Jaime Castrejón Diez

El endeudamiento

Hemos estado bombardeados por noticias de distintas partes del país en donde el peso de la deuda pública contraída por los gobernantes empieza a sentirse en la operación del aparato gubernamental y en los servicios a la población. El endeudamiento es alto en muchos estados, pero los más afectados son Coahuila, Michoacán, Guerrero, Quintana Roo y el Distrito Federal. Esto vendrá a ser una carga muy pesada en el futuro, ya que los gobiernos que la contrajeron hicieron uso de ella y solo dejaron a sus sucesores la obligación de pagar esa deuda.
Es claro que esto tiene efectos políticos, porque los sucesores de quienes contraen la deuda van a encontrar demandas sociales que no pueden ser satisfechas porque se están pagando las deudas anteriores. Esto se ve en varios estados, el más evidente en este momento es Michoacán, en donde el nuevo gobernador demanda al gobierno anterior por un desfalco de 40 mil millones de pesos que según sus partidarios fueron utilizados para organizaciones sociales, estudiantiles, el sindicato de la Coordinadora de maestros para efectos políticos. Y esto no es algo que se pueda subsanar rápidamente.
El caso de Michoacán es muy claro, en 2008 la deuda pública era de 6 mil 597 millones de pesos, en 2012 subió a 16 mil 514 millones de pesos, es decir dos veces y medio mayor. En 2006 era el 2.8% del PIB estatal, en 2012 el 4.7%. El caso de Coahuila es mucho más alarmante todavía, este caso ha sido ya muy discutido y le costó la presidencia del PRI al ex gobernador. Si se hacen números de otros gobiernos estatales se puede constatar que se han endeudado más allá de lo que puede permitir que sucesivos gobiernos tengan los recursos suficientes para solventar las necesidades de sus entidades.
Los datos que se tienen son de que los municipios tienen un endeudamiento de 44 mil 859 millones de pesos que representa el 2.7 del PIB nacional. Esto se logra porque no hay contrapesos en el actuar de las autoridades estatales. Hemos visto que los congresos estatales aprueban todo lo que les envía el Ejecutivo del estado, como anteriormente cuando había el sistema priísta de un Presidente omnipotente, la Presidencia de la República dominaba a los gobiernos estatales y podía modular el endeudamiento. Cuando se acaba ese sistema y quedan realmente como grandes virreyes todo poderosos los gobernadores de los estados, empieza a haber este tipo de distorsión de presupuesto público.
Hay varias formas de aislar los presupuestos de manera que dejen atado al gobierno que sigue. Esto se ve más en los municipios. Si bien los gobiernos estatales no tienen un serio control para endeudarse, en cambio los municipios que también han aumentado sus deudas han encontrado otras formas de generar gastos que requieran endeudarse. Uno de los casos más claros es el del gobierno municipal de Acapulco. Este municipio tiene una nómina de 8 mil 345 trabajadores que comparados con ciudades más grandes como Guadalajara que tiene 2 mil 800 trabajadores y Monterrey 2 mil 400 se ve claramente que la nómina del municipio ha sido inflada a tal grado que casi es imposible que haya un gasto público sano que permita emprender nuevos proyectos.
Se puede ver que hay dos formas de enajenar el futuro de una administración. Por un lado dejando una deuda tan grande que impida iniciar nuevos proyectos sino solamente pagar lo ya gastado. La otra forma es inflar una burocracia de tal modo que el solo gasto en sueldos impida hacer ningún proyecto que tenga beneficio social y que pueda asegurar la presencia de un político o de un grupo en el ejercicio del poder. Lo que puede ser una trampa política.
Es casi imposible gobernar si el funcionario anterior utilizó los recursos que son necesarios para desempeñar dignamente el puesto para el que fueron electos. Sería necesario establecer límites a estas formar de boicotear a las siguientes administraciones, haciéndolas parte de las responsabilidades que debieran estar en la ley. La idea de la no reeleción se violenta cuando se dejan deudas que invaden el siguiente gobierno. La solución ya está en la legislación; los gobiernos de los estados para inscribir sus pasivos como deuda pública tienen que obtener la aprobación de sus legislaturas. Por otra parte los presupuestos de los municipios son aprobados por la legislatura estatal. Es claro que estos organismos no están haciendo su trabajo o que también toleran la corrupción y las venganzas políticas.