Jesús Mendoza Zaragoza

¿Qué pasa con los municipios?

Esta es la pregunta que se impone ante manifestaciones de diversa índole que se están dando en muchos municipios guerrerenses, que hacen pensar en un creciente deterioro institucional que puede comprometer el desarrollo y la gobernabilidad. Muchos nombres han sonado en las últimas semanas, sobre todo a partir del cambio de gobierno en los mismos. Teloloapan, Acapulco, Zihuatanejo, Cualac, Ciudad Altamirano, Olinalá, Huamuxtitlán, Petatlán, entre otros, han sido algunos de los municipios que han llamado la atención en este sentido.
Dos puntos críticos se han manifestado en muchos de ellos: la deficiente administración y la inseguridad, vinculados ambos a la corrupción, con consecuencias desastrosas para el bienestar de la gente. Los gobiernos municipales son los que están más cercanos a las necesidades cotidianas de la población y son los responsables de los servicios básicos que han de estar disponibles para todos. Estos gobiernos han perdido la capacidad de cumplir sus obligaciones más elementales como el pago puntual de salarios a sus trabajadores, la recolección de la basura, el alumbrado público suficiente, la seguridad pública, el abasto de agua potable y la regulación del tránsito vehicular, son algunas de las más visibles.
La vida cotidiana de la población baja sustancialmente de nivel ante estas deficiencias de los gobiernos municipales. El problema es que se van acumulando inconformidades que, tarde o temprano, pueden salirse de control institucional, como ha sido el caso de Olinalá en los últimos días, cuando los ciudadanos han tenido que construir su propia seguridad al margen de las autoridades municipales, que van quedando rebasadas.
Si los puntos críticos señalados más arriba no son atendidos, pueden derivarse consecuencias aún más desastrosas en términos sociales, políticos y económicos. En cuanto a las deficiencias administrativas de los municipios se precisa una profesionalización del manejo de las finanzas públicas y sustraerlo de las inercias políticas. Las abultadas nóminas de los ayuntamientos se han forjado de manera irresponsable al cargar a la cuenta pública los favores y los apoyos políticos de los gobiernos en turno. Cada nuevo gobierno lleva a su gente y la acomoda sin tomar en cuenta perfiles ni capacidades. Esto significa que la administración pública de los municipios no tiene en la mira la solución de las necesidades de la gente porque está uncida a los intereses de los grupos que están en el poder. Y hay que sostener burocracias pesadas y absurdas que nada tienen que ver con el bien común.
Por lo que toca a la inseguridad, algunos hechos recientes nos dan cuenta de la delicada situación de muchos ayuntamientos. La percepción es que la delincuencia organizada está infiltrada en muchos de los municipios e influye en un manejo mafioso no solo de la seguridad pública sino de las políticas públicas que se establecen en los municipios. Los casos de Olinalá y de Teloloapan han sido los más visibles. La gente tiene muchos datos que dejan ver la complicidad de las policías municipales con los grupos criminales. ¿Cuántos presidentes municipales han tenido tratos con los criminales, ya por presión o por conveniencia? En los casos en los que esto es un hecho, tenemos ya no un Estado de derecho sino un Estado mafioso que por su propia naturaleza excluye el bienestar de la población para responder a los intereses de los grupos criminales.
En el fondo de esta situación de vulnerabilidad de los gobiernos municipales está la corrupción que llega a tener un rostro grotesco. En muchos casos, los gobiernos municipales están vinculados a los cacicazgos locales y regionales que, por estos tiempos, suelen coincidir con los intereses de la delincuencia organizada. Tenemos gobiernos municipales opacos en cuanto a transparencia y así lo ha demostrado Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA-Guerrero), una organización civil que monitorea y evalúa la información que los municipios facilitan al público como obligación. Y si de rendición de cuentas hablamos, el asunto es peor. El caso de Acapulco es emblemático.
La percepción pública de las corruptelas en los municipios es que sistemáticamente quedan en la impunidad. Las sanciones a los ediles que manejan arbitrariamente los fondos públicos o que faltan a sus obligaciones no son visibles, lo que conlleva una cadena sucesiva de irregularidades y hasta crímenes.
Por otra parte, los ciudadanos no asumimos la corresponsabilidad que se requiere para que los municipios tengan la fortaleza institucional que necesitan. La participación ciudadana es la herramienta legal y legítima que ha de activarse para sanear a los municipios. Ejemplos ya los hemos tenemos, como son los casos de la Policía Comunitaria en la Montaña y en la Costa Chica, la Policía Ciudadana en Huamuxtitlán y ahora los grupos ciudadanos de autodefensa de Olinalá.