Propone Aguirre una campaña para que los ciudadanos de Olinalá entreguen sus armas

Daniel Velázquez

El gobernador Ángel Aguirre Rivero dijo que se hará una campaña de entrega de armas en Olinalá y a quienes entreguen sus armas se les darán computadoras y adelantó que posiblemente hoy visite el municipio de acuerdo con los resultados de la reunión de los funcionarios del gobierno del estado enviados a resolver el conflicto.
En declaraciones ante reporteros después de la entrega de 20 patrullas al Ejército, se le preguntó al gobernador sobre el caso de Olinalá y la movilización emprendida por ciudadanos para garantizar su seguridad ante la ausencia de las autoridades.
Al gobernador se le preguntó si desarmaría a los ciudadanos, Aguirre Rivero dijo que lo que se pretende es “un programa mediante el cual puedan entregarnos sus armas y nosotros darles algo a cambio como puede ser una computadora para sus hijos, algo que a ellos también los motive”.
Se le preguntó si daría seguridad a las jóvenes que se relacionaron sentimentalmente con quienes están involucrados como parte de la banda delincuencial que operaba en ese municipio, Aguirre Rivero dijo que si es necesario se les dará seguridad a las jóvenes.
El gobernador confió en que en la reunión de ayer serviría para persuadir a disolver los retenes principalmente a quienes mostraron disposición de que si la Marina se hacía cargo de la seguridad ellos se reincorporarían a sus actividades normales.
También se le preguntó sobre la petición de que sea la Marina la que se encargue de la seguridad, y si esta demanda se debe a que los vecinos de Olinalá no confían en el Ejército, y el gobernador dijo que desconocía los motivos de los vecinos pero dijo que en Guerrero está acreditado que el Ejército mexicano lo mismo que la Marina tienen un rango alto de confiabilidad.
Desde el 27 de octubre habitantes de Olinalá colocaron retenes en la entrada del pueblo para protegerse de posibles agresiones de delincuentes expulsados del municipio luego del secuestro y asesinato de un taxista.
Los habitantes reprocharon a las autoridades municipales la inacción de las autoridades municipales para detener robos a casa habitación y asaltos que ocurrían a plena luz del día, además señalaron que vieron a los delincuentes que platicaban con policías, a pesar de que los tenían identificados como delincuentes.
Los habitantes crearon un Consejo de Supervisión y Vigilancia que ordenó un toque de queda, mientras que el alcalde priista, Eusebio González Rodríguez, responsabilizó a la anterior alcaldesa Luisa Ayala Mondragón.
Después la subsecretaria de Asuntos Políticos Rossana Mora Patiño advirtió que en los retenes instalados por los ciudadanos había armas de uso exclusivo del Ejército por lo que el Ejército investigaría y tomaría acciones en consecuencia. Los representantes de la Comisión de Supervisión y Vigilancia dijeron que no permitirían el desarme.
Asimismo, sobre los permisos que entregó la Secretaría de Economía para minas en la región de la Costa Grande que denunció la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, el gobernador dijo que no tenía conocimiento del tema.
“Creo que lo adecuado y lo propio es que se lo compartan al gobierno del estado luego por eso enfrentan situaciones en donde hay oposición por parte de las comunidades, es como me recuerda mucho el caso de La Parota, llegaron a tratar con la punta de pie a nuestros paisanos y lógico hubo oposición entonces las empresas mineras primero tienen que estar domiciliadas fiscalmente en Guerrero esa es una primera condición, segundo acercarse a las instituciones del gobierno del estado y de los municipios para hacerles partícipe de las inversiones, si nosotros no estamos en desacuerdo con las inversiones lo que decimos es que mantengan comunicación como debe de ser”.