Proponen familiares de universitarios detenidos denuncia conjunta por los abusos de federales

Familiares de los seis estudiantes universitarios que fueron detenidos en septiembre por la Policía Federal (PF), liberados hace un mes por no comprobarles las acusaciones en su contra, buscan formar un Frente con la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa para exigir a la federación que investigue y sancione la actuación de su corporación en Guerrero tras varias agresiones al sector estudiantil.
Jesús Alarcón Juárez, padre de uno de los jóvenes detenidos, comentó por teléfono que familiares y amigos de los seis universitarios se unirán a la manifestación de los estudiantes de la Normal Rural programada para el 14 de noviembre para recordar la agresión de la policía estatal en 2007 durante el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo.
Lamentó que el sábado nuevamente los estudiantes normalistas fueron víctimas del abuso de autoridad de la PF cuando boteaban en la carretera Iguala-Chilpancingo, donde fueron golpeados 20 estudiantes y detenidos y torturados cinco de ellos.
Comentó que es una constante de los policías agredir a grupos vulnerables y en Guerrero ya hay una tendencia a arremeter en contra de estudiantes.
Consideró que si las víctimas de la PF no se unen para exigir a la federación que investigue las irregularidades y el modo en que funciona la Policía se seguirán reproduciendo esas acciones por lo que es necesario dejar un precedente de que los ciudadanos no permitirán más abusos.
Reconoció que el resto de los padres de los jóvenes detenidos decidieron no presentar la denuncia formal en contra de los policías federales por temor a represalias pero ante la reincidencia de abuso de autoridad buscarán la conformación de un Frente de víctimas que con el respaldo de organizaciones sociales y centros de defensa de derechos humanos exigirán que se investigue y se sancione a la PF.
Después de la marcha del 14 de noviembre, platicarán con los estudiantes normalistas para plantear una denuncia colectiva donde se explique a la federación y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) la mala actuación de la corporación.
Alarcón Juárez comentó que tras la liberación de los seis universitarios el 9 de octubre, los padres solicitaron una audiencia con el gobernador para pedirle su respaldo y presentar la denuncia contra la PF.
El 12 de octubre ante las presiones del abogado que llevó el caso, quien solicitó el pago de 60 mil pesos por cada uno de los jóvenes liberados, los familiares de los estudiantes buscaron “de todas las formas conseguir una audiencia con el secretario de Gobierno Humberto Salgado Gómez”, pero aún no la han conseguido.
Durante varias semana los padres acudieron a las oficinas del funcionario y trabajadores les manifestaban el interés de Salgado Gómez por atenderlos pero también argumentaban salidas diarias que ya se prolongaron por un mes.
Relató que durante las semanas que los universitarios estuvieron arraigados, las familias de cada uno de ellos realizó gastos hasta por 25 mil pesos y ahora no tienen dinero para pagar al abogado que está cobrando un total de 360 mil pesos por lo que buscan la intervención del gobierno estatal. (Rosalba Ramírez / Chilpancingo).