Aguirre busca eludir responsabilidad al pedir nueva pesquisa sobre Ayotzinapa, alertan

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa y su abogado del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan consideraron que el gobernador Ángel Aguirre Rivero pretende eludir su responsabilidad al pedir al presidente electo, Enrique Peña Nieto, que realice otra investigación sobre las violaciones graves a los derechos humanos que se cometieron contra estudiantes durante el desalojo violento en que murieron dos de ellos el 12 de diciembre de 2011 en esta ciudad.
Destacaron que ya existe una investigación de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CNDH) en base a protocolos internacionales y ejerciendo por primera vez su facultad constitucional en la materia, cuyas recomendaciones el Estado está obligado a cumplir.
En una entrevista en Milenio Televisión el jueves pasado, aunque dijo que cumple las recomendaciones de la CNDH, el gobernador declaró que a él no le satisface la investigación que este organismo efectuó, y añadió que solicitó una nueva al próximo gobierno de Peña Nieto que “precise” quienes son los responsables de la muerte a balazos de dos estudiantes de la Normal Rural.
Vía telefónica, el integrante del comité de alumnos, Hernán Estrada Torres, señaló que la comunidad estudiantil está preocupada por estas declaraciones, porque indican que el gobernador quiere deslindar de responsabilidades a su gobierno, en lugar de avanzar en la investigación que le corresponde.
“Nos preocupa porque a casi un año del desalojo policiaco, no hay un responsable material o intelectual; hay dos presuntos culpables y, al parecer, las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no tienen suficientes elementos para acusarlos”, dijo en alusión a los agentes de la Policía Ministerial Rey David Cortés e Israel Matadama Salinas cuyas imágenes en posición de disparo hacia los estudiantes fueron difundidas profusamente en medios electrónicos y escritos en los días y semanas posteriores a los hechos.
Denunció que la PGJE tomó de las entrevistas y versiones de los estudiantes agredidos mucha información que no utilizó en los procedimientos, y la demanda de juicio político en el Congreso del estado contra el ex procurador Alberto López Rosas y el ex secretario de Seguridad Pública Ramón Almonte Borja sólo prosperó por la insistencia de los familiares, de los alumnos y de la misma CNDH, pero aún desconfían del trabajo que harán los diputados locales, donde es mayoría la fracción del Partido de la Revolución Democrática al que pertenecen ambos ex funcionarios del gobierno de Aguirre.
En tanto, el abogado Vidulfo Rosales Sierra, del Centro Tlachinollan, explicó por separado que la investigación del caso Ayotzinapa tiene dos dimensiones, una en el ámbito local, por lo que corresponde a los servidores públicos de Guerrero, y otra en el federal, por la intervención de la Policía Federal.
“Desde nuestro punto de vista la investigación ya está realizada por la CNDH, que hizo un trabajo de avanzada, que recoge los estándares internacionales de derechos humanos, que van a ayudar en el esclarecimiento de la verdad, de la justicia y de la reparación del daño”, dijo.
Reiteró que los gobiernos estatal y federal no han garantizado la aplicación de la justicia, porque sigue pendiente la aplicación de sanciones penales y administrativas a los funcionarios responsables de los delitos señalados en el expediente, entre otros abuso de autoridad, tortura, encubrimiento y contra la administración de la justicia.
Señaló que comenzar de nuevo las investigaciones, como sugiere el gobernador, indica que la investigación de la CNDH no es correcta, o que busca cambiar el sentido y los resultados del trabajo de un organismo autónomo, “lo cual es muy riesgoso”.
Añadió que Peña Nieto tampoco tiene calidad para hacer investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos, porque como gobernador también desalojó a los ejidatarios de Atenco, con gravísimos resultados.
Consideró que la petición a Peña Nieto es un pretexto del gobierno para evadir su responsabilidad por el esclarecimiento de la verdad.
Rosales Sierra indicó que el derecho internacional obliga a que los resultados de las investigaciones en materia de derechos humanos sean de tres sentidos, de verdad, reparación del daño y de castigo a los responsables.
Añadió que a la fecha no hay nada; sólo dos detenidos en proceso y el resto de los funcionarios señalados con responsabilidades administrativas regresaron a sus puestos de trabajo, incluidos jefes y policías ministeriales señalados como los responsables de torturar ese día a un estudiante para que confesara que disparó un fusil AK-47, mismo que además la investigación de la CNDH demostró que le fue sembrado.
Por otro lado, señaló que el gobernador asume que acató las recomendaciones en la reparación del daño a los familiares y en la construcción de infraestructura de la normal, porque se están realizando obras.
“Se indemnizó a los deudos de los estudiantes asesinados, hay una remodelación de algunos edificios, y se han recibido ofrecimientos de apoyo para terapias sicológicas, pero el cumplimiento es parcial, en lo que atañe a la justicia integral”, señaló.
Recordó que está detenida una denuncia por tortura contra siete estudiantes en el fuero común, porque no hay responsables ni personas sancionadas; asimismo, en el ámbito federal hay denuncias por tortura que tampoco están avanzando, pero sí hay una intención del gobierno federal de acusar a los estudiantes por ataques a las vías de comunicación.
Aclaró que en la entrevista, el gobernador no especifica en qué sentido va su declaración, “me parece una declaración genérica, pero esa posición no abona al esclarecimiento de los hechos”.
Asimismo, señaló que a menudo el ex procurador Alberto López Rosas dice en los medios de comunicación que es inocente del caso Ayotzinapa, pero “cómo puede decir eso, si era el responsable de una dependencia que actuó violando todos los estándares y protocolos en el uso de la fuerza, sólo por eso debe ser objeto de sanción”.
Recordó que fue López Rosas el que declaró el día de los hechos violentos, que ya tenían a un responsable, en alusión a un estudiante torturado y a quien se le había sembrado un arma para inculparlo del homicidio de sus compañeros.
También señaló que fue la CNDH, los familiares y las víctimas las que han estado impulsando el proceso de la sanción a los responsables en el Congreso del estado, no es porque el Estado de buena voluntad inicia los juicios políticos contra López Rosas y el ex secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja, “al contrario, hay omisión de las autoridades para retrasar las investigaciones”.