Ignora el gobierno las denuncias de la sociedad, responde Tlachinollan a Aguirre

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La organización asumida por los habitantes de la Cañada (Huamuxtitlán, Xochihuahuetlán, Olinalá y Cualác) para su protección ante la violencia del crimen organizado obedece precisamente a que las autoridades no hicieron caso a sus denuncias de lo que ha pasado desde hace varios años, respondió ayer el director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, al gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien el jueves en Acapulco le pidió que denuncie y aporte elementos de lo que pasa en esa zona y no solamente lo informe a los medios de comunicación.

Entrevistado vía telefónica, dijo que lo que está haciendo el organismo es documentar “una situación que no es reciente, viene desde antes del levantamiento de Huamuxtitlán”, en junio pasado, cuando la gente rescató a 16 secuestrados, desarmó a la Policía Municipal, corrió a los ministeriales y retuvo al alcalde interino; y agregó que en esto lo más importante es que el gobierno atienda con oportunidad las denuncias que hace la ciudadanía, pues es la causa de que ahora ante la falta de intervención de la autoridad sean los pueblos los que estén tomando las acciones para garantizar su seguridad.

También explicó que a Tlachinollan no le corresponde aportar los elementos de la violencia a la autoridad, “nuestro papel es trabajar estrechamente y al lado de las víctimas” y agregó que son éstas las que deben hacer las denuncias ante la autoridad, “pero ante la falta de respuesta o de resultados son ellas las que han determinado asumir su propia defensa”, insistió.

El director del organismo declaró que la situación se ha desbordado en esa zona de la Montaña, “no porque lo decimos nosotros sino por la falta de atención de la autoridad que no ha hecho nada por revertir esta situación”.

Barrera Hernández dijo que en vez de esperar elementos e informes de lo que pasa en esa región, la autoridad debe acudir a investigar con oportunidad las denuncias y que no criminalice, trivialice, ni minimice las acciones que toma la sociedad, como lo está haciendo ahora en el caso de Olinalá y Cualác.

Pretende el informe a la ONU incluir la tortura como delito en el Código Penal

Asimismo, con respecto al señalamiento del gobierno estatal en el sentido de que el informe que envió Tlachinollan al Comité contra la Tortura de la ONU es impreciso y que la tortura está tipificada en la Ley que crea la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) en  donde también se establecen las sanciones, dijo que lo que se busca es que se incluya en el Código Penal, puesto que al no estar tipificado allí no existen denuncias y los Ministerios Públicos no investigan y los jueces ni aplican sanciones.

Agregó que con esa respuesta el gobierno estatal trata de cubrir una imagen ficticia puesto que mas allá de la Ley de la Codehum, la tortura no está codificada y que por eso no existen denuncias por el delito en los Ministerios Públicos, y por lo tanto, no hay personas procesadas ni sentenciadas porque no se realizan investigaciones de este delito.

Barrera Hernández recordó que incluso en una ocasión un subprocurador de Justicia cuando presentaron una denuncia les dijo que fueran a la Codehum porque es allá donde tienen contemplado en su ley y que en el caso del Ministerio Público es el Código Penal el que los rige.

El director de Tlachinollan explicó también que la Ley de la Codehum, en cuanto a la tortura, no considera los protocolos internacionales, ni el protocolo de Estambul que es el más avanzado en cuanto a la la sanción a la práctica de la tortura.

Barrera Hernández añadió que la respuesta del Gobierno estatal “nos deja con la idea de que a las autoridades les interesa más cubrir las apariencias que actuar de fondo, castigando a quienes practican la tortura como método de investigación. Debería preocuparse cómo salir del rezago en la materia en que se encuentra el estado y no solamente atrincherarse para lavar su imagen”.