CARTAS

López Rosas, en desacuerdo con el artículo de Vidulfo Rosales

Estimado señor director:
En atención al artículo aparecido el día de ayer (lunes) titulado “Ayotzinapa y el Guerrero bronco”, en el que se contienen diversas apreciaciones audaces y subjetivas, no me hubiera ocupado de solicitarte un espacio en tu medio destinado al lector.
En ese sentido expreso mi desacuerdo con las consideraciones de Vidulfo  Rosales, autor del mismo. Entiendo y comparto la indignación que prevalece en el sector estudiantil y en los organismos no gubernamentales, por los acontecimientos del pasado 12 de diciembre, pero tenemos que transitar todos por  la objetividad y la justicia. No soy defensor oficioso y admito que este gobierno recibió una corporación ministerial bajo los esquemas de la inercia, con vicios acumulados porque así se consentía. Creo que el autor confunde los proyectos de inicio con el final, puesto que en ocho meses aplicamos disciplina, depuración y formación. En efecto, la Policía Ministerial estaba sujeta a una depuración exhaustiva, esa sí era la orden, programada para sus exámenes de confianza, no con cierta resistencia pero caminaba, y cerca de cien elementos de nuevo ingreso se formaban en esa nueva etapa de mejoramiento del servicio para la investigación. Cuarenta y dos de ellos fueron enviados sin armas al lugar del conflicto, al que no pudieron ingresar por las detonaciones intermitentes de armas de alto poder que se escuchaban a varios metros de distancia. En esa opinión creo que hay una falsa apreciación. No existe ningún elemento para afirmar que la Policía Ministerial disparó, estuvo en pose de alerta, pero no hay ninguna evidencia de que estos hayan disparado, tan no hubo pruebas que estuvieron arraigados por cuarenta días, de haber tenido elementos, se habría procedido a su consignación, y no a su detención de arraigo.
Estoy convencido por los discursos que he leído, que existe el interés inexplicable de hacer responsable al gobernador Ángel Aguirre y a su gobierno de esos homicidios lamentables, llegando al inadmisible reproche de estar manchado en sus manos. No puedo compartir esa opinión, primero porque no es verdad, segundo porque de quedarnos con esa versión, se llegaría entonces a cubrir a los reales autores, y con ello fomentar la impunidad. Las investigaciones de delitos deben encauzarse por la vía del derecho, la ciencia y la técnica aplicable, si nos sujetamos a ellas  se llegaría a la justicia que todos queremos. Las apreciaciones políticas y las estridencias, sólo obstruyen. Soy un tercero interesado en la especie, he presentado siete inconsistencias del informe preliminar de la CNDH, que voy a defender con profesionalismo, aún ante las instancias internacionales, sin llegar a la terquedad, aunque parezca, sólo con el compromiso que tengo con la verdad, compromiso que también tienen los manifestantes y los normalistas de ese día, ellos saben qué corporación disparó de frente, ellos les reprochaban su actitud, al ver caer a sus compañeros.
No es justo culpar a inocentes y aunque sé lo vulnerable que son nuestros ministeriales, en este asunto no tuvieron más que una participación de apoyo marginal, al que llegaron tardíamente. Insinuar que alguien les ordenó disparar, sólo es especulación, ni siquiera la CNDH hace esa aseveración, se limita a decir que al parecer de la zona poniente podrían haber salido los disparos, es mejor exigir una imparcial investigación, para evitar confundir más a la opinión pública. Es erróneo también  pensar que la Policía Ministerial estuvo a cargo del operativo, cuando fueron informados después de las 12:15 hrs. de la situación, éste se inició alrededor de las 11:15 hrs. No existe hasta ahora ninguna prueba de los disparos de la policía ministerial, es más, atrás de los que portan armas hay por lo menos un fotógrafo y un camarógrafo captando sus movimientos, no capturan un solo efecto de lo que pudiera haber provocado un eventual disparo. Invito al autor del artículo a que veamos con quien quiera los videos, que los mismos manifestantes subieron a Internet, y valoremos su contenido, es muy posible que saquemos conclusiones válidas y juntemos nuestras voces para que se haga justicia, realmente justicia, sin que atropellen las instituciones del estado, que si bien tienen su imperfección, cierto es también que nos habíamos preparado para su mejoramiento, sobre todo en la procuración de justicia, referencias hay de sobra, como el acuerdo nacional de procuradores para establecer salario mínimo profesional a las corporaciones de justicia. La postura de pretender dañar al gobierno del estado deja enorme duda del verdadero interés.

Alberto López Rosas

Procurador con solicitud de licencia