No dejarán las armas mientras no se reconozca a la policía ciudadana, advierten en Olinalá

Rosalba Ramírez

Olinalá

Decenas de hombres armados, algunos con los rostros cubiertos; campamentos improvisados, trincheras de costales y llantas rellenas de tierra, así como cerros de piedras para cubrirse de posibles agresiones de los delincuentes expulsados del municipio el sábado pasado, es lo primero que se observa en las entradas de la cabecera municipal de Olinalá después de que el pueblo tomó las armas.
Los ciudadanos desconfían de todos los visitantes, revisan los vehículos y solicitan identificaciones para autorizar la entrada, pero a pesar de la desconfianza se antepuso la necesidad de ser escuchados, con la esperanza de que después de cinco días de haber tomado las armas las autoridades estatales acudan al lugar.
En su cabecera municipal Olinalá tiene 5 mil habitantes que se dedican a la actividad comercial y ganadera; los ciudadanos están en una situación se zozobra, 10 escuelas desde preescolar hasta el Tecnológico suspendieron clases por la inseguridad y el temor de una respuesta armada de los delincuentes que fueron expulsados tras el secuestro y asesinato de un taxista.
Pero ese no fue el único crimen, relataron vecinos que no dieron sus nombres; en los últimos cuatro meses ocurrieron dos secuestros y dos asesinatos más, sin que hasta el momento sean detenidos los responsables.
Uno de los secuestrados fue ultimado, del otro la familia logró pagar el rescate, también fue encontrado cerca de la cabecera municipal el cuerpo de una joven de aproximadamente 19 años, supuestamente vecina de una comunidad cercana.
Los ciudadanos reprochan a sus autoridades municipales la falta de acción para detener robos a casa habitación y asaltos que ocurrían a plena luz del día, y aseguran que los delincuentes que fueron expulsados se les veía constantemente platicando con los policías, esto a pesar de que la población los tenía identificados como delincuentes que llegaron a operar en el lugar.
Advirtieron que no permitirán la presencia de los policías municipales en los campamentos que tienen en las entradas de la cabecera municipal por dos motivos, el primero es que no actuaron para prevenir los actos delictivos que concluyeron en el asesinato de tres personas y el segundo porque tienen vínculos con el grupo de delincuentes.
El reclamo principal de los habitantes es la falta del respaldo de su alcalde, a quien acusaron de no enfrentar el problema escondiéndose y argumentando que no se encontraba en el municipio, pero también la complicidad de los policías municipales para quienes pidieron que se les investigue porque permitían a los delincuentes pasearse armados por el lugar.
Los pobladores ubican al jefe del grupo como El Güero, un hombre de aproximadamente 25 años, originario de Chilapa, quien llegó al municipio con otras cuatro personas, de quienes se desconocen los nombres, la información de los pobladores es que una adolescente que llegó con ese grupo fue inscrita en la secundaria, donde vendía droga.
También acusaron a la conserje de la Preparatoria 38, Gudelia Domínguez de vender narcóticos a los estudiantes.
En el primer retén improvisado por los ciudadanos, informaron que desde el domingo enviaron a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) un oficio en el que la Comisión de Supervisión y Vigilancia de Olinalá solicita su intervención, petición que todavía no tiene respuesta.
Los ciudadanos dijeron que están hartos de la inseguridad, y adelantaron que permanecerán con el control de la seguridad en el municipio, hasta que se constituya una Policía Ciudadana, integrada por hombres de los ocho barrios de la cabecera municipal y de las 65 comunidades de Olinalá.
Advirtieron que no caerán en simulaciones del gobierno estatal y dejarán las armas hasta que la policía ciudadana tenga figura jurídica y pueda actuar sin ningún temor legal.
Tras el levantamiento en armas, la tarde del sábado, los ciudadanos han detenido a aproximadamente 14 personas, algunos sospechosos de pertenecer al grupo de delincuentes que operaban en el lugar y a algunas menores de edad a quienes se les relaciona sentimentalmente con integrantes de ese grupo.
Integrantes de la Comisión de Supervisión y Vigilancia, de la que no hay vocero ni presidente, informaron que en repetidas ocasiones solicitaron al alcalde de extracción priista que requiriera la presencia de un Ministerio Público para que tomara la declaración de los detenidos y con base en ella definir si los encarcelaban o eran liberados, pero esa fue otra de las peticiones que el alcalde priísta Eusebio González negó a la población.
La organización está integrada casi en su totalidad por varones, pero también está la presencia de una mujer joven originaria de Olinalá que se ha mantenido al frente del grupo, ella interrogó en presencia de sus familiares a nueve adolescentes, a quienes se les vinculaba con el grupo de delincuentes.
Las menores, estudiantes de secundaria y preparatoria, informaron que los señalados vendían droga y eran ladrones, pero también eran quienes realizaban los secuestros en el municipio y lugares aledaños.
En su confesión las menores de edad revelaron que los delincuentes tenían ya una lista de ocho candidatos a ser secuestrados, entre ellos varios integrantes de la Comisión de Supervisión y Vigilancia, también niños y personas de otras comunidades, todos ellos pertenecientes a familias con estabilidad económica que podrían pagar el rescate.
Lamentaron que a pesar de que los ciudadanos están realizando el trabajo de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la dependencia no envíe por lo menos a un agente del Ministerio Público para tomar las declaraciones.
Todos los detenidos han sido liberados, por la policía municipal ante la falta de una denuncia formal, y en el caso de los ciudadanos para no ser acusados posteriormente de privación ilegal de la libertad.
Los vecinos señalados como integrantes de la delincuencia organizada no están detenidos, pero no pueden salir de Olinalá, hasta que declaren ante el Ministerio Público.
Las autoridades municipales instruyeron a los vecinos a resguardarse en sus casas de 10 de la noche a 5 de la mañana, ante el temor de que los grupos de la delincuencia organizada regresen al poblado y arremetan contra los habitantes.
El toque de queda fue avalado por la Comisión de Supervisión y Vigilancia, sumado a la suspensión de clases en todas las escuelas y la disminución de la actividad comercial por los retenes en las entradas.
A los campamentos llegan camionetas con víveres, desde agua, comida, cobijas y productos de aseo personal para los hombres que mantienen los retenes; los barrios se van turnando para llevar comida a los encargados del resguardo.