Aprueba el Congreso iniciar el juicio político contra López Rosas y Almonte

Hugo Pacheco León

Chilpancingo

Con 34 votos a favor y la abstención del petista Jorge Salazar Marchán, el pleno del Congreso del estado aprobó por unanimidad el juicio político contra el ex procurador Alberto López Rosas y el ex secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja, por su presunta responsabilidad en el desalojo violento de normalistas de Ayotzinapa el 12 de diciembre del año pasado en el que murieron dos estudiantes.
El dictamen aprobado sostiene que ambos ex funcionarios aguirristas incurrieron en una conducta de “acción” y “omisión” y que tal conducta redunda “en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”.
El juicio político fue solicitado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), como parte de las recomendaciones que emitió sobre el caso.
Quien subió a tribuna a fundamentar el dictamen que da entrada al juicio en contra de los dos ex funcionarios del gobierno de Angel Aguirre Rivero, fue el presidente de la Comisión Instructora, el priista Omar Jalil Flores Majul, quién recordó que la petición de juicio político la hizo la CNDH el pasado 18 de septiembre, a través de sus apoderados legales Yolanda Leticia Escandón Carrillo, Jorge Luis Martínez Díaz y Andrés Quezada Garza.
Argumentó el priista que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, en su artículo noveno, establece que el juicio político sólo podrá iniciarse durante el tiempo que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión y dentro de un año después de la conclusión de sus funciones.
Por lo anterior, el diputado precisó que por tal motivo se presentaba al pleno el dictamen de valoración previa que determina la procedencia del juicio político contra los dos ex funcionarios perredistas.
Añadió que se desprende al respecto que en términos de lo dispuesto por los artículos 111 de la Constitución Política del Estado de Guerrero y 6 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, se actualiza el juicio político por ser servidores públicos, por la existencia de una conducta “ya sea por acción o por omisión por parte del servidor público”, y porque tal conducta redunda en perjuicio de intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.
Es decir que Alberto López Rosas y Ramón Almonte Borja, “no obstante que de las constancias que obran en autos se aprecia que ambos denunciados ostentaron los cargos de procurador general de justicia del estado y secretario de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado, respectivamente, hasta el mes de diciembre de 2011, momento en que ambos dejaron de fungir en sus respectivos cargos, a la fecha en que se actúa sólo han transcurrido diez meses, lo cual significa que, conforme al artículo 112 de la Constitución Política del estado, aún se contemplan entre los servidores públicos que constitucionalmente pueden ser sujetos de juicio político”.
Además, que en el caso de “la existencia de una conducta ya sea por acción o por omisión por parte del servidor público” y “que tal conducta redunde en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”, “éstos de igual forma se tienen por acreditados con la documental consistente en la recomendación 1VG/2012, que contiene las evidencias que sustentan la misma, lo que permite considerar la presunción de una conducta que por acción u omisión de parte de los servidores públicos en comento, la misma redunde posiblemente en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho”.
Por tanto, dijo el diputado priista que la conclusión a la que arribaron los diputados integrantes de la Comisión Instructora en funciones de Comisión de Examen Previo, es que “ante la concurrencia de los elementos necesarios para iniciar el procedimiento solicitado en contra de los ex servidores públicos denunciados se encuentra apegado a derecho”.
Luego de que el priista Omar Jalil Flores leyó la fundamentación del dictamen, el presidente de la Mesa Directiva, el aguirrista Antonio Gaspar, preguntó si algún diputado quería participar.
Nadie de los 35 diputados presentes dijo nada y se inmediato se sometió a votación, votando a favor 34 diputados de todos los partidos, excepto el del PT, Jorge Salazar Marchán, quien se abstuvo –aunque por práctica parlamentaria, cuenta a favor—, así que se declaró aprobado por unanimidad la procedencia del juicio político.
Ahora seguirá el proceso de presentación y desahogo de pruebas, audiencias y comparecencias, y posteriormente –en unos tres meses aproximadamente— el pleno del Congreso local se convertirá en Jurado de Sentencia, en la que la Comisión Instructora deberá presentar el proyecto de resolución final.
Aunque ese proceso puede alargarse si los diputados del PRD, Bernardo Ortega Jiménez, Luisa Ayala Mondragón, y del Movimiento Ciudadano, Emilio Ortega Antonio, en una alianza política, deciden proteger a los ex funcionarios aguirristas y no se presentan a las audiencias o sesiones de trabajo. Aunque de acuerdo con su postura sobre la procedencia del juicio político, firmaron sin ningún empacho.

Asuntos de trámite a Comisiones

En los asuntos de trámite fue turnado a las Comisiones Unidas de Justicia y de Derechos Humanos el oficio entregado por el coordinador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera, con el que remitió la iniciativa de reforma integral para prevenir, investigar y sancionar la tortura en el estado.
Mientras que a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos se turnó la iniciativa de decreto que reforma y adiciona integralmente la Constitución Política del estado, o como se le viene llamando, el proyecto de nueva Constitución.
Y a la Comisión de Hacienda se turnó la solicitud del alcalde de Coahuayutla, Everardo Barrón Ríos, para que le autoricen la adquisición de un crédito por 50 millones de pesos que destinará a “inversiones públicas productivas y pago de adeudos apremiantes”.