Dice Almonte que no sabe que la CNDH haya pedido juicio político en su contra

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

A casi un año del desalojo violento de estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa por policías estatales y federales, al sur de esta capital, el entonces secretario de Seguridad Pública y Protección Civil (SSPYPC) del gobierno del estado, Ramón Almonte Borja, quien fue destituido por ese caso, dijo ayer que no lo recuerda y que tampoco sabe si tiene una demanda de juicio político en su contra en el Congreso local.
Algunos reporteros intentaron entrevistar ayer al ex funcionario cuando salía precisamente del Congreso, pero negó que haya acudido por el caso de la demanda de juicio político que tiene en su contra.
“Vine a ver a una señorita y eso no lo puedo decir públicamente porque soy un hombre casado”, dijo cuando se le preguntó por el motivo de su asistencia al Congreso. Después no quiso hablar más.
Más tarde en declaraciones telefónicas señaló que acudió al palacio legislativo porque como abogado del priista Fermín Alvarado Arroyo busca que éste sea restituido como magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
El funcionario salió a la una de la tarde de las instalaciones del Congreso local y su presencia provocó interés porque ayer se venció el plazo para que los diputados determinaran si desechan o proceden con la demanda de  juicio político en contra de él y del ex procurador Alberto López Rosas como lo  recomendó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por su presunta responsabilidad en el desalojo violento el 12 de diciembre del año pasado en contra de los normalistas de Ayotzinapa, cuando fueron asesinados los estudiantes Alexis Ayala Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.
Sin embargo, Almonte Borja en el intento de entrevista dijo a los reporteros no recordar nada mientras huía por el estacionamiento del Congreso local, hasta subir a su camioneta que lo salvó de las preguntas de los reporteros que lo perseguían a paso rápido.
–¿Vino a ver cómo va el caso de su presunta responsabilidad en el desalojo de la normal de Ayotzinapa?
–No conozco nada de eso.
–Ocurrió cuando era secretario de Seguridad Pública.
–No, no estoy enterado.
–¿Ni a través de los medios de comunicación se enteró?
–No leo periódicos ni veo tele.
–Pero sí sabe del caso, usted era secretario de Seguridad Pública.
–No, no, no, no tengo conocimiento.
–Hoy los diputados tenían planeado desahogar este punto, ¿por eso vino?
–Pero no trabajan los diputados hoy.
–¿Entonces cuál es el motivo de su presencia aquí?
–Vine a ver a esta señorita, abogada. Nomás que no puedo decirlo públicamente, porque soy un hombre casado y vine a ver a una señorita.
–¿Pero del juicio político que están pidiendo en contra de usted, qué opinión le merece?
–Lo desconozco, no tengo opinión –respondió por último, ya cuando sus ayudantes le abrían la portezuela de su camioneta, que abordó de inmediato.
Más tarde en declaraciones telefónicas dijo que se reunió con el oficial mayor del Congreso, Benjamín Gallegos Segura, después de mediodía, y reiteró que su visita no tenía nada que ver con el proceso de juicio político que recomendó la CNDH que se abriera en su contra por su presunta responsabilidad en el desalojo policiaco en el que murieron los estudiantes normalistas, Gabriel Echeverría de Jesús y Alexis Herrera Pino.
Dijo que acudió en calidad de abogado: “Fui para ver lo que ya se publicó en El Sur”.
A lo que se refirió es una nota que se publicó ayer en estas páginas en las que se da cuenta de que defiende legalmente al ex candidato del PRI a la alcaldía de Acapulco, Fermín Alvarado, para que lo restituyan como magistrado en el Tribunal Superior de Justicia, porque considera que la antepasada legislatura realizó un mal procedimiento para cesarlo de ese cargo.
Fuentes del Congreso informaron que Ramón Almonte, además de que es representante legal del priista Fermín Alvarado, lleva la mayoría de los casos de ex trabajadores de ese lugar, que han sido despedidos desde la 58 legislatura local. (Rosendo Betancourt Radilla / Chilpancingo).