Hector Manuel Popoca Boone *

Las empresas mineras

 

En este siglo XXI, cobra auge el explotar yacimientos minerales en Guerrero, como no se daba desde que éramos colonia española. Las nuevas tecnologías, de exploración y cuantificación de yacimientos, por vía aérea y satelital, así como las formas intensivas y extensivas de extraer masivamente los minerales, conllevan rentabilidades económicas atractivas aún cuando las vetas no sean de gran valor.

Guerrero, rico en minerales, no pudo escapar de los ojos de los grandes capitales mineros extranjeros que no desarrollan socioeconómicamente territorios, sino expolian los recursos naturales contenidos en ellos. La historia no es nueva: basta repasar la explotación irracional de los macizos forestales cuya devastación en Guerrero ha acabado con más del 60 por ciento de los bosques originales y en donde la pobreza de sus auténticos poseedores permanece invariable.

Los problemas sociales surgen cuando los yacimientos minerales no son aprovechados por sus genuinos propietarios ni les es permitido asociarse con las empresas mineras. Éstas solo se avienen a otorgarles apoyos materiales temporales para sus comunidades, pero no en el reparto de las ganancias económicas. Esa es la tónica del capitalismo rapaz.

El mal se amplía cuando el gobierno federal, de acuerdo a leyes socialmente injustas, concesiona el aprovechamiento de fundos mineros que están en el subsuelo nacional al margen, sin conocimiento y por encima de los pareceres de los legales usufructuarios del suelo. Es ahí donde se encuentra la raíz de las oposiciones legítimas de los pueblos rurales.

El mal continúa cuando el gobierno federal, casi siempre con soborno de por medio, permite que la extracción de minerales se realice bajo métodos altamente contaminantes del suelo y el agua, además de aceptar procesos de explotación que extinguen la fauna y flora aborigen.

La ambición se enraíza cuando los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal, se coluden con los empresarios extranjeros y nacionales inescrupulosos para allanar con “cuentas de vidrio” el arreglo con las comunidades rurales para la exacción de sus yacimientos minerales codiciados.

Los tomadores de decisiones, desde sus mullidos sillones, actúan sin conocer la realidad territorial de los lugares de las posibles explotaciones mineras, los ecosistemas, los usos, costumbres y cosmovisiones de los pueblos asentados ahí en forma milenaria. Es el capitalismo con impronta colonialista.

Dicho atentado contra natura se confirma cuando muchas de las empresas extranjeras que actualmente poseen las concesiones mineras del subsuelo mexicano les prohíben tajantemente aplicar dichos procedimientos de extracción ¡en sus países de origen! Emigran e invierten en países negligentemente permisivos. México es uno de ellos.

En efecto, el daño es constatable cuando las compañías mineras explotan a cielo abierto, rebanando y haciendo polvo, cerros y montañas. Al remover miles de toneladas de tierra, decantando los minerales contenidos en ella a base de moliendas que producen a su vez miles de toneladas de arsénico. Ese elemento altamente tóxico queda a la intemperie contaminando, a la larga, acuíferos, ríos y suelos. Sin mencionar otros residuos no menos tóxicos –cianuro entre otros– que solo contenedores de desechos atómicos pudiera garantizar su no dispersión en el transcurrir de los siglos. Mención aparte son los millones de metros cúbicos de agua que anualmente se utilizarían y contaminarían con el proceso de separación y lavado de los metales.

No es que uno esté en contra del uso de los metales para el progreso de la civilización, o desear que volvamos a la edad de piedra, sino que nos oponemos a los métodos y procedimientos tecnológicos depredadores de los recursos naturales para la obtención de la ganancia alta y rápida; procesos que atentan seriamente contra la sustentabilidad  y sostenibilidad de ecosistemas y pobladores en sus propios hábitats.

PD. Ningún partido político en Guerrero, mucho menos los dizque representantes populares estatales o federales, se han pronunciado sobre este tema, que presiona fuertemente a los pueblos indígenas de la Montaña y Costa Chica.

 

*El autor es asesor del gobernador del estado