Insatisfactoria la respuestas del Estado en la ONU ante casos de tortura, señala ONG

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Al terminar ayer el examen de México ante el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas en Ginebra, más de 70 organismos civiles de derechos humanos del país consideraron que la delegación mexicana dio respuestas parciales a los casos presentados, entre ellos el de la falta de tipificación de la tortura en Guerrero y a las violaciones a los derechos humanos en el caso de la Normal de Ayotzinapa.
“Durante más de tres horas de audiencia, la delegación mexicana, conformada por aproximadamente 30 personas, brindó información parcial y poco precisa como respuesta a los cuestionamientos y solicitudes de información emitidas por quienes integran el Comité”, informaron ayer los organismos mediante un comunicado.
Entre los representantes de los organismos que se dijeron insatisfechas con la respuesta del Estado mexicano, están los del Centro de Derechos Humanos de la Montana Tlachinollan, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, conformada por 73 organizaciones en 21 estados del país.
En cuanto a la falta de tipificación de la tortura en el estado de Guerrero, los representantes de los organismos civiles informaron que la respuesta de las autoridades fue que desde 1992 se encuentra en la Ley que crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos y refirieron que actualmente hay un proyecto de ley en que se contempla la figura penal de la tortura.
“Sin embargo, omitieron señalar que ésta no ha sido aún presentada por el Ejecutivo del Estado”, cuestionaron los representantes de los organismos civiles.
Mientras tanto, con respecto a las violaciones de derechos humanos cometidas en contra de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, ante los cuestionamientos de integrantes del Comité, la delegación mexicana “recurrió a desvirtuar los hechos ocurridos el 12 de diciembre y a presentar información incompleta y poco imparcial respecto al estado en el que se encuentra la recomendación emitida por la CNDH y las investigaciones pendientes, particularmente las relativas a tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes señalados en la recomendación”, manifestaron los organismos.
Agregaron que, en general, así fue en todos los casos de tortura y violaciones a los derechos humanos que fueron presentados en este examen de México ante el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas.
Y que, incluso, en por lo menos dos ocasiones, los integrantes del Comité cuestionaron a la delegación mexicana que no habían obtenido respuesta a sus preguntas.
“De particular gravedad resultó la falta de precisión en los motivos sobre el bajo número de sentencias condenatorias por el delito de tortura, por el cual, las autoridades mexicanas se justificaron señalando que la complejidad de los casos dificulta al Ministerio Público obtener suficientes elementos de prueba para consignar a los responsables”.
Manifestaron que en este marco, el Comité reiteró su preocupación en cuanto al gran número de quejas por tortura interpuestas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) “y el muy reducido” número de recomendaciones emitidas por esta autoridad, pues de 6 mil 778 quejas presentadas por tortura y malos tratos entre noviembre de 1999 a julio de 2012, únicamente 198 derivaron en recomendaciones. “Más aún, externaron (los integrantes del Comité) su extrañamiento por el nulo registro de acciones penales iniciadas a causa de los hechos referidos en las recomendaciones emitidas por la CNDH”.
Informaron que en materia de fuero militar también hubo diversos cuestionamientos, a los cuales la Delegación respondió que en el pasado mes abril se aprobó un dictamen de comisiones en el Senado para reformar el Código de Justicia Militar, el cual aseguró, en voz de una representante de la Secretaría de Gobernación, que ésta ya fue presentada ante el Pleno de dicha Cámara.
“Sin embrago, el dictamen, no fue aprobado en Comisiones y nunca fue presentado ante el Pleno, por lo que la iniciativa continua pendiente”, recordaron los representantes de los organismos.
Concluyeron que a partir de este momento, el Comité comenzará a trabajar en las recomendaciones que serán presentadas próximamente “y de las cuales las organizaciones de la sociedad civil estaremos pendientes para dar seguimiento e impulsar su cumplimiento”.