Humberto Musacchio

Ley, gobierno, IFAI y sindicatos

Todo indica que la reforma laboral se frustró o que por lo menos no saldrá durante el mes de noviembre. Hay que celebrarlo, pues las modificaciones a la legislación buscaban quitar derechos a los trabajadores, precarizar el empleo y abatir los salarios, que bastante maltratados han sido durante este sexenio.
Los legisladores del PRI, con toda su experiencia a cuestas, ya dejaron ver que no tienen prisa. Enrique Peña Nieto ha mostrado interés por introducir modificaciones de fondo en las relaciones laborales, pero ésas bien pueden realizarse en los primeros meses del año próximo, cuando resulte menos complicado el cabildeo y sea más fácil llegar a acuerdos con la oposición.
Lo sorprendente es que el Partido de la Revolución Democrática, que para muchos es heredero de las luchas sindicales del siglo XX, estableció una alianza con el PAN para sacar adelante algunas reformas abiertamente antiobreras. Que Acción Nacional promueva esas modificaciones resulta comprensible y responde a la historia del partido azul, un partido patronal fundado como respuesta a las políticas cardenistas. ¿Pero el PRD…?
El partido amarillo y negro está pugnando por lo que Alejandra Barrales llama “rendición de cuentas, transparencia y democracia sindical”, para lo cual se quiere dotar al Estado de facultades para intervenir en el manejo de dinero de los sindicatos y otros aspectos de su vida interna, haciendo omisión de que la antidemocracia en las organizaciones obreras es resultado de leyes, relaciones y costumbres útiles para garantizar que el Estado y los patrones cuenten con interlocutores permanentes y reconocidos (por ellos).
El Estado ya cuenta con demasiadas facultades para intervenir en la vida sindical. Darle más armas es atentar contra la autonomía de todas las organizaciones de trabajadores, las charras y las democráticas. Por el contrario: lo que se impone es restarle poder a autoridades que, como las juntas y tribunales laborales, ahora pueden determinar si aceptan o no los liderazgos elegidos por los propios obreros y modalidades de la vida interna de los sindicatos, como el voto secreto o a mano alzada.
Al respecto, es del todo improcedente la petición de Jacqueline Peschard de dar al IFAI facultades para fiscalizar las cuentas de sindicatos que reciben dineros públicos. De la corrupción de Pemex y la CFE forman parte los sindicatos respectivos, pero las prestaciones y cuotas obreras dejan de pertenecer a la empresa cuando se entregan a la caja sindical. Dejan incluso de ser propiedad de los trabajadores en lo individual, pues pasan  a formar parte del patrimonio colectivo y sólo la asamblea del sindicato puede llamar a cuentas.
Un sindicato no es un organismo público que esté sujeto a la normatividad propia de la esfera estatal. Para todos los efectos es la contraparte del patrón, independientemente que éste sea el Estado o un particular. Bastantes abusos se cometen ya contra la voluntad de los trabajadores para dotar a la patronal de nuevos mecanismos que aumentarían su injerencia en la vida sindical.
Para el caso, cabe mencionar lo que ocurre en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, donde la satrapía que encabeza la señora Esther Orozco, por sus purititas pistolas se niega a entregar al sindicato las cuotas de los trabajadores. Y eso ocurre con la actual legislación. Si se dota a la patronal de más facultades para intervenir en la vida sindical, pronto veremos a personas como la citada rectora decidiendo quiénes han de ser representantes de los trabajadores. Franquismo puro, pues.