El gobierno y la SSP federal deben cumplir las recomendaciones, responde la CNDH

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

En principio, el gobierno de Guerrero y la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) deben cumplir con la recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el asesinato de los dos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, y si después la Procuraduría General de la República (PGR) considera que se debe reabrir el caso con una nueva investigación, ya será otro momento y otra situación, respondió ayer el organismo nacional a la declaración del gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien pidió al presidente electo Enrique Peña Nieto, a través de su equipo de transición, que se realice una nueva investigación.
En un comunicado fechado el 6 de noviembre, pero que fue subido recientemente a la página electrónica del organismo nacional, el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, exhorta al gobierno de Guerrero y a la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) a cumplir a “cabalidad” la Recomendación 1VG/2012 “por violaciones graves a los derechos humanos, en los hechos registrados el 12 de diciembre de 2011, en Chilpan-cingo, Guerrero, donde fallecieron dos estudiantes y el despachador de una gasolinera”, dice en referencia a los estudiantes Alexis Ayala Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, y al despachador Gonzalo Rivas Cámara.
El reportero solicitó una entrevista con el ombudsman Plascencia, o con el primer visitador José Luis García López, quien lleva el caso Ayotzinapa, para conocer su postura respecto a la declaración del gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien el 8 de noviembre en el programa “En 15” de Milenio Televisión, que conduce el periodista Carlos Puig, informó que solicitó al presidente electo, Enrique Peña Nieto, a través del responsable de vinculación política y seguridad del equipo de transición, Miguel Ángel Osorio Chong, que se realice una nueva investigación sobre el caso Ayotzinapa para “precisar” quiénes fueron los responsables de la muerte de los dos normalistas.
La respuesta vino a través de la Unidad de Comunicación Social: “La CNDH no puede emitir  una postura en torno a una declaración política del gobernador, porque ya emitió una recomendación y ésta debe cumplirse, si después la Procuraduría General de la República (PGR) determina realizar una nueva investigación del caso ya será otro momento y otra situación”, dijo un funcionario del organismo, quien pidió que no fuera citado como fuente por no haber sido autorizado.
Sin embargo, recomendó utilizar como respuesta a la postura del gobernador, el comunicado de la CNDH denominado “Las autoridades deben cumplir con la recomendación en el caso Ayotzinapa”.
Dicho comunicado está fechado el 6 de noviembre, dos días antes de la declaración del gobernador, pero fue subido recientemente a la página de Internet de la CNDH.
En él, el organismo recuerda que la recomendación 1VG/2012 fue formulada el 27 de marzo del presente año, al gobierno de Guerrero, a la Secretaría de Seguridad Pública federal y a la mesa directiva de la LIX Legislatura del Congreso local.
Y agrega: “este organismo nacional autónomo determinó que hubo lugar a violaciones graves a los derechos humanos de las víctimas, por actos y omisiones de ex servidores públicos del gobierno estatal, entre ellos, Alberto López Rosas, quien fingía como Procurador General de Justicia, y Ramón Almonte Borja, quien se desempeñaba como Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil, por lo que dentro de las acciones se ordenó presentar denuncia de juicio político contra ellos”.
Añade que la CNDH sostiene que el juicio político es procedente de acuerdo con lo establecido en los artículos 112 y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y en el artículo 7, fracción III, de la Ley de Responsabilidades de los servidores Públicos de la entidad.
“En la Recomendación 1/VG/2012, la CNDH determinó que hubo violaciones graves a derechos humanos y esa documental pública, con eficacia demostrativa plena, es suficiente para declarar procedente el juicio político y ordenar la sanción correspondiente a los ex servidores públicos de que se trata”, dice el comunicado del organismo nacional.
También fundamenta que según lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley Número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, “el juicio político es de naturaleza eminentemente administrativa, por lo que la sanción que se dicte deberá consistir en la inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público desde uno hasta 20 años”.
La CNDH considera, asimismo, que con base en lo anterior, existen elementos suficientes para declarar la procedencia del juicio político en contra de los ex servidores públicos mencionados, “por haber incurrido en violaciones graves a derechos humanos, elevados a rango constitucional”.
Y finaliza con un llamado al gobierno del estado de Guerrero, a la Secretaría de Seguridad Pública federal y a la mesa directiva de la LIX Legislatura del Congreso local, “para que asuman su compromiso con la cultura de la legalidad y del respeto a los derechos humanos de los mexicanos, y cumplan en los términos señalados con la Recomendación 1/VG/2012”.
El funcionario de la Unidad de Comunicación Social dijo que el contenido de la recomendación debe cumplirse invariablemente y que si posteriormente la PGR decide realizar una nueva investigación ya sería otro escenario y otro momento.
Y a la pregunta de si con la petición de una nueva investigación del caso se  deslegitima o resta credibilidad a los resultados de la que ya hizo la CNDH, el funcionario dijo que no, puesto que los resultados de la investigación que hizo el organismo “ya son un hecho consumado” y, por lo tanto, el gobierno de Guerrero y la SSP deben acatar y cumplir con las recomendaciones que emitió.