
“El orden federal es quien ha abierto una línea de investigación en tres empresas de la Región Carbonífera, por lo que es cuestión de tiempo para que se determinen responsabilidades y se emita una opinión al respecto”, anticipó el titular de la Procuraduría de Coahuila.
También puntualizó que el estado en el que se encuentran las concesiones compete a la Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila (Prodemi), así como a la PGR, para determinar si esos negocios o empresarios tienen que ver con el crimen organizado.
“La paraestatal tiene más o menos 84 contratos con diversas empresas que comercializan a través de ésta, pero sólo una quinta parte de la explotación en el área de Coahuila la maneja Prodemi”, acotó.
La PGJE, admitió, sabía de la existencia de pozos de carbón que laboraban sin los permisos indicados.
Homero Ramos destacó que “las autoridades federales pidieron al gobernador información y él ordenó a algunos de nosotros apoyar en las investigaciones para poder ayudar a la revisión de cada una de las concesiones”. (Antonio Baranda / Agencia Reforma / Ciudad de México).