Se oponen trabajadores del IGC a la entrega del Palacio de la Cultura al ayuntamiento capitalino

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Trabajadores del Instituto Guerrerense de la Cultura (IGC) se manifestaron ayer en contra de que el gobierno del estado entregue el Palacio de la Cultura al Ayuntamiento de Chilpancingo y advirtieron que se van a movilizar en caso de que el anuncio del gobernador Ángel Aguirre Rivero se cumpla.

Los trabajadores manifestaron su inconformidad porque denuncian que no conocen las condiciones de espacio a donde serán enviados, además de que pretenden preservar el patrimonio cultural “para tranquilidad y bienestar de todos los habitantes del estado”.

En un escrito que mandaron ayer al gobernador y a los medios de comunicación, explican que “como trabajadores no nos oponemos, ni nos opondremos a realizar actos que entorpezcan la confianza que la ciudadanía ha depositado en ustedes (presidente municipal y gobernador), pero queremos expresarles nuestro sentir acerca de las medidas, prácticas y mediaciones que se tienen que adoptar para despojar de espacios públicos culturales a la capital del estado”.

Y explican que como empleados públicos del Instituto Guerrerense de la Cultura “debemos ser los pioneros en la salvaguarda de nuestros legados identitarios, entendiendo la identidad como proceso, como anhelo de ser y pertenecer, no sólo a una región, sino a una nación”.

Agregan que si el primer esfuerzo de algunos mandatarios guerrerenses fue crear un organismo estatal de cultura que tuviera la capacidad de articular los esfuerzos del sector cultural, es competencia (de los trabajadores) consolidar ese organismo con capacidad de rectoría que no sea sólo práctica, “sino que tenga una base legal, basado no nada más en su marco jurídico constitucional, sino en su estructura física y en sus medios operativos y financieros”.

Y exponen que la política cultural del gobierno debe estar centrada en los intereses de la sociedad, de los ciudadanos y no en los intereses políticos de las minorías”.

Añaden que “el nuevo paradigma cultural debe ser la expresión de la pluralidad y la diversidad social”.

Explican que se proponen defender no solamente el espacio físico del IGC, sino su ordenamiento, por lo que piden, además,  una reestructuración administrativa de carácter interno, “en virtud de que desde el punto de vista legal, programático y de objetivos, no están definidos muy claramente las funciones y el estatus, ya que existe desconfianza, centralismo en la toma de decisiones, autoritarismo e ineficiencia en cascada. Además de que hay líneas de mando arbitrarias y chantajes laborales”.

Los trabajadores demandan que más allá de preocuparse por los espacios públicos, los gobiernos municipal y estatal pasen de una política cultural de gobierno a una política cultural de Estado, “donde la participación social en la vigilancia del patrimonio sea un reclamo asentado convenientemente en una ley. Ya que ningún ejército de empleados puede garantizar la eliminación de arbitrariedades”.

Y concluyen que con esta denuncia y reclamo, “lejos de despertar represalias, esperamos contribuir al rescate y preservación del patrimonio cultural para tranquilidad y bienestar de todos los habitantes del estado de Guerrero”.