Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

* Otro desdoblamiento de Aguirre

Incomoda hasta la exasperación al gobernador Ángel Aguirre Rivero que figure en las noticias el impacto negativo que la inseguridad ha tenido en el turismo y la vida económica de Acapulco. El martes pasado de plano lanzó un reclamo injustificado a quienes suministran datos y a quienes los difunden, en una larga lista que incluye a empresarios, restauranteros, hoteleros, taxistas, maestros y medios de comunicación. “Tal parece que nos gusta hacernos el harakiri, nosotros mismos nos hacemos daño, nosotros mismos nos metemos la puñalada”, dijo Aguirre. “Me duele que muchas veces veo que estamos teniendo una buena ocupación, salen declarando no, hoy estamos cerrando tantos cientos de negocios”, agregó. Y “los medios de comunicación ¿qué es lo que hacen?, agarran y juntan información, y si hubo dos muertos allá en Petatlán, y otros por Costa Chica, que fueron hace cuatro o cinco días, la nota es ocho muertos en el puerto de Acapulco; eso no puede ser, lo único que exigimos a los medios (es que) digan las noticias con honestidad, con franqueza, pero digan también las noticias buenas, ¿dónde está la contribución de los medios de comunicación?”. A los taxistas les reclamó por servir como “halcones” a las bandas del narcotráfico, actividad a la que atribuyó las frecuentes ejecuciones que sufre ese gremio en el puerto.
Pero el desahogo del gobernador parece haber sido detonado por los reportajes de primera plana que los diarios Reforma y Milenio han dedicado en el último mes al tema de la violencia en Guerrero y Acapulco. El primero publicó el 31 de octubre un reportaje titulado “Depreda el crimen Acapulco”, en el que muestra cómo la violencia ha ahuyentado al turismo y hace referencia a las presiones ejercidas por el crimen organizado contra funcionarios de la Dirección de Catastro del Ayuntamiento para obtener información confidencial sobre el registro de propiedades, lo que originó el asesinato de dos de ellos. El segundo periódico había publicado el 1 de octubre un reportaje en el que, con datos propios, colocó a Guerrero como el estado que más asesinatos tuvo en septiembre, por encima de Chihuahua, con cinco ejecuciones al día y un total de 159 muertos, diez más que el estado del norte, que hasta entonces se había mantenido en el primer lugar de esa estadística.
Ninguno de los diarios mintió. Los datos que proporcionaron corresponden rigurosamente a la realidad. Tan es así que al día siguiente del arranque del gobernador, la propia delegación del Instituto Nacional de Migración informó que el desplome de las visitas de extranjeros a los puertos de Acapulco y Zihuatanejo es de 58 por ciento, y que de 260 mil que vinieron de enero a octubre de 2011, en el 2012 sólo lo hicieron 102 mil turistas, por vía aérea o en cruceros. La caída es especialmente drástica en los cruceros que tocan tierra en Acapulco, pues de 125 mil turistas que llegaron en el 2011, en el 2012 solamente arribaron 7 mil 702. En lo que se refiere al saldo cotidiano de la violencia, tan sólo la fosa clandestina hallada en el cerro de Costa Azul ha aportado más de 30 cadáveres en las últimas semanas, mientras que el alcalde Luis Walton ha confirmado que el asesinato de los dos funcionarios de Catastro fue efectivamente obra del crimen organizado, e incluso ha revelado que las mismas presiones se presentan en otras áreas de su gobierno.
El alegato del gobernador Ángel Aguirre es, pues, totalmente infundado y tiene su origen en el hecho de que no ha podido cumplir su compromiso de devolver la tranquilidad a Acapulco, como dijo explícitamente en su campaña por la gubernatura. Recordemos que cuando era candidato, Aguirre Rivero se daba vuelo en la descripción de la inseguridad, y en una exaltación desmedida de sus capacidades se presentaba ante los electores como el gobernante que acabaría con la mortandad en las calles.
Para mostrar que conocía el problema decía, por ejemplo, que el 20 por ciento de los habitantes de Acapulco había sido víctima de alguna clase de delito; que el 70 por ciento temía sufrir algún ataque si salía a la calle, y que el 21 por ciento había presenciado un enfrentamiento a balazos. Como colofón agregaba que había “un alto porcentaje de acapulqueños que por los problemas de inseguridad se quieran cambiar de colonia o de ciudad”. (“Ofrece Aguirre devolver la tranquilidad a Acapulco con un programa de seguridad”, El Sur, 31 de diciembre de 2010, y 5 de enero de 2011).
Por aquellas fechas Guerrero estaba situado como el tercero y a veces como el cuarto estado con mayor cantidad de asesinatos vinculados a la guerra contra el narcotráfico, después de Chihuahua y Sinaloa. La violencia se desbordaba en Acapulco, en Chilpancingo, en Tierra Caliente o la Costa Grande, y era más que evidente la incapacidad del entonces gobernador Zeferino Torreblanca ya no digamos para contener el calvario al que estaba sometida la sociedad, sino al menos para articular un mensaje sensato frente a la barbarie. En contraste con ese gobernador negligente y una violencia que parecía haber llegado al fondo, Ángel Aguirre quería mostrarse como la opción más confiable para el electorado, de ahí sus compromisos.
Pero al cabo de un año y medio de gestión, Aguirre no sólo no ha devuelto la tranquilidad a Acapulco y al estado, sino que las cosas están cada vez peores. Hay más violencia, más muertos y más temor en las calles. Por añadidura, han aparecido síntomas que no se habían manifestado antes, particularmente en Acapulco, donde el crimen organizado ahora mantiene bajo acoso a la estructura de gobierno, ha ordenado el asesinato de dos funcionarios que no se plegaron a sus deseos y ha provocado la renuncia de otros dos que no quisieron exponerse también al riesgo de perder la vida.
Los continuos desdoblamientos de personalidad de Aguirre Rivero reflejan a un hombre dispuesto a romper con la realidad para esconder sus incumplimientos, pero esa conducta es irresponsable. Lo es claramente al pretender acallar la información sobre la gravedad de los problemas que aquejan a Acapulco, y al promover y demandar un silencio cómplice de los protagonistas y afectados por la crisis de inseguridad. Pretender ocultar los hechos para que el gobierno no resienta el descrédito consiguiente, es una actitud que suma otro problema a los problemas de Acapulco. Ese sí es un harakiri en términos del interés social, obviamente superior a cualquier interés particular.

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