Vidulfo Rosales Sierra

Ayotzinapa y el Guerrero bronco

“Si en Guerrero la policía preventiva y la judicial son tan torvas y arbitrarias como las guardias blancas es porque no son más que ‘guardias blancas’ embarnecidas e institucional transmutación en el plano estatal de los rústicos matones lugareños”.
Armando Bartra. Crónicas del sur.

Las ejecuciones extrajudiciales de Gabriel Eche-verría de Jesús y Alexis Herrera Pino, las detenciones arbitrarias y los actos de tortura que sufrieron el resto de normalistas, han puesto en evidencia a este gobierno. Han desnudado su vocación autoritaria y la ineficacia para resolver los problemas sociales más sentidos de la entidad.
Fiel al estilo de los gobiernos caciquiles priistas de antaño no ha escatimado recursos para ofrecer banquetes, dinero y regalías a la clase política y organizaciones partidistas sin claridad ideológica. A cambio, éstos le muestran su respaldo incondicional, mientras descalifican las demandas legítimas de los estudiantes normalistas. Cual si fueran jueces exoneran de toda responsabilidad a las autoridades y criminalizan a los estudiantes que el día 12 de diciembre vivieron en carne propia la violencia política del gobierno.
El propio PRD y algunas organizaciones sociales que se dicen de izquierda han unido sus voces con los grupos de la derecha más conservadora y caciquil de Guerrero para descalificar a los estudiantes. Los primeros sostienen la tesis de que fuerzas obscuras manipularon a los estudiantes para que se manifestaran el 12 de diciembre y los últimos llaman a tomar las armas para agredir a los estudiantes y piden el cierre de la Normal.
Lo cierto que es que los hechos del 12 de diciembre ya marcaron a este gobierno, pero sobre todo, evidencian que estamos muy lejos de alcanzar una sociedad democrática. El Guerrero bronco que creíamos haber dejado atrás vuelve a aparecer en la  escena política. De nueva cuenta las matanzas contra quienes se organizan y exigen un derecho.
Hoy nos vemos obligados a sacar la lista de masacres que yacía en la vagueta de la historia, para  añadir una más: la del 12 de diciembre de 2011. Desde 1960 en Chilpancingo hasta 1998 en la comunidad de El Charco, han muerto campesinos y estudiantes por las balas de las fuerzas de seguridad mientras se manifestaban y exigían sus derechos.
Con la alternancia política se creyó que este fenómeno había quedado rebasado, sin embargo la triste realidad nos ha mostrado que no. Estamos lejos de una transición democrática.
Zeferino Torreblanca Galindo con toda la prepotencia y arrogancia que caracterizó su gobierno, emprendió varias acciones penales y encarceló a varios líderes sociales, pero no llegó a una matanza.  Ángel Aguirre en cambio a menos de un año de su mandato se manchó las manos y su gobierno estará marcado por eso.
Los hechos del 12 de diciembre desnudaron a este gobierno que se presenta como de izquierda y demócrata. Se evidencia que no ha habido cambios sustanciales. La estructura de procuración y administración de justicia, así como la Secretaría de Educación Guerrero son cotos del cacicazgo priista que los gobiernos con las siglas del PRD han dejado incólume. No es casual que la represión que sufrieron los normalistas sea responsabilidad  directa e indirecta de esas dos estructuras de gobierno.
Especialmente la Procuraduría de Justicia tiene ministerios públicos y policías que tienen recomendaciones por violaciones a los derechos humanos. Los policías ministeriales no son nombrados por su profesionalismo y honestidad, sino por tener una larga carrera delictiva. En Guerrero el matón despiadado y sin contemplaciones es el mejor policía.
Ese tipo de policía fue mandado el 12 de diciembre para controlar una manifestación, ¿que se podía esperar? ¿Que saben estos de los protocolos sobre uso de la fuerza y utilización de armas de fuego?
Existen pocos elementos objetivos para defender a una Policía Ministerial muy desprestigiada. Por ello resulta curioso que el PRD sí lo haga. Que se empecine en decir que fueron únicamente los federales los que dispararon. ¿Qué elementos válidos conllevarían a decir que un policía como el que hemos descrito no disparó?
Resulta compresible que el grupo duro de la Procuraduría hoy defienda a ultranza a los policías detenidos por la ejecución de Gabriel y Alexis. Hoy más que nunca ven en riesgo su permanencia en la institución y no están dispuestos a permanecer indiferentes ante ello.
Las marchas de ministerios públicos, peritos y policías ministeriales realizadas la semana pasada, evidencian que al interior de la Procuraduría General de Justicia del Estado existe un grupo duro dispuesto a defender sus espacios. Están mandando un mensaje claro de que no permitirán que se les finque responsabilidad.
Es verdad que los policías detenidos recibieron órdenes y que sus superiores deben ser procesados por ello, pero eso no los exime de responsabilidad. Existen probanzas contundentes de que el 12 de diciembre los policías ministeriales dispararon y de que las balas que mataron a los estudiantes vinieron de donde éstos se encontraban. Confirman que tuvieron ángulo de tiro y cercanía suficiente para haber segado la vida de los normalistas. Los ministerios públicos, peritos y  policías que se manifestaron lo saben, muchos de ellos fueron responsables de evacuar estas pruebas.
Las manifestaciones de los operadores de la procuración de justicia es preocupante. Cuando debieran ser imparciales e inspirar confianza a los denunciantes han renunciado a estos principios y salieron a las calles a defender a los policías que ellos mismos consignaron.
Con estos ministerios públicos que renunciaron a los principios de imparcialidad y tomaron partido por los que dispararon, ¿qué se puede esperar?, ¿cómo podrán presentarse los estudiantes torturados ante la Procuraduría a pedir que se sancione a los policías responsables?
Los servidores públicos que marcharon son parte del problema de la Procuraduría. Ministerios públicos y peritos con una visión mercantilista de la justicia. Desde un fiscal hasta el Ministerio Público auxiliar conciben la justicia como negocio, policías ministeriales que torturan y extorsionan a la gente. Poderes fácticos y grupos asociados a ellos son los que tienen el control y mando en la institución. Un comandante regional tiene más poder y autoridad que el contralor interno, el fiscal de asuntos indígenas o el de derechos humanos. No son los valores de la justicia y la normatividad los que rigen la actividad de la Procuraduría.
En suma con esta Procuraduría difícilmente se resolverá un caso como el de Ayotzinapa. Es muy probable que con esas inconsistencias el caso quede en la impunidad como decenas de casos más.
Los hechos del 12 de diciembre deben ser un punto de inflexión que obligue a varios actores a pugnar por una restructuración y depuración en la Procuraduría de Justicia. Lejos de culpar a fuerzas obscuras y llamar a agredir a los estudiantes se debe regresar la mirada a este órgano de procuración de justicia en el que se encuentran enquistados ministerios públicos violadores de derechos humanos y policías poco profesionales, con una larga carrera delictiva. La cara de una sociedad democrática son sus órganos de justicia.