Tlachinollan

Los contraataques del poder

A dos semanas de presentar ante el Comité contra la Tortura (CAT) de la ONU en Ginebra, Suiza,  las evidencias de la persistencia de la tortura en Guerrero, este sábado la policía federal preventiva (PFP) arremetió contra los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, cuando varios jóvenes se encontraban pidiendo cooperación a los automovilistas, en el crucero de casa verde, sobre la carretera que va de Chilpancingo a Iguala. De acuerdo con los testimonios de los estudiantes, cinco de ellos fueron torturados y vejados, dejándolos en las instalaciones de la procuraduría general de justicia del Estado.
A un mes de que se cumpla el primer aniversario de los asesinatos de dos de sus compañeros, Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría, las autoridades federales y estatales han ignorado en sus puntos medulares la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), relacionada con el caso Ayotzinapa. Es más, el mismo gobernador ha manifestado públicamente que no le satisface la investigación que ha realizado la CNDH, porque no precisó quienes tuvieron responsabilidad en el asesinato de los 2 estudiantes. A 11 meses de acaecidos estos deleznables hechos, el ejecutivo estatal plantea que se haga un nuevo peritaje, que se reconstruya la escena del crimen y que se castigue a los responsables. Vulnerando el trabajo de la CNDH en favor de las víctimas y colocándose del lado de los agresores.
Esta postura pendular y ambivalente es lo que ha caracterizado al gobierno del ejecutivo estatal. Por un lado manifiesta que sigue al pie de la letra la recomendación, pero por el otro, pide al gobierno de Enrique Peña Nieto que realice una nueva investigación. No se puede pensar otro interés que el de mantener intocado un sistema de justicia corroído por la corrupción, que es operado por agentes especializados en aplicar la tortura y accionar sus armas, como parte de sus métodos de investigación y represión.
El tema de las investigaciones ministeriales contra cualquier autoridad que ha violentado gravemente los derechos humanos, está vetado en nuestro estado. Las autoridades tienen la concepción de que si se investigan a sí mismos se harían el harakiri y cavarían su propia tumba. El mismo sistema los aplastaría, porque la impunidad que es su columna vertebral, se resquebrajaría.
Desde la época de la guerra sucia hasta esta última agresión sufrida por los estudiantes de Ayotzinapa, no existen militares, ni policías de alto rango, mucho menos autoridades políticas que sean investigadas ni castigadas como autores materiales o intelectuales, por atentar contra los derechos fundamentales de la población. Los mismos casos emblemáticos de graves violaciones a los derechos humanos investigados por la Corte Interamericana, como los de Rosendo Radilla, Inés Fernández, Valentina Rosendo, Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, el Estado Mexicano se ha opuesto sistemáticamente a que las autoridades civiles se encarguen de realizar las investigaciones contra elementos del Ejército Mexicano. Los casos de Aguas Blancas, de El Charco; los asesinatos de los defensores del pueblo Na savi, Raúl Lucas Lucia y Manuel Ponce Rosas; los asesinatos políticos como el de Armando Chavarría, las desapariciones forzadas de Eva Alarcón y Marcial Bautista, campesinos ecologistas de la sierra de Petatlán y los asesinatos de los estudiantes de Ayotzinapa, son casos que tienen como común denominador la impunidad, porque en todos ellos existen indicios de la responsabilidad penal de autoridades militares, policías y autoridades civiles que son funcionales al sistema. En estas acciones pueden más los intereses de la clase política que los derechos humanos y las demandas de justicia de los familiares de las víctimas y de la misma sociedad.
A los perpetradores, el mismo sistema impune los necesita, para seguir cometiendo tropelías y para mantener  asolada a la población. Para este régimen corrupto son imprescindibles los caciques, los militares que aterrorizan a la población y atentan contra la vida y seguridad de los ciudadanos y ciudadanas; requiere de jefes policiacos y policías temerarios que puedan establecer alianzas subrepticias con la delincuencia organizada y que sean expertos en el uso de la fuerza y en el método de la tortura. Obviamente que para que existan estos personajes dentro del aparato gubernamental se necesita que haya autoridades complacientes, comparsas de esta delincuencia institucionalizada que tienen como combustible al político corrupto.
Además de no realizar las investigaciones por cuestiones de sobrevivencia del sistema, los de la línea dura siempre imponen su ley contra los ciudadanos y ciudadanas que se organizan para exigir castigo contra quienes han violentado sus derechos humanos. No solo no hay investigaciones sino que se diseña una estrategia para invisibilizar los casos, para postérgalos, desgastar a los familiares u organizaciones que abanderan sus causas y en última instancia amedrentar y reprimir a quienes siguen increpando al poder. Siempre está en la mira de las autoridades cómo desactivar los movimientos que ponen en entredicho sus discursos falaces y sus acciones encubiertas. Mas que idear un plan que garantice justicia a las víctimas y ataquen de raíz la impunidad, lo que hacen las autoridades es contraatacar a los actores que cataloga como incómodos. Desde la comodidad de sus oficinas idean  planes para desprestigiarlos, para presentarlos como personajes siniestros y de este modo, preparar alguna acción represiva que los desmovilice y les baje la moral.
La acción represiva contra los estudiantes de Ayotzinapa por parte de la PFP, es una clara demostración de fuerza por parte del gobierno federal para amedrentar y desactivar el movimiento de protesta iniciado por los estudiantes. Esta acción aparatosa es la expresión más clara de las pretensiones que tiene el gobierno federal de ir acorralando a los movimientos estudiantiles que son disfuncionales al sistema y que los cataloga como vestigios de un modelo educativo caduco. Lo que sucedió en Michoacán con los estudiantes normalistas de Tiriperío, Arteaga y Cherán, que también fueron desalojados y reprimidos por la PFP, es un preludio de lo que puede suceder en nuestro estado. No sabemos hasta dónde el gobernador está dispuesto a entrar en esta vorágine represiva, para congraciarse con los nuevos dueños del poder central y estar en condiciones de negociar recursos e impunidad, cediendo soberanía a costa de los derechos de los estudiantes.
Otro caso de preocupación nacional y que deja entrever esta acción ambivalente del ejecutivo estatal, es la forma en cómo ha querido desactivar el movimiento de autodefensa de los ciudadanos y ciudadanas de Olinalá contra la delincuencia organizada. A la autoridades le interesó fundamentalmente sofocar este levantamiento a través de dadivas y de pachanga popular que ofenden a una población indignada. Además de amedrentar a la población por la portación de armas de grueso calibre y de dividirla con la intervención de líderes afines al presidente municipal para abandonar los retenes, se les impuso como única solución la presencia de 30 marinos y alrededor de 70 elementos del ejército mexicano. Con su presencia ostentosa se ha hecho creer a la población que el problema de la inseguridad ha quedado resuelto. El talante autoritario salió a relucir entre los representantes del gobierno del estado cuando se les obligó a los ciudadanos y ciudadanas  a deponer toda acción  para su defensa y seguridad, sobre todo al pretender organizarse de manera autónoma para diseñar un modelo de seguridad ciudadana, tomando el modelo de la policía comunitaria.
El gran problema que prevalece con estos operativos que predominan en el Estado, es que mediáticamente buscan impactar con su presencia aparatosa, de-mostrando ante todo su capacidad de fuego. Lo que realmente sucede es que se atemoriza a la población y no a los grupos que alteran el orden. Actualmente se han registrado actos de molestia contra algunos ciudadanos que han mostrado su desacuerdo por la forma de actuar de las autoridades. Los vigilan y los siguen hasta su domicilio, los interceptan y los amedrentan para inhibir su participación en las tareas que se han trazado como ciudadanos para organizarse por su cuenta.
Estas acciones del gobierno siguen dejando intocada toda la red delincuencial que se vuelve invisible mientras permanecen los agentes del Estado en la región. El impacto de su presencia no está acompañado con un equipo de la Procuraduría que realice investigaciones eficaces y que redunden en resultados tangibles para la ciudadanía que se siente agraviada y con temor. El problema de la inseguridad se posterga y se deja a la deriva a la población, porque busca suplantarla al hacerle creer que con su sola presencia, los problemas de la delincuencia se arrancarán de raíz.
Querer impedir la organización de la ciudadanía para involucrase en las tareas de seguridad es querer coludirse con los intereses de la delincuencia, quienes por experiencia saben que los integrantes de los sistemas de seguridad y de justicia son permeables y maleables para  trabajar en una causa común. En lugar de inhibir y de querer controlar políticamente el movimiento de ciudadanos en defensa de su municipio, las autoridades municipales y estatales deben de respetar y apoyar estas iniciativas, porque sin la participación decidida de la población para proteger su vida, su seguridad y sus derechos, el gobierno mismo estará cancelando una gran oportunidad para retomar el control de las instituciones y poder someter a los grupos que atentan contra el orden y la paz.