Impreciso el informe de Tlachinollan a la ONU sobre la tortura, responde el gobierno estatal

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El gobierno del estado respondió que es impreciso el informe que envió Tlalchinollan al Comité contra la Tortura de la ONU que sesiona en Ginebra, Suiza, y que además la Ley de la Comisión de defensa de Derechos Humanos del estado tipifica el delito y su sanción a partir de una remisión normativa constitucional.
El gobierno del estado, mediante un comunicado de prensa enviado la noche del miércoles, respondió que es impreciso el informe enviado al Comité contra la Tortura de la ONU porque la Ley de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos del estado tipifica el delito y su sanción a partir de una remisión normativa constitucional.
“El gobierno de Guerrero desmiente que no cuente con un tipo penal para sancionar la tortura en el estado y precisa que tiene normatividad que castiga a los servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones inflijan intencionalmente dolores o sufrimientos a otras personas con el fin de obtener información o confesión o castigarla por un acto cometido o que se le pretenda imputar”, dice el comunicado.
Y añade que en este sentido “es impreciso el informe enviado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan al Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas ya que en el ámbito estatal sí está prevista la tortura como una conducta delictiva y sancionada conforme a la ley que crea la Comisión de Defensa de Derechos Humanos del estado, en la que se indica claramente como debe procederse penalmente en contra del servidor público que incurra en la comisión del mismo”.
Concretamente, el gobierno estatal cita en su comunicado el artículo 76 bis párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero en el que se expone que “la ley que cree y organice la Comisión garantizará su autonomía técnica, establecerá el procedimiento en materia de desaparición involuntaria de personas, y regirá la prevención y castigo de la tortura cuando presuntamente sean responsables los servidores a los que se refiere el párrafo anterior.”
Y también se refiere al Título VI de la Ley que crea la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero en sus artículos 53 y 54, señala que “comete el delito de tortura, cualquier servidor público del estado, que por sí, o valiéndose de terceros o en el ejercicio de sus funciones, inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos o la coaccione física o mentalmente de manera grave, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de inducirla a un comportamiento determinado o de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido o se le pretenda imputar”.
El gobierno del estado agrega que dicha ley establece que “al que cometa el delito de tortura, se le sancionará con pena privativa de su libertad de dos a ocho años y de doscientos a cuatrocientos días de salario mínimo en concepto de multa, privación de su cargo e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión hasta por dos tantos del tiempo de duración de la pena privativa de la pena impuesta”.
En el informe enviado por Tlachinollan al CAT consiudera el caso de la Normal de Ayotzinapa  como uno de los casos de tortura emblemáticos que no se han investigados.
Y al respecto el gobierno del estado responde que “sobre la atención que se ha dado al caso “Ayotzinapa” las averiguaciones previas que se integran en la Procuraduría General de Justicia incluyen también la conducta delictiva por tortura, misma que se continúa investigando y en breve será determinada por esta autoridad ante el Poder Judicial en los casos en que así sea procedente, utilizando el tipo y la conducta descrita en la Ley especial que da creación a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero”.
Durante la sesión del Comité Contra la Tortura (CAT) de la ONU, el 31 de octubre y 1 de noviembre en Ginebra, se avaló un informe del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan en el que manifiesta que Guerrero es una de las entidades del país más rezagadas porque todavía no se ha tipificado el delito de tortura.