Entrega Tlachinollan al Congreso local una iniciativa de ley para tipificar, investigar y sancionar la tortura

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Los directivos del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, así como representantes de otros organismos y familiares de víctimas de tortura, entregaron ayer en la Oficialía de Partes del Congreso local, una propuesta de reformas al Código Penal en la que se propone tipificar, investigar y sancionar “de manera adecuada” el delito de tortura.
“Es una iniciativa innovadora, que tiene que ver con los estándares internacionales en materia de derechos humanos sobre el caso de la tortura”, sintetizó el director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, entrevistado antes de que entregara el documento.
Explicó que con estas reformas se hace eco a los problemas que hay en Guerrero en relación con esta práctica violatoria de los derechos humanos que no está tipificada como delito, lo que ha alentado la impunidad, “y la situación que estamos viviendo es producto de la falta de investigaciones contra los torturadores de quienes aquí en Guerrero hemos sido víctimas de múltiples abusos”.
Con el director de ese organismo, acudieron a entregar el proyecto, el director jurídico de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra; el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Redgroac), Manuel Olivares Hernández; la representante del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, Olivia Cortés Corona; y el representante de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), Minervino Morán Hernández.
También asistieron el representante de la Comunidad Indígena Emperador Cuauhtémoc, Hugo Juárez Ocampo; una comisión del Centro de Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón de Chilapa; familiares del estudiante de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, asesinado el 12 de diciembre durante el desalojo violento, Gabriel Echeverría de Jesús; así como una comisión de dirigentes de esa Normal.
Barrera Hernández explicó que el contenido de la propuesta de reformas, tiene que ver con una visión integral de lo que es la práctica de la tortura, “porque no solamente se circunscribe a los actos directos, sino a todas las implicaciones que repercuten en la acción, que tienen que ver con la finalidad y con las garantías para que se hagan investigaciones y peritajes con el Protocolo de Estambul, que es el referente internacional más amplio y garantista de las víctimas contra la tortura”.
El director de Tlachinollan explicó que es necesaria en Guerrero una reforma en la que se tipifique la tortura como delito porque esta práctica es recurrente, y dijo que sólo el organismo que él dirige documenta anualmente aproximadamente 30 casos. Mientras que el abogado Rosales Sierra informó que del 2009 a la fecha el organismo ha documentado 60, pero que con la guerra del crimen organizado los casos se han incrementado considerablemente.
Barrera Hernández agregó que lo grave es que ninguno de ellos logra tipificarse como delito de tortura, por lo que la mayoría de los casos graves y emblemáticos como el de la Normal de Ayotzinapa, el de Inés Fernández (la indígena violada por militares), y el de Bonfilio Rubio Villegas (asesinado por militares en un retén cerca de Huamuxtitlán), no han sido investigados y mucho menos castigados “y eso es lo más grave que ocurre en Guerrero”.
Dijo que aunque Tlachinollan no tiene un pulso real de la gravedad “nuestro pulso, en términos generales es que es uno de los delitos más graves que se cometen y es la práctica generalizada de las corporaciones policiacas y del Ejército mexicano”.
A pesar de este contexto, Barrera Hernández manifestó que de parte de los diputados no existe una visión clara de lo que representa legislar al respecto, a pesar de que eso sería hacerlo a favor de los ciudadanos, “más bien están pensando en una agenda política relacionada con iniciativas que interesan a las empresas o a los grupos políticos, pero realmente con las iniciativas relacionadas con los derechos de los ciudadanos no tienen un compromiso”, acusó.
Agregó que por eso no ha prosperado la iniciativa sobre el mismo tema que presentó la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), pues según su presidente, Juan Alarcón Hernández ha presentado el proyecto en dos ocasiones.
“Por eso vamos a tener que presentar un proyecto directamente los ciudadanos, a pesar de que legalmente no podemos presentar iniciativas, pero la vamos a presentar para que los diputados la hagan suya “si de verdad hay un compromiso con la sociedad, se tienen que apropiar de esta iniciativa, es decir, les hemos hecho el trabajo porque esta ya es una iniciativa armada y construida con los estándares internacionales, a partir de la problemática y desde la visión de las víctimas”, dijo.
Y adelantó que si los diputados de verdad tienen sensibilidad, “aquí veremos realmente más que rollos y discursos, queda en sus manos esta disposición y este compromiso para ver si en verdad están a favor de los ciudadanos”.

El contenido de las reformas

El abogado Vidulfo Rosales Sierra explicó que es una reforma integral, que difiere de otras iniciativas que se han presentado, puesto que plantea una reforma al Código Penal en 7 u 8 artículos y se incluye un capítulo específico en el que ya se define la tortura como delito, “en el que básicamente viene la definición de la tortura, qué se considera, cuáles son sus elementos típicos que lo integran y estos están basados en lo que establece la Convención Americana de Derechos Humanos”.
Explicó que al respecto se establece que el delito de tortura se comete por servidores públicos o por personas físicas con aquiescencia de los servidores públicos, que haya la intención deliberada de provocar un daño por un hecho que se sospecha cometido o que vaya a cometer la persona, o con el fin de castigarlo.
En otro apartado vienen las agravantes en las que se establece que el delito “se agrava cuando se comete contra personas discapacitadas, contra mujeres, contra niños, contra periodistas o contra defensores de derechos humanos, candidatos a puestos de elección popular y dirigentes políticos o dirigentes sindicales”.
Otro apartado es el de la imprescriptibilidad, “es decir que este delito no prescribe aún con el paso del tiempo por ser continuado”. En este sentido Rosales Sierra explicó que es una diferencia entre esta propuesta y las otras; “se podrán investigar casos del pasado justamente por su imprescriptibilidad, creo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fijado ya precedentes en ese sentido, como el caso de Rosendo Radilla (desaparecido en 1974) y la Convención Americana fue fundada en los años ochentas, entonces sí es aplicable retroactivamente”
Además en esta propuesta de reformas se propone que no haya beneficios de ley, como la libertad anticipada o reducción parcial de la pena, como lo establecen los estándares internacionales.
Rosales Sierra informó que la propuesta de reformas plantea también el establecimiento de una pena mínima de 6 años y la máxima de 18 años y sin derecho a fianza.
En estas reformas se incluye, asimismo, que la confesión solamente debe rendirse ante un juez y no admitir la que se haga ante un Ministerio Público, como actualmente es válida, “esta reforma propone que ya no sea válida esta declaración ante el Ministerio Público, sino solamente ante el juez”, porque explicó que la mayoría de las confesiones que se sacan bajo tortura surgen en la averiguación previa y ante el Ministerio Público, “por eso el objetivo es restarle toda validez jurídica a la confesión rendida ante el Ministerio Público y solamente hacer válida la rendida ante un juez.
Además se propone que toda persona detenida con el sólo hecho de que manifieste que fue torturado el juez estaría obligado a realizarle un examen sicológico con base en el Protocolo de Estambul, ya no sólo un examen físico, como normalmente lo hace el médico legista, sino un examen médico y sicológico que abarque todos los estándares que establece el Protocolo de Estambul.
En otro apartado se propone que la tortura sea considerada como un delito grave, “razón por la cual no va a alcanzar fianza bajo ninguna circunstancia”.
La comisión de representantes de agrupaciones sociales llegó a las instalaciones del Congreso local poco después de las 12 del día y tuvieron que permanecer más de media hora afuera debido a que el personal de seguridad les cerró las rejas y les impidió el paso, por lo que el director de Tlachinollan Barrera Hernández y el abogado Rosales Sierra tuvieron que llamar por teléfono al presidente de la Comisión de Gobierno, Bernardo Ortega Jiménez para que les permitieran entrar y entregar en la Oficialía de Partes el documento.