Pide la dirigente de La Laguna resguardo de la policía para salir de la comunidad

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La dirigente de la comunidad de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, Juventina Villa Mojica, clamó ayer nuevamente por ayuda al gobierno del estado para que pueda abandonar su comunidad junto con otras 43 mujeres y niños que se encuentran sin poder salir debido a que, aseguró, están sitiados por integrantes del grupo armado de Los Ciruelos quienes los tienen bajo amenaza de muerte desde el año pasado.
Mientras tanto, en un comunicado difundido la noche del martes, el gobierno del estado aseguró que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), “ha iniciado las investigaciones pertinentes” de los asesinatos que se han cometido en esa comunidad y en la de Hacienda de Dolores y que no está de acuerdo con las declaraciones que emitió la dirigente en el sentido de que el gobierno protege al grupo armado que los agrede, “ya que el gobierno estatal no protege ni solapa acciones de violencia de grupo alguno que termina en la comisión de hechos delictivos”.
En el mismo comunicado se asegura que el martes, el gobierno del estado y los pobladores de La Laguna sostuvieron una reunión en la que “se tomaron acuerdos para reforzar el servicio de vigilancia asignado a dicha comunidad”,
Sin embargo, Villa Mojica dijo que al menos de La Laguna y de Hacienda de Dolores no acudieron porque no han podido salir, y que seguramente fue con representantes de organizaciones sociales y organismos de derechos humanos que los respaldan, pero que los habitantes de esas comunidades no fueron.
Entrevistada vía telefónica dijo que de la Secretaría de Gobierno solamente le hablan, a diario, por teléfono  para saber como se encuentra cuando lo que quiere es resguardo policiaco para salir de La Laguna “y nos lleven a donde el gobierno quiera”.
Agregó que de Hacienda de Dolores, efectivamente, ya salió un primer grupo de habitantes, pero que todavía quedan mujeres y niños, entre ellas su hermana María de Jesús Villa Mojica, quien también está amenazada por los integrantes del grupo armado y que por eso tampoco quiere salir por temor a que sea agredida, por lo que igual que ella pide resguardo policiaco al gobierno del estado.
Informó que en La Laguna, donde se encuentra ella, hay solamente 43 mujeres y niños y que todos los hombres ya salieron. Agregó que los 22 elementos de la Policía Preventiva Estatal que se encuentran en la comunidad no son garantía de seguridad puesto que ya han sido atacados por los hombres armados, por lo que añadió que requieren del Ejército mexicano para que puedan salir sin riesgos.
“Yo sigo aquí porque me da harto miedo salir, me tienen amenazada”, dijo, y volvió a señalar al grupo armado de la comunidad de Los Ciruelos encabezados por José Rauda, vecino de la comunidad de Rancho Viejo y Orbelín Hernández Peñaloza, “quienes quieren que dejemos nuestras tierras para seguir talando los árboles y sembrar droga”, acusó.
Reconoció que ya no quiere salvar su tierra, sino su vida y que por eso, todos los habitantes están dispuestos a salirse y a vivir “en donde el gobierno quiera”. Lamentó que con ello vayan a dejar todo: sus cultivos a punto de la cosecha, sus casas, sus animales. “Todo, vamos a dejar todo”, dijo.
Villa Mojica, dijo que tiene conocimiento que representantes de organizaciones sociales y de organismos de derechos humanos ya pidieron al gobierno estatal que integre un operativo para que puedan salir de la comunidad resguardados por policías y militares, pero insistió en que los desplazados no han acudido a las reuniones porque no pueden salir.
En esa zona, en menos de ocho días ocurrieron cinco asesinatos, según las denuncias de los mismos pobladores; el jueves de la semana pasada fue asesinada en la comunidad de Piedra Colorada, Argelia Díaz Pérez y su esposo, Isidro Benítez Hernández, resultó herido. El sábado fue ejecutado Andrés Díaz Ayala y su hijo, Jorge Díaz Zarco en Hacienda de Dolores. El domingo fueron ejecutados los hermanos Celso y Fortino Méndez Segura, también en Hacienda de Dolores.
En el comunicado, el gobierno del estado “condena los hechos ocurridos en la comunidad de Hacienda de Dolores, y reitera su compromiso de investigar y castigar a los responsables del homicidio de los ecologistas Celso y Fortino Méndez Segura que habitaban en esa región de la Tierra Caliente”.
Manifestó que “respeta las declaraciones periodísticas vertidas por la dirigente de la comunidad de La Laguna, Juventina Villa Mojica, pero no está de acuerdo con esas opiniones personales ya que el gobierno estatal no protege ni solapa acciones de violencia de grupo alguno que terminan en la comisión de hechos delictivos”.
Añade que las autoridades ministeriales, a través de la PGJE,  ya integran la averiguación previa correspondiente a fin de deslindar las responsabilidades penales del caso. Sin embargo Villa Mojica aseguró que su hermana María de Jesús le ha informado que no ha acudido nadie de la Procuraduría a investigar el caso.
En el documento se lee que el gobierno del estado y los pobladores de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán “tomaron acuerdos para reforzar el servicio de vigilancia asignado a dicha comunidad”, pero Villa Mojica dijo que ellos no acudieron a la capital y que tiene entendido que fueron representantes de organizaciones sociales y de derechos humanos los que pidieron la intervención del gobierno para que puedan salir de esas comunidades.
Los funcionarios de la secretaría de Gobierno han hecho mutis, pues han rechazado las solicitudes de entrevistas para conocer las acciones concretas que se realizan para garantizar la seguridad a los de La Laguna y Hacienda de Dolores en donde en la última semana fueron asesinados al menos cinco personas, por lo que sus habitantes quieren abandonar las localidades pero con garantías de que serán protegidos por policías suficientes y elementos militares.