Reconoce Aguirre la corrupción en la procuraduría y dice que “ahí está el problema”

Karina Contreras, Daniel Velázquez y Brenda Escobar

Acapulco y Zihuatanejo

El gobernador Ángel Aguirre Rivero reconoció que deben depurarse las corporaciones policiacas para evitar redes de corrupción, porque en buena medida “ahí radica el problema y para que se brinde un mejor servicio a la comunidad”.
Consultado ayer por la tarde sobre el desplegado de integrantes de la Universidad Loyola del Pacífico, en el que demandan que se desmantelen las redes de corrupción “que pudren la vida de la ciudad, la administración de justicia y los cuerpos de seguridad públicos”, luego del asesinato del funcionario de la Dirección de Catastro, Simón Sokhn Casis, el gobernador opinó que “es un tema en el que yo coincido plenamente, yo creo que hoy estamos más que obligados a llevar a cabo este proceso de saneamiento, de depuración, es una realidad que sería un error soslayarla y no reconocerla, en buena medida ahí está radicando el problema para que se brinde un mejor servicio a la comunidad”.
Mientras que en la Dirección de Catastro se vive un total hermetismo por parte de los trabajadores, pues nadie quiere dar información de cómo se encuentran la situación después del asesinato de dos trabajadores de esa dependencia en los 25 primeros días de la administración del alcalde Luis Walton Aburto, que se atribuye al crimen organizado.
Se buscó una entrevista en sus oficinas con el director de Catastro, Mariano Alonso Marcos, para saber si ya nombró a un nuevo jefe de sistemas y base de datos de la dependencia y si había analizado la posibilidad de renunciar al cargo como lo dejó entrever en una entrevista el alcalde Luis Walton hace unos días, pero se informó que el funcionario desde la semana pasada no se ha presentado en sus oficinas.

A varios trabajadores se les preguntó cuál es la situación en la oficina, si ya tenían seguridad especial, si les habían dado alguna recomendación sobre su seguridad al salir de Catastro, pero no quisieron contestar y manifestaron que toda la información que se requiere la tiene que dar el director Mariano Alonso.
Los trabajos de Catastro se realizan de manera normal y para acceder a las oficinas del director se abre desde adentro, y cuando se busca hablar con el funcionario primero se pide autorización a la secretaria y después se pulsa un botón para abrir la puerta.
Aunque amable una de las secretarias dijo que no está autorizada para dar información.
Afuera de las oficinas de Catastro, ubicadas en el Palacio Municipal del centro, no hay una vigilancia especial y nada más se ve a un policía que vigila todo el edificio.
El pasado 2 de octubre, apenas un día después de que Luis Walton Aburto había tomado posesión como alcalde, fue asesinada a las tres de la tarde cuando se transportaba en un taxi, a pocos metros del ayuntamiento viejo, Luz María Ortega Baltazar, de 48 años.
Y 25 días después, al salir de su casa fue acribillado el jefe de sistemas y base de datos del Catastro, Simón Sokhn Casis.
Una de las líneas de investigaciones es que los asesinatos fueron perpetrados por el crimen organizado al negarse los trabajadores a entregar la base de datos de quienes poseen inmuebles en Acapulco.

Si hay corrupción que denuncien: Carlos Reyes

Por separado, el presidente del PRD estatal, Carlos Reyes Torres, dijo que respalda el llamado hecho por el centenar de miembros de la Universidad Loyola e instó a que si tienen evidencias de las redes de corrupción que hay en las autoridades encargadas de la procuración de justicia, deben denunciarlas.
Por su parte, el presidente estatal de Movimiento Ciudadano, el diputado local Mario Ramos del Carmen, sobre el reclamo que hacen al gobierno municipal, que es de su partido, dijo que como se trata de un homicidio corresponde al gobierno del estado resolverlo, porque es muy grave lo que se dice, que fue un asesinato ordenado por el crimen organizado.
Miembros de la Universidad Loyola firmaron ayer un desplegado en el que denuncian la apatía, indiferencia y falta de voluntad de las autoridades implicadas en la administración y aplicación de la justicia y demandaron desmantelar las redes de corrupción que existen en los cuerpos de seguridad pública.
En declaraciones por teléfono, el presidente estatal del PRD dijo que comprende y entiende a quienes firmaron el desplegado porque su partido siempre ha sido solidario con la exigencia de justicia, pero se demarcó de los señalamientos de corrupción y de apatía en las autoridades en la aplicación de la justicia. “Yo no tengo los elementos para decir que lo que ellos señalan es cierto”, dijo.
Agregó que el mensaje dirigido al gobernador y al alcalde Luis Walton Aburto es correcto si hay señalamientos hacia funcionarios del gobierno del estado o municipales, si se están cometiendo algunas fallas, y confió en que encontrarán el respaldo en el gobierno del estado y en el gobierno municipal.