Detrás de la agresión contra los estudiantes está la intención de socavar su organización: Tlachinollan

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La agresión de la Policía Federal contra estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa este sábado, tiene la intención de castigar, torturar y socavar el esfuerzo organizativo de los jóvenes, “casualmente” a pocos días de que se cumpla un año del desalojo policiaco del 12 de diciembre, con los trágicos resultados que esa misma corporación propició, denunció el abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra.
Añadió que en esta situación prevalece la impunidad –así como en el caso del 12 de diciembre–, el encubrimiento y la complicidad de sus superiores jerárquicos que deberían actuar de oficio contra las arbitrariedades de sus agentes, pero advirtió que también es peligrosa la complicidad del gobierno del estado, porque recibió a cinco jóvenes golpeados y detenidos por los federales, y los obligó a firmar un escrito para que no realicen más actos de protesta.
El sábado 10, la Policía Federal dispersó a balazos de la carretera federal Chilpancingo-Iguala a 36 estudiantes ,cuando pedían cooperación, golpearon a 20 y entregaron a cinco a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), que en pocas horas se deslindó de los hechos.
El domingo, los jóvenes revelaron que los federales los golpearon y los amenazaron con cortarles las orejas.
El abogado de los estudiantes en el caso del desalojo policiaco del 12 de diciembre, donde fueron asesinados dos normalistas, informó que aún deben revisar los pormenores técnicos para afinar la queja que llevarán a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Indicó que antes, están solicitando que a algunos jóvenes les aplique el protocolo de Estambul, para acreditar de manera fehaciente que les infringieron tratos crueles o degradantes. Indicó que en la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) no tiene personal especializado, pero sí convenios de colaboración con otros organismos, como el del Distrito Federal, al que van a solicitar su apoyo.
Rosales recordó que el año pasado tuvieron una mala experiencia con seis estudiantes, a quienes se les aplicó el procedimiento de Estambul en la Procuraduría General de la República (PGR), se les sometió a un interrogatorio muy complicado, que lejos de ayudar, los dañó.
Consideró los eventos del sábado son graves y de sumo peligro para los estudiantes, porque la Policía Federal está señalada por tener vínculos con la delincuencia organizada, y comenzó la agresión contra los normalistas el 12 de diciembre de 2011,  “exacerbaron los ánimos y condujeron a los hechos desastrosos”, que incluyen dos estudiantes muertos, un trabajador de la gasolinera herido de muerte, abuso de la fuerza, actos de tortura, entre otros delitos graves.
Subrayó que los protocolos policiacos indican que cuando los agentes son superiores en número y en armas, no hay necesidad de la utilización de las balas, “sin embargo fueron utilizadas de nueva cuenta, sin necesidad de ello, y otra vez torturaron a los compañeros”.
Señaló que hay una intención deliberada de castigar a los estudiantes, de torturarlos, de socavar su trabajo organizativo, su esfuerzo de lucha y casualmente, a escasos días de que se cumpla un año del desalojo policiaco, “donde ellos mismos iniciaron una cobarde represión”.
Subrayó que la represión es  alentada por la impunidad, pues a la Policía Federal no se le ha tocado un ápice por las recomendaciones de la CNDH, por las violaciones graves del 12 de diciembre; “por lo menos no tenemos conocimiento de que un solo policía esté procesado, y nos parece grave que de nueva cuenta, con toda impunidad salgan a la calle a agredir a los estudiantes”.